El primer domingo de marzo se realizó una audiencia en Tribunales para atender un pedido de habeas corpus presentado por la defensa de dos jóvenes que no habían recuperado la libertad pese a que un juez así lo había ordenado el viernes anterior. En la misma, el Servicio Penitenciario Provincial adujo que la demora se debió a que los celulares de turno de los juzgados de Menores no eran atendidos los fines de semana y por lo tanto no podían chequear si existían capturas pendientes para cumplir la resolución judicial. Ese planteo motivó que el juez Juan Carlos Curto oficiara a la Corte Suprema de Justicia para que inicie una investigación. Pero también causó un profundo malestar en el fuero de Menores que salió a desmentir de forma tajante esa información y se puso a disposición de la Justicia.
Al respecto, la jueza de Menores 4ª, María Dolores Aguirre Guarrochena, quien estaba de turno en el lapso que el Servicio Penitenciario adujo haber llamado a los teléfonos de turno sin encontrar respuestas, calificó la acusación como una “falacia” y aclaró que no recibió el llamado del SP y que tanto secretarios como jueces del fuero cumplen su trabajo con “seriedad y responsabilidad”. Pero también apuntó contra algunos funcionarios del nuevo sistema “que se largan a difundir este tipo de noticias que son totalmente falsas, sin chequearlas suficientemente”.
Habeas corpus
El pasado viernes 27 de febrero, Omar y Matías, de 18 y 19 años, alcanzaron un juicio abreviado en base a un acuerdo entre la Defensa Pública y el Ministerio Público de Acusación, que firmó el juez Gonzalo López Quintana, quien ordenó la inmediata libertad de ambos. Como la medida no se cumplió, la defensora pública Maricel Palais realizó una serie de diligencias telefónicas el día siguiente hasta cotejar que el letrado de la Unidad 6 —la ex jefatura de Policía donde estaban encarcelados sus defendidos— había ordenado que los jóvenes quedaran tras las rejas hasta el lunes siguiente, para poder chequear si tenían capturas pendientes. La insólita información derivó en la solicitud de un habeas corpus, que se realizó el domingo 1º de marzo. Allí llegó esposado uno de los jóvenes, en tanto el otro muchacho había recuperado la libertad la noche anterior. En esa audiencia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial, ya que no concurrió ni el director provincial ni el letrado a cargo de la Unidad 6, expuso que uno de los detenidos tenía un pedido de captura emitido por el juzgado de Menores 3, que no atendía el teléfono “desde el viernes” y que los otros juzgados tampoco.
De ser cierto, pese a que fue negado de forma rotunda por el fuero de Menores, tampoco debía resolverse dejando encarcelados de forma ilegal a los jóvenes. Así lo considero en la audiencia la fiscal Silvia Castelli, quien calificó el recurso de habeas corpus procedente y expresó que en el caso “de haber dificultades administrativas” para otorgar la libertad a una persona debían al menos dar aviso al magistrado que libró la orden a través de la Oficina de Gestión o al juez de turno del nuevo sistema penal. “No puede una autoridad administrativa -del Servicio Penitenciario- decidir algo que va en contra de lo ordenado por el juez”, expresó. Para peor, ninguno de los dos muchachos tenía capturas pendientes. El juez Juan Carlos Curto hizo lugar al habeas corpus, dispuso la libertad del joven, recomendó que en casos similares se establezca conexión telefónica con los jueces de turno del nuevo sistema penal y pidió que se haga saber a la Corte Suprema de Justicia atento al antecedente de la jueza de Instrucción María Luisa Pérez Vara, recientemente procesada por no atender el celular de turno en diciembre de 2013.
Falacia
La noticia causó un profundo malestar en el fuero de Menores, en particular en el juzgado 4º, ya que es el que estaba de turno. La magistrada a cargo, María Dolores Aguirre Guarrochena, no sólo desmintió en un cien por ciento el argumento utilizado por el Servicio Penitenciario, sino que pidió aclarar a la opinión pública que “eso nunca ocurrió. Ni antes, ni el fin de semana en cuestión, ni va a ocurrir. Cumplimos nuestro trabajo con seriedad y responsabilidad”, dijo.
“Es una imputación muy grave que nos hacen. Es una enorme falacia. Una mentira. El celular nunca pasó por la delegación de Tribunales como se dijo. Yo misma se lo entregué en mano a mi colega”, sostuvo la jueza. Lo que dejó en claro es que los días viernes y sábado no recibió llamado alguno del Servicio Penitenciario. En relación al teléfono de turno de la secretaría, a cargo de Ernesto Acosta, refirió que a lo sumo estuvo una hora en la dependencia de Tribunales, ya que así habían pautado entregárselo entre secretarios. “Ernesto hace una excelente labor, es muy comprometido, honesto y respetado, al punto que inmediatamente que se enteró de lo ocurrido —por la nota de El Ciudadano— se puso a disposición del Ministerio Público de la Acusación”, concluyó.
Común
Por su parte, Gustavo Franceschetti, defensor general de la 2ª Circunscripción, expresó: “Nosotros interpusimos el habeas corpus porque no podemos permitir que una persona esté presa más tiempo del que corresponde, según la orden de un juez, y para hacer visible algo que es bastante común: Que las personas recuperen la libertad muchas horas después de que un juez lo ordena. Nuestro objetivo final es que se implemente un mecanismo que solucione esta cuestión administrativa definitivamente y las personas puedan recuperar su libertad desde la sala de audiencias”.
