Juan Aguzzi
El presidente Alberto Fernández, que cuando arrancó su gestión habló de la posibilidad de “modernizar el mercado de trabajo”, sin que se supiera exactamente qué significaba esa aspiración, designó hace poco tiempo al CEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, como jefe de asesores. Salvo en su entorno, la medida no fue bien vista, pero lo que puso en alerta al mundo sindical principalmente fue la propuesta de Aracre de estudiar la posibilidad de hacer una reforma laboral para “fomentar el empleo”. Las críticas llovieron sin parar. Uno de los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano, definió al nuevo funcionario como un técnico que nunca habrá salido de una oficina, y que la experiencia que tiene se relaciona fundamentalmente con un modelo ajustador y de pérdida de derecho de los trabajadores.
Los rechazos a Aracre se fueron sucediendo con el correr de los días desde todos los sectores. El titular del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, le recomendó que revise a las empresas proveedoras del Estado que tienen muchísimos trabajadores no registrados, en lugar de obsesionarse con la legislación laboral argentina, que la gente como él insiste en erradicar definitivamente. Las críticas continuaron no solo con expresiones de la dirigencia de la CGT o de las dos CTA, sino también de diputados y senadores del Frente de Todos, que ni siquiera aceptaron las aclaraciones de Aracre quien explicó que fueron “a título personal” y que el presidente “no piensa ni cree necesaria una reforma laboral”.
Pero poco antes que estallaran las críticas a sus opiniones, había dejado en claro algunas de sus ideas, entre las cuales estaba la de “una modernización laboral para pibes menores de 30 o adultos mayores de 50 con dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Hoy la mitad de los trabajadores están dentro del sistema y la mitad fuera del sistema laboral”.
Había explicado que lo hizo “pensando en qué puede llegar a ser interesante para Juntos por el Cambio para que accedan a sentarse en una mesa de diálogo, a pesar de las disputas que existen en otros temas, creo que eso podría ser una modernización laboral”. Declaraciones que transparentaban perfectamente sus intenciones de ir hacia una reforma laboral solapada.
Es que no otra cosa podía esperarse de un gerente de transnacionales, porque su visión de la modernización pasará siempre por algún tipo de ajuste que recaerá indefectiblemente en los trabajadores, con pérdida de derechos en sus condiciones de empleo y con la prescindencia de algunas tareas por la implementación a destajo de las nuevas tecnologías. Y Aracre lo había disfrazado explicándolo de la siguiente manera: “Flexibilizar y modernizar los procesos para que seis millones de argentinos con trabajo informal o precarizado puedan incorporase más fácil al mundo laboral”.
La CTA de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky aprovechó la ocasión para poner el foco en un aspecto de Aracre. Dijo que era “una figura que se supone amigable, pero llega al gobierno para hablar de reforma laboral cuando los que evaden o no cumplen con la legislación son los empresarios”, y destacó además que “el problema laboral de la Argentina no son los trabajadores y trabajadoras ni las leyes, que son admiradas en el resto del mundo, sino las patronales”.
De la misma CTA, otro vocero señaló: “Alberto coincide en que no es necesaria una reforma laboral; de hecho los cambios se dan en las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo, donde los gremios y las patronales pueden acordar cambios en los horarios de trabajo; medidas de prevención o lo que se crea conveniente. Lo que no se puede hacer es limitar derechos, aunque como está la situación laboral vemos que hay una flexibilización de hecho, si no cómo se entiende que un trabajador registrado tenga salarios por debajo de la línea de la pobreza”.
Bullrich, una cultora de la reforma laboral
Del otro lado del mostrador, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, volvió a esgrimir su tradicional guion de violencia y ajuste: adelantó que en caso de ganar las elecciones 2023 impulsaría una “desregulación de la economía”, una “apertura inteligente del comercio” y confirmó que avanzará en una fuerte reforma laboral.
En un encuentro con empresarios, la belicosa dirigente adelantó algunas medidas económicas que implementaría en caso de ser electa presidenta, entre las que mencionó una “desregulación y una descontaminación legal. Argentina tiene más leyes de las que tiene que tener, muchas de ellas son inconvenientes”, afirmó y el grupo empresarial presente aplaudió imaginando que buena parte de la legislación a la que aludía estaban relacionadas al ámbito laboral, es decir, a una reforma y a la desregulación de la economía para que reinen los mercados.
La exministra macrista apuntó a un cambio en las regulaciones del mercado laboral, “que tiene un pasivo enorme”, dijo, plegándose al reclamo de un importante grupo de empresarios que exigen cambios en las indemnizaciones advirtiendo que “se multiplican por cifras increíbles” y que “tienen que ver con leyes que sólo tienen multas”.
Bullrich anticipó también que avanzará en la lucha contra las organizaciones sociales y piqueteras. “Estamos decididos, absolutamente, a que la Argentina no tenga más vetos, que no sea frenada en el primer piquete o en la primera obstrucción a la entrada de una empresa o un gasoducto”, advirtió, dejando claro el uso de la represión hacia los sectores populares que ante la ofensiva neoliberal que aplicaría un gobierno de Cambiemos, no tendría otra opción que manifestarse permanentemente.
Inmediatamente después de esas declaraciones, el secretario General de ATE Capital y dirigente de la CTA, Daniel “Tano” Catalano, recordó que Bullrich fue la ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando De la Rúa, donde se llevaron a cabo el recorte del 13 por ciento a las jubilaciones. “En el gobierno de Macri cerraron ocho ministerios, despidieron a miles de trabajadores públicos”, recordó.
