Mercantilización de la educación: a partir de denuncias de docentes, el diputado del Frente Social y Popular Carlos Del Frade ingresó un pedido de informes en la Legislatura por el cual le solicita información al Poder Ejecutivo sobre los cursos arancelados, ofrecidos por universidades públicas y privadas, que otorgan altos puntajes para los concursos de escalafonamiento. Desde el Ministerio de Educación indicaron que el tema se tiene que discutir en la comisión técnica paritaria, donde están representados los docentes.
Según el legislador opositor, los cursos a distancia que ofrecen instituciones como la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad Fasta (Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino) y la Universidad Abierta Interamericana, con costos de hasta 24 mil pesos, provocan un “aumento de la desigualdad frente al acceso a puestos laborales de muchos docentes santafesinos”.
En el ámbito educativo, esos cursos reciben el mote de “Cajita Feliz” porque las instituciones educativas envían al domicilio del docente una caja con libros y los cursos se aprueban enviando un trabajo o respondiendo cuestionarios de multiple choice. “En la mayoría de los casos ni siquiera cuentan con plataforma virtual”, explicó Del Frade.
El secretario de Educación de la provincia, Oscar Di Paolo, explicó que el Ministerio “genera capacitaciones para docentes de manera totalmente gratuita porque la política educativa requiere capacitación permanente”, pero aclaró que “a su vez existen otras instituciones que pueden generar capacitaciones para los docentes y que tienen asignado un puntaje según la entidad y el tipo de curso que ofrecen”.
Los puntajes que se otorgan a cada curso de capacitación los decide la Junta de Escalafonamiento, de la que participan funcionarios y docentes, que funciona de acuerdo a las pautas establecidas en el decreto 3029 del año 2012, que tiene vigencia desde 2014. “Esa evaluación es objetiva y se realiza mediante un reglamento único tal como establece el decreto 3029”, explicó Di Paolo. “El Ministerio de Educación avala los cursos y la Junta les asigna el puntaje prescripto en el decreto 3029”.
Una de las preguntas que incluyó Del Frade en su pedido de informes es si el Ministerio de Educación está estudiando la modificación o derogación del decreto 3029. Consultado por ese punto, Di Paolo indicó que es un tema a discutir con los gremios docentes en el ámbito de las comisiones técnicas que funcionan durante todo el año: “Esto hay que discutirlo en la paritaria porque se trata de cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores; si hay planteos en ese sentido, quizá amerite modificar el decreto”.
“Un verdadero negocio”
“En el último concurso de titularización del nivel secundario y Eempa de 2018 se evidenció un gran descontento de algunos docentes que, pese al aumento de su antigüedad y antecedentes, se encontraban en los escalafones en una posición más desfavorable aún que en el concurso anterior (2016)”, sostuvo Del Frade en los fundamentos de su pedido de informes.
“Los docentes denuncian que esto se debe a un sistema de cursos virtuales rentados, que constituyen un verdadero negocio en el que el vendedor asegura de antemano la cantidad de puntaje que se les será otorgado a quienes realicen tales cursos, en una suerte de intercambio comercial de puntaje por dinero”, agregó el legislador opositor.
Comparaciones
A modo de comparación, Del Frade mencionó que la capacitación gratuita del gobierno nacional en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación –un postítulo de modalidad virtual con instancias presenciales, con una duración de dos años y medio y un total de 400 horas– otorga a los docentes 27 puntos, casi la misma cantidad que una diplomatura de seis meses dictada por instituciones privadas.
Otro ejemplo citado por el legislador son las diplomaturas que ofrece la Universidad de Lomas de Zamora –con modalidad 100% a distancia– con costos de 24 mil pesos (otorga 84 puntos), 18 mil pesos (56 puntos) y 10 mil pesos (28 puntos) y que se pueden pagar hasta en 12 cuotas con interés.
“Estamos convencidos que se trata de una forma de mercantilización de la educación que, por otro lado, produce grandes injusticias contra docentes que no pueden pagar esos cursos y cuyos años de antigüedad y experiencias son menospreciados por estos negocios”, concluyó el diputado Del Frade.
Movilización de Amsafé
Amsafé Rosario convocó a una movilización para este viernes a las 11, en la sede local del Ministerio de Educación, en la que se exigirá al gobierno provincial “que termine con la Cajita Feliz”. Durante la movilización se entregarán petitorios para que los docentes puedan firmar en sus respectivas escuelas.
