La diputada provincial Matilde Bruera, de larga trayectoria judicial en especial en el campo de los derechos humanos, salió a corregir las versiones, tanto periodísticas como de dirigentes políticos de la oposición, acerca de la supuesta imposibilidad del Poder Ejecutivo de decretar una intervención a la cerealera Vicentín. “Es jurídicamente válido”, sostuvo sin titubear. Y explicó a El Ciudadano por qué: “Primero, la empresa no está en quiebra; está en concurso de acreedores. Y durante el concurso la administración sigue estando en manos del directorio, no de un juez”, desgranó la legisladora. Pero la consideración de Bruera sobre la legitimidad de la decisión del presidente Alberto Fernández no es sólo jurídica sino también, y principalmente, política: considera que la medida es “estratégica” y que “marca un rumbo en el concepto del rol del Estado en la economía”.
Como muchos otros dirigentes políticos, sindicales y sociales de Santa Fe, la diputada Bruera venía siguiendo de cerca –y con preocupación– el derrotero del gigante agroexportador surgido en el departamento General Obligado. Incluso firmó un manifiesto junto a otras personalidades de un amplio abanico político partidario y social. Pero igual el anuncio del presidente Fernández, junto al ministro Matías Kulfas y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti la tomó por sorpresa. “Sabía que se estaba discutiendo”, repasa, pero confiesa que la sorprendió el veloz giro del gobierno nacional. Y por ello elogió también la celeridad: “Hay que tener claro que esta ocupación transitoria es una medida para asegurar la continuidad de la empresa, preservar los puestos de trabajo y para resguardar los activos –define– cuando corría un gran riesgo”.
De hecho, el decreto de necesidad y urgencia 522/2020, que dispuso la intervención por 60 días de la firma Vicentín, se presentó cuando arreciaban versiones sobre el desembarco de poderosos actores del comercio multinacional de granos en el norte santafesino. Algunas versiones apuntaban a la suiza Glencore, socia de Vicentín en la agroexportadora Renova, y que ya en abril había hecho una millonaria oferta para quedarse con toda la sociedad. Otras a Cargill, gigante de Minnesota que controla buena parte de las exportaciones agrícolas argentinas. Pero la fila era más larga, totalmente compuesta por empresas extranjeras, cuando el principal acreedor en el “estrés financiero” autodeclarado por Vicentín es el Banco Nación, propiedad de todos los argentinos. Por ello Bruera consideró tanto la intervención como el envío del proyecto de ley que deberá discutir el Congreso –y que se ajusta perfectamente así al artículo 17 de la Constitución Nacional– como una fundante medida “en defensa del interés regional, pero también del patrimonio nacional”.
En esa línea, tampoco la sorprendió la inmediata resistencia que emanó de un sector de los medios de comunicación y de la dirigencia política, incluida la protesta alentada por el propio intendente de Avellaneda, el radical Dionisio Scarpín, y el senador provincial Orfilio Marcón, también de larga trayectoria en la UCR. Y marcó que por el contrario, otros dirigentes radicales expresaron respaldo a la medida, al igual que el Partido Socialista. De hecho, para Bruera el rechazo aglutina a “sectores muy puntuales de la oposición”, pero no mucho más “Son los mismos sectores que están en contra de la medidas sanitarias por la pandemia, una oposición política bastante irracional”, identifica.
Con todo, la legisladora también puntualizó que la historia reciente de Vicentín, con una involución económica paradójicamente contraria a otros grandes actores del sector, incluso de algunos con menor peso y menos ramificados que la firma santafesina, no es antojadiza: “Es parte de la debacle económica generada por el macrismo. No se trata de una simple crisis, sino de una sucesión de hechos delictivos cuyo mayor escándalo visible fue el otorgamiento por parte del Banco Nación de un crédito millonario, que la empresa nunca pagó y cuyo dinero ha tenido un rumbo desconocido que deberá investigarse”, subrayó.
E insistió en que el envío de un proyecto de ley que declare a Vicentín “de interés público” y disponga su expropiación tiene efectos inmediatos, y todos positivos: “Primero, preserva una empresa nacional. Segundo, asegura miles de fuentes de trabajo (7.000, entre Vicentín y las empresas asociadas). Y tercero, asegura el cobro de los créditos por los productores que han sido perjudicados con esta convocatoria en la que ha incurrido la empresa”.
En ese marco, Bruera ratificó que la estrategia trazada “repercute favorablemente en la economía de la provincia, en la región y también en la economía nacional”, ya que “es muy importante además pasar a tener una empresa testigo en el mercado del comercio de granos”.
También mencionó la fuerte expectativa que la decisión generó en el movimiento cooperativo santafesino –parte del tendal que dejó Vicentín al entrar en cesación de pagos lo conforman agricultores federados– y el acierto que representa avanzar sobre la situación “en un momento histórico tan decisivo”.
“Vicentín no sólo ha defraudado al Banco del Estado argentino, cuyo dinero es de todos los argentinos, sino a los acreedores y sobre todo a los trabajadores de la empresa, y de las empresas vinculadas”, concluyó Bruera.
