Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Como una mala noticia que se conoce de antemano, el incremento en el índice de la desocupación en Argentina que difundió el Indec esta semana no fue una sorpresa, aunque sí agudizó la preocupación. Es que con las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió en diciembre de 2015, era lógico augurar un aumento en la desocupación y la subocupación como aspectos característicos de una política aperturista, desreguladora y con acento en la especulación financiera.
En efecto, desde la llegada del gobierno de Cambiemos al Poder Ejecutivo Nacional, el empleo dejó de ser un objetivo prioritario en la política económica. La retracción en la actividad económica impulsada como receta para cerrar los déficits (fiscal y comercial) hicieron que la tasa de desocupación pasara del 5,9% en 2015, al 10,1% en la última medición de mayo; este fenómeno también responde al incremento en la oferta laboral, por parte de quienes necesitan trabajar más para poder sostener el nivel de vida de su grupo familiar, cuyo costo aumentó por un 57,3% en los últimos 12 meses. Estos guarismos forman parte de la larga lista de indicadores que reflejan el desastre económico que está atravesando la Argentina.
En otros tantos artículos y espacios de discusión se vienen describiendo con detalle y rigurosidad las causas y características de la situación económica que padece actualmente la mayoría de los argentinos. Por lo tanto, la conclusión lógica e inmediata que se desprende del análisis (y de la realidad que se vive cada día) es que sería un grave error intentar solucionar estos problemas profundizando las medidas que nos han traído hasta aquí, mucho más si se pretende acelerar la intensidad con que se las aplica.
Esto no es sólo una opinión; forma parte de las conclusiones de muchos de estudios e investigaciones que se han propuesto identificar las características de un modelo de desarrollo económico sostenible, justo y equitativo que, en el caso de Argentina, se expresa en la confrontación bicentenaria entre un modelo industrial e integrado y uno orquestado en función de los negocios de una pequeña oligarquía portuaria asociada a los intereses de la corona británica.
Por lo tanto, y en vista de la contundencia de los indicadores, la pregunta que cabe hacerse es la siguiente: si la economía política del macrismo fracasó con evidencia en los resultados y por la falta de una variante de corrección propia y autocrítica, ¿cuál es entonces la alternativa de cambio superadora?
La pregunta se apoya en la creencia de que el cambio por sí mismo no implica necesariamente el paso a una situación mejor. Como ha quedado demostrado (nuevamente) con las elecciones presidenciales del año 2015, no sirve decidir una alternativa política por el rechazo a su contrincante. Aunque es cierto que la precaria y deficiente democracia liberal nos constriñe a decidir con un voto entre alternativas que muchas veces no representan los deseos y aspiraciones de una comunidad, la oportunidad se reabre en el plano del debate público y la discusión de los temas sobre los que todos deberíamos tomar una posición relativa el interés general.
Responder a la pregunta anterior no parece ser cuestión de meros ajustes y retoques de maquillaje (o de nombres). Esto viene al caso del efectivo trabajo que están haciendo las corporaciones financieras de escala global ubicando a sus economistas y personas influyentes en cada una de listas que aspiran a la presidencia. Ya se puede oír (porque espacio en los medios no les falta) ideas que en sustancia no cambian nada, sino que garantizan la vigencia del statu quo; eso sí, con orden y prolijidad.
A modo de aporte para repensar una verdadera salida, se mencionan tres aspectos centrales de una propuesta de cambio económico tendiente a solucionar los problemas de fondo más acuciantes de la Argentina: 1) el posicionamiento del país en el orden económico mundial; 2) el proceso de acumulación y distribución de la riqueza nacional; y 3) la orientación de la administración de nuestro patrimonio.
En cuanto al primer punto, se trata de cuestionar nuevamente el axioma que trazó la matriz productiva argentina desde los orígenes de la República. La idea de un país productor de un puñado de productos primarios, dependiente del extranjero para la oferta del resto de los bienes necesarios, se ha mostrado incapaz de garantizar el desarrollo armónico del conjunto de la comunidad. Sólo un modelo que revierta esta condición de dependencia y subordinación a los intereses extraños podrá aspirar a incrementar su grado de libertad económica, como condición para lograr desarrollarse con justicia social.
El segundo punto se desprende de la decisión respecto al primero. Cuando cambia el posicionamiento mundial, cambia inexorablemente la forma de generar riqueza y los mecanismos de distribución de la misma. No basta con la presencia de un Estado que distribuya lo que unos pocos sectores (y grupos económicos) obtienen por su escala, posición dominante o propiedad de los factores. El mecanismo de distribución de la riqueza más justo y efectivo es el trabajo digno, y para que haya trabajo digno debe haber industria y tecnología para agregar valor.
Como tercer punto, un elemento fundamental que no tenemos derecho a subestimar: nuestro patrimonio natural. Se dice que somos un país pobre, pero en nuestro territorio se observa una llamativa cantidad de empresas (la mayoría extranjeras) explotando minerales, hidrocarburos y metales, exportando agua (en sus diversas variantes alimenticias), energía y otros recursos estratégicos, sin que ello implique una ganancia considerable para los argentinos que, en cambio, asumen los costos ambientales y las pérdidas patrimoniales. Si desconocemos los recursos (¡propios!) que pueden sacarnos de la pobreza, seguramente quedaremos rendidos ante los condicionantes de los organismos internacionales que terminan prestando el dinero que las corporaciones se llevan por un circuito paralelo. Conocer la riqueza nacional es el primer paso para administrarla en términos del interés nacional, y cuidarla en beneficio de las futuras generaciones.
Compartirá el lector que, siendo temas cuya discusión resulta compleja y acumula décadas de aportes, luchas y contradicciones, no se resuelven y agotan en un escrito. Pero como preocupa en gran manera que ni siquiera ocupen un lugar relevante en las consignas y propuestas de campaña, motiva el mismo incentivar su tratamiento para que exijamos como corresponde que quienes se postulen a cargos legislativos o ejecutivos, a fin de decidir sobre los intereses del conjunto, se defina claramente sobre estas cuestiones, y propongan acciones concretas para salir del empobrecimiento económico y cultural a que nos está sometiendo la dirigencia.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org