Desde hace cinco años, un programa municipal beneficia y acompaña a 200 pescadores de la ciudad de Rosario con el fin de disminuir la vulnerabilidad socioeconómica que sufre el sector. “El programa de pesca artesanal fue un reconocimiento, el municipio tomó conciencia de los pescadores como trabajadores”, sostiene Julián Aguilar, uno de los beneficiados y presidente de la Asociación Civil Pescadores El Espinillo.
Entre otras acciones, el Programa de apoyo a la Pesca Artesanal, dependiente de la Subsecretaría de Economía Solidaria municipal, capacita a pescadores y también a sus hijos, entrega licencias de conducción náutica y de pesca, y asesora en la elaboración de proyectos que trascienden la tradicional actividad de recolección, que además está en retroceso en todo el mundo por el riesgo que enfrenta el recurso en ríos y lagos interiores. El responsable del programa, el antropólogo Roy Crespi, explica que los pescadores “son el eslabón más débil en la cadena de valor del pescado”, por lo que son necesarias políticas de fortalecimiento. “El pescador realiza su actividad de forma manual, lo que implica desgaste físico. Cuando comenzamos no había presencia del Estado local, nunca se había hecho algo sistemático, entonces empezamos a plantear que era necesario trabajar con esta población que va siendo cada vez más acotada”, explica el funcionario. Y agrega que en Rosario son 200 los pescadores beneficiados por el programa, y están divididos en dos zonas, la Norte y Saladillo.
La pesca artesanal está definida por la ley provincial 12.212, y abarca al pescador que cumple determinados requisitos vinculados al tipo de red, el tamaño de la embarcación y el motor de la misma. Sin embargo, para Crespi, en el caso de la realidad local la ley es, muchas veces, privativa. “La pesca artesanal es una categoría si se quiere política, porque hoy son todos pescadores comerciales, va quedando bastante poco de artesanal dentro de la pesca. La ley tomó una impronta de grupos ecologistas, dice por ejemplo que el pescador sólo puede usar motores de 15 hp, pero en un río como el nuestro los que se utilizan son de 40 hp. En la ley se establecieron parámetros que en realidades concretas son distintos”. A esto se suma que, al compartir el río con la provincia de Entre Ríos, tienen jurisdicción sobre el territorio dos leyes, más las que rigen a nivel nacional.
A lo largo de 5 años de trabajo, a través de los acuerdos con los gobiernos nacional y provincial, el programa acercó a los trabajadores del río alrededor de un millón de pesos entre subsidios y préstamos que han servido para la compra y reposición de herramientas. “Casi el 80 por ciento del padrón de pescadores ha recibido ayuda para la adquisición de motores, canoas y redes, así como para reparación”.
Durante el año pasado, 30 jóvenes se capacitaron en el uso y fabricación de redes. En tanto, a lo largo de la implementación del programa, los trabajadores recibieron sus carnets de conductores náuticos y licencias de pesca.
Julián Aguilar, de la Asociación Pescadores El Espinillo, afirma que la gran mayoría de los pescadores está conforme con los alcances que ha generado el espacio de trabajo conjunto: “Lo fundamental, y que era algo que no teníamos antes, es que el programa ayuda a articular políticas de trabajo a largo plazo. El programa de pesca nos viene acompañando en todo. La formulación de proyectos, por ejemplo, es algo que nos sirve mucho porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo, incluso hay muchos pescadores que no saben leer y escribir. Es como si la ciudad hubiese reconocido a un grupo de trabajadores que no estaba visibilizado”.
La Asociación aglutina al 90 por ciento de los pescadores de la ciudad, con 150 socios, más otros 80 en Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo.
Crespi explica que el trabajo fuerte está centrado en mejorar la relación de los pescadores con la cadena de producción y de intermediación. “Este es el tema más conflictivo de todos. Existe una relación de explotación entre los pescadores y los acopiadores, que son los que manejan la cadena de valor del pescado, y que es muy difícil revertir”, describe.
“Los acopiadores han sido pescadores, a veces hasta tienen vínculos de parentesco, y son los que establecen las reglas de juego, fundamentalmente ponen el precio del pescado”, continúa. Y explica que así, desde el vamos, los pescadores quedan en una relación de intercambio desigual y “con un producto que si no lo venden lo tienen que tirar, ya que no tienen lugares refrigerados o de congelamiento como para poder pelear el precio por otro lugar”.
Sin dudas, otro de los grandes problemas del sector es la fluctuación en la cantidad de pescado, dependiente de diferentes variables climáticas y ambientales. “Cuando hay mucho pescado, hay más pescadores, y cuando la pesca baja, la gente se va dedicando a changas o van a otros trabajos. Ahora estamos en una época en que está saliendo bastante poco, pero a principios de 2009 hubo una arribada muy importante de sábalo y se llegó a sacar mil kilos por pescador. Pero es algo que va variando”, explica el representante del programa municipal.
En tanto, el umbral de ingreso y de egreso a la actividad es bastante bajo y, si bien no es libre el ingreso, “nadie va a impedir que alguien pesque”.
Pero “generalmente” los que están entrando a la actividad son algunos jóvenes hijos de pescadores. Lo cierto es que, tanto por vacíos legales como por la informalidad presente en el sector, buena parte de la pesca y el procesamiento de especies de río forma parte de una economía marginal y no registrada. “Todo el pescado que va circulando no se fiscaliza y no hay datos oficiales de cuánto se extrae”, argumenta el antropólogo.
En este sentido, la llegada del apoyo estatal significó al menos una regularización y un ordenamiento del sector a nivel local, facilitando la viabilidad de la actividad económica.
