El Congreso del Perú le dio en la noche de este viernes luz verde a una moción para la destitución del presidente Pedro Pablo Kucynski por «incapacidad moral permanente» derivada de sus supuestos vínculos no declarados con la constructora brasileña Odebrecht.
La moción, presentada por la agrupación izquierdista radical Frente Amplio (FA) con apoyo de otras bancadas. Entre ellas, la del partido derechista radical Fuerza Popular (FP, fujimorista), que tiene mayoría absoluta en el Congreso. La iniciativa fue aprobada por 93 votos contra 17.
Kuczynski tendrá que presentarse ante el Congreso el jueves próximo para explicar sus vínculos con la corporación que con sus manejos ya desató escándalos de corrupción en una docena de países, entre ellos la Argentina. Odebrecht afirma que el ahora presidente peruano estuvo en su lista de «consultores”.
Tras la presentación de Kuczynski, si el pedido de destitución obtiene el voto de al menos 87 legisladores (de un total de 130), el jefe del Estado le tendrá que dejar el puesto al vicepresidente Martín Vizcarra.
Para que la moción de destitución prosperara, se necesitaban 48 votos. En la noche del viernes, esa cifra fue superada con amplitud. Varios analistas pronostican que, con ese panorama, la suerte del presidente de derecha liberal –cuestionado sin embargo desde su mismo sector por sus posturas progresistas respecto de la diversidad y la libertad sexual– está sellada a menos que haya un cambio de alianzas de último momento.
La votación salió al cabo de una intensa jornada en la que todos los partidos, con excepción del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), cuestionaron con diferentes matices la conducta de Kuczynski.
PPK, por su parte, alegó que al jefe del Estado se le está negando el derecho al debido proceso y que, como definió el presidente del partido, Gilbert Violeta, se trata de «la crónica de una muerte anunciada», pues supuestamente ya está tomada la decisión de sacar al mandatario.
Kuczynski, que siempre negó vínculos con Odebrecht, con excepción de un caso en que admitió que sí prestó asesoría, quedó en aprietos después de que el miércoles la constructora brasileña presentara documentos que supuestamente acreditan que lo tuvo de consultor por varios años y le pagó casi ocho millones de dólares.
El mandatario, de 79 años, se dedicó la mayor parte de su vida a la consultoría financiera. Y jura que los contactos con la mega constructora fueron a través de firmas de ex socios o de una que reconoce de su propiedad, pero de la que supuestamente estaba temporalmente separado cuando se prestó el servicio.
Entre los fundamentos presentados por los legisladores que piden la destitución, están las declaraciones escritas presentadas por Kuczynski a la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, en las que negó haber recibido dinero de Odebrecht. La comisión presidida por la fujimorista Rosa Bartra había recibido sin embargo documentación de la brasileña en la que figuran depósitos por asesorías hechos por esta compañía a la firma Westfield Capital, propiedad de Kuczynski, entre 2004 y 2007. En esos años, el hoy mandatario formaba parte del gabinete del ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), ahora con orden de detención preventiva por sospechas de cobro de un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para otorgarle la construcción de la carretera Interocéanica sur.
La brasileña Odebrecht pagó más de 782.000 dólares a Westfield Capital por asesorías hechas entre 2004 y 2007, según un documento de la compañía remitido a la comisión parlamentaria que investiga el caso de corrupción.
Odebrecht está envuelta en un escándalo desde el 21 de diciembre 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación en la que se detalla que la constructora pagó coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos la Argentina, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Presidentes y ex en aprietos por las delaciones de los brasileños
Hay otros mandatarios y ex mandatarios complicados por la corrupción que desplegó la mega constructora brasileña, además de los peruanos Kucynski, Ollanta Humala y Toledo. En Colombia, hay una denuncia de que la campaña del actual presidente, Juan Manuel Santos, se benefició con 1 millón de dólares proveniente de los sobornos que Odebrecht habría pagado a un exsenador colombiano.
El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá. Las sospechas de apoyo a la campaña del ex presidente Ricardo Martinelli, por ejemplo, ya habían sido destacadas por la embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks.
En El Salvador, el papel de la constructora en la campaña del ex presidente Mauricio Funes también es objeto de investigaciones en relación a los servicios prestados por el asesor brasileño Joao Santana, conocido como «el hacedor de presidentes». La Fiscalía salvadoreña dice tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente al profesional con 1,5 millones de dólares.
En argentina también se consigue
En un primer momento, las investigaciones en Argentina apuntaron principalmente a notorias figuras del kirchnerismo, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, hoy detenidos por otros casos.
Pero luego apareció involucrado el actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal del presidente Mauricio Macri.
A Arribas se lo acusó de haber recibido 750.000 dólares de Odebrecht, aunque el versátil hombre de negocios y funcionario lo negó. El pasado 23 de junio, la Cámara Federal de Casación Penal cerró la causa en su contra. Y Macri siempre defendió públicamente a su amigo. Odebrecht también aparece mencionada en obras públicas de la Ciudad de Buenos Aires en tiempos pasados pero que, como ahora, refieren a gobiernos del PRO.
