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«Es la primera vez que nos convocan a debatir una política de Estado»

Los referentes evangélicos forman parte de las mesas de diálogo que abrió el Frente de Todos para avanzar en el plan "Argentina contra el Hambre". Los protagonistas, las claves y el futuro de una alianza estratégica

Viviana Mariño / Tiempo Argentino

Formaron parte de las dos mesas fundacionales del plan «Argentina contra el Hambre» que Alberto Fernández planea instituir como su primera política de Estado. Ese proyecto ya forma parte del borrador de las iniciativas urgentes que el sucesor de Mauricio Macri enviará al Congreso apenas asuma el poder el próximo 10 de diciembre.

Primero en la presentación del programa, el 7 de octubre en la Facultad de Agronomía de la UBA; y el viernes pasado en las amplias oficinas del futuro presidente en Puerto Madero, los referentes de la Iglesia Evangélica se sumaron formalmente a la mesa transversal convocada por el Frente de Todos. Y dieron señales firmes de que serán actores activos en la nueva etapa política.

El acercamiento con Fernández fue impulsado por el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, a través de un viejo conocido. El pastor Bernardo Affranchino (Iglesia Cristo para Todos) está vinculado al diputado y ex viceministro desde hace más de una década cuando buscó su asesoría para capacitar a los fieles de su congregación que realizaban trabajo territorial.

El religioso ofició de puente para acercar a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera) al frente peronista-kirchnerista.

Esa gestión facilitó la presencia de Osvaldo Carnival (Catedral de la Fe, también enrolada en Aciera) en el encuentro fundacional del Consejo Federal Argentina contra el Hambre. De diálogo y vínculos fluidos con el macrismo, Carnival es recordado por el promocionado oficio religioso que brindó a cadetes de la Policía de la Ciudad a principios de octubre. Es el líder de una iglesia que nació en un cine de Flores y hoy posee amplias instalaciones en el vecino barrio de Parque Chacabuco.

Además de Aciera, el mapa integra a la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, considerada un ala más progresista: la última intervención pública de ese sector fue una expresa condena al golpe de Estado en Bolivia.

El vínculo sostenido con el gobierno saliente y su integración al diálogo con el entrante confirman una posición clave, imposible de pasar inadvertida para el poder político: la reciente segunda edición de un exhaustivo mapa de creencias realizado por el Conicet mostró un crecimiento sostenido de los fieles evangélicos en todo el país. Según el estudio, casi un 16 por ciento de la población argentina se identifica con una expresión de esa iglesia.

A esa estadística se suma el amplio y sostenido trabajo territorial. Cada una de las 5 mil congregaciones instaladas en el estratégico territorio bonaerense, por caso, pilotea un aceitado programa de asistencia social -en formato de comedores, ayuda escolar y asistencia a las familias más vulnerables- financiado con recursos propios.

«En todo el mundo evangélico el trabajo con los más carenciados es doctrina. No tenemos una identificación partidaria formal, pero hay miembros de la iglesia participando en política en todo el país, en Cambiemos y en el Frente de Todos», explica Affranchino a Tiempo. Y agrega: «Esta es la primera vez que nos convocan a debatir una política de Estado a través de un programa muy ambicioso».

Con un acuerdo en construcción por la lucha contra el hambre y la malnutrición, el mundo evangélico asume que la posición de Fernández a favor de la despenalización del aborto será un punto de fricción. Como antecedente, sus referentes señalan la campaña para cuestionar el fallido debate parlamentario y el viraje de Macri sobre el final de su gestión –campaña mediante– a favor de la posición celeste.

«Muchos nos vieron por primera vez el 4 de agosto de 2018», explican. Aquel sábado soleado una multitud manifestó con una marcha y concentración en la Avenida 9 Julio el rechazo a la ampliación de derechos a través de la despenalización del aborto y su encuadramiento legal como política de salud pública.