La Cámara de Diputados convirtió por unanimidad en ley la iniciativa que prorroga por cuatro años la suspensión de los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias.
La ley 26.160 de propiedad había sido creada en 2006 y prorrogada dos veces ante el incumplimiento de los plazos para la realización del censo de pueblos originarios.
La urgencia en el tratamiento de la ley contra los desalojos se debió a que el 23 de noviembre próximo vencía el plazo que protege a esas comunidades, lo cual motivó fuertes reclamos y movilizaciones.
En el Senado, la iniciativa había sido aprobada por unanimidad el 27 de septiembre pasado, pese a los intentos previos del macrismo por reducir de cuatro a dos años el plazo de la prórroga.
El diputado del oficialismo Daniel Lipovetsky señaló que de acuerdo con informes oficiales hay más de 1.600 comunidades de pueblos originarios, de las cuales «quedan por relevar más del 70 por ciento».
«El mayor retraso en la aplicación del programa de relevamiento que en el gobierno anterior hacía el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es en la provincias que tienen más problemas de conflictividad territorial», indicó.
«Si bien hemos avanzado debemos empezar a pensar una agenda pública para el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios», concluyó.
Por su parte, el chubutense del Frente para la Victoria-PJ Santiago Igon cargó contra el gobierno nacional, al que le atribuyó «falta de diálogo» y «maltrato» hacia los pueblos originarios, y puso como ejemplo el operativo de desalojo de Gendarmería contra del corte de ruta que realizaron integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof previo a la desaparición de Santiago Maldonado.
En tanto, Pedro Miranda (Bloque Justicialista) alertó sobre la subejecución presupuestaria en el INAI y, si bien saludó la prórroga, pidió que se avance en los próximos años para dar «solución definitiva de la propiedad comunitaria» indígena, lo cual «suele estar atravesado por conflictos de intereses frente a reclamos de tenedores privados».
Por el Frente de Izquierda, el diputado Pablo López calificó la prórroga como «una conquista de los pueblos originarios» a partir de las movilizaciones y reclamos ante representantes del Congreso.
«Esta conquista tiene un valor adicional porque ha sido arrancada en medio de un avance del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los grupos empresarios y terratenientes que se quieren quedar con los territorios de los pueblos originarios. Esto ha motivado una acción represiva y una estigmatización contra los pueblos originarios», advirtió.
