La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley, con 127 votos positivos y 84 en contra, el proyecto que impide vender las acciones que posee el Estado en empresas privadas sin el respaldo de los dos tercios de los votos de ambos cuerpos del Parlamento.
La norma garantiza que las acciones que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad -que administra la Anses tras la reestatización del régimen jubilatorio- sólo podrán venderse en el futuro si reciben el voto favorable de los dos tercios de los diputados y de los senadores.
La sanción se logró con el apoyo del Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, Partido Solidario Si y el Movimiento Popular Neuquino.
La mayoría de los bloques opositores se pronunciaron en contra de la ley, en tanto que la votación registró cinco abstenciones de los diputados Víctor De Gennaro y Antonio Riestra, del bloque Unidad Popular; y de Nicolás Del Caño, Miriam Bregamn y Pablo López, del Frente de Izquierda.
Al inicio de la sesión, el titular de la comisión de Presupuesto, Roberto Feletti consideró que la ley constituye «un cambio fundamental» ya que cierra «un ciclo que comenzó en los 90 en el cual el Estado se dedicó a perder activos y a aumentar pasivos, y que desembocó en crisis de 2001».
«El sentido de esta ley -añadió- es proteger activos estatales otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta», insistió Feletti, para quien la norma «intenta reparar un hecho de hace 26 años» cuando se decidió exactamente lo contrario a lo que establece el texto.
El diputado del Frente para la Victoria se quejó de quienes acusan a la gestión kirchnerista de ser «estructuralmente corrupta» y advirtió que «lo que hace este gobierno es fortalecer al Estado, dejarlo con menos deuda y con más activos, algo inverso a los procesos de endeudamiento» llevados adelante en la década del 90.
«Esos activos -explicó- fueron producto de la recuperación de los fondos de pensión que integran el Fondo de Garantía Sustentable de Anses, plazos fijos, títulos públicos y acciones de empresas privadas».
Además, Feletti consideró «necesario por una cuestión microeconómica y global» que exista una agencia que coordine el ejercicio de los derechos accionarios de las empresas.
Por su parte, el diputado Héctor Recalde resaltó que la ley busca «limitar las facultades del Poder Ejecutivo» de desprenderse de los activos para que la decisión recaiga «donde está la soberanía popular, que es el Congreso de la Nación».
Por el contrario y en representación del radicalismo, el diputado Miguel Bazze, calificó como un «error» la aprobación de la iniciativa y fundamentó el rechazo de su bloque al señalar que «incorpora elementos que pueden generar distorsiones y trabas que terminarían afectando el normal desarrollo del fondo de garantías de sustentabilidad».
«El Estado nacional no es propietario de las acciones a partir de la decisión que tomaron en su momento las Afjp, no de una decisión que tomó el Estado», sostuvo el diputado radical.
Martín Lousteau, de Suma-Unen, sumó su rechazo a la iniciativa y planteó: «Hay que preguntarse si inmovilizando se protegen los activos estatales; no es congelando las acciones que se va a privilegiar a los jubilados».
En tanto, Margarita Stolbizer, por el Gen, también se opuso a la medida al declarar que el gobierno «se ha acordado de reparar 12 años tarde» y consideró que lo que estuvo «ausente» en el debate es «cómo se va a garantizar sustentabilidad de ese fondo de la ANSES y la transparencia de su administración y gestión».
La sanción se alcanzó luego de casi seis horas de debate en una sesión especial que arrancó minutos antes de las 13, un día después de que el Frente para la Victoria (FpV) consiguiera dictamen del proyecto -que ya contaba con media sanción del Senado- en la comisión de Presupuesto de la Cámara baja.
Tras la sanción del proyecto que protege las acciones de empresas que se encuentran en manos del Estado, la sesión continúa con la discusión de una iniciativa del diputado Héctor Recalde (FpV) apoyada por el Cels para crear una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura militar.
