El titular de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y el Juzgado Federal de esa ciudad correntina, a cargo de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, ordenaron el viernes pasado el allanamiento de la estancia llamada “Don Enrique”, sobre el kilómetro 493 de la Ruta Nacional 14, donde fueron identificados 14 trabajadores que se encontraban en condiciones inhumanas en una explotación forestal. Bebían agua contaminada, el encargado del lugar los amenazaba, y tenían que pagar el pasaje hasta el lugar de labores, el uso de herramientas y hasta la electricidad que consumían. Les pagaban menos que el salario mínimo y la jornada laboral no tenía límite.
Las víctimas de la explotación laboral son oriundas de la provincia de Misiones. Las encontraron en viviendas precarias con filtraciones de agua, sin agua potable, luz eléctrica, baños ni agua caliente. Tampoco tenían abrigo y dormían en colchones en mal estado apoyados sobre la tierra.
La investigación determinó que percibían salarios muy por debajo de lo establecido por el convenio del sector y el salario mínimo vital y móvil, tenían jornadas de trabajo que superan el máximo legal permitido y debían consumir agua contaminada con los químicos empleados para la extracción de resina de los árboles. La situación data del 22 de julio pasado.
En el allanamiento a la explotación forestal intervinieron profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata –Ministerio de Justicia de la Nación–, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) seccional Posadas, la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata de Personas (Delegación NEA), la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes y Paso de los Libres), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (delegación Chaco), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Corrientes y Paso de los Libres) y Aguas de Corrientes (oficina Paso de los Libres).
Investigación por denuncia de una víctima
La causa se inició el 6 de agosto pasado, luego de que un hombre se comunicara telefónicamente con la Guardia de Prevención del Escuadrón 7 “Paso de Los Libres” para denunciar que él y otras personas habían sido trasladadas desde Misiones «para trabajar en el campo” y que después habían sido abandonados frente a la “Estancia Enrique”, cerca de la localidad correntina de Bonpland.
Dijo que se encontraban a la deriva, con miedo, y aportó un número telefónico para que los contactaran. Como consecuencia, la guardia de prevención informó el caso a la Unidad de Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.
Una patrulla motorizada, con personal y medios de la Gendarmería Nacional, se dirigió al lugar para constatar la existencia de la estancia y de las personas mencionadas en la comunicación telefónica. Los efectivos encontraron un predio con diferentes campamentos, a grandes distancias unos de otros, donde permanecían los trabajadores.
En la entrevista a los trabajadores, todos refirieron que vivían en la ciudad misionera de San Javier. Relataron que habían arribado al lugar una semana antes por una oferta laboral, y que las condiciones en las que se encontraban no eran las que les habían prometido.
Agregaron que la persona que les había ofrecido el trabajo les había prometido ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales. Sin embargo, se enteraron por otros trabajadores del predio que en realidd percibían apenas unos 40 mil pesos que salen de una cuenta: les pagan 15 pesos por metro de madera.
Los trabajadores no contaban con abrigos y cocinaban sobre brasas. En sus testimonios, señalaron que algunas de las personas que se movían por la estancia estaban armadas, dado que cazaban animales silvestres que incluso a veces cocinaban en elestablecimiento, y que esa situación les generaba “miedo”.
Las jornadas laborales, contaron los entrevistados, comenzaban a las 6 de la madugada y no tenían horario de finalizació9n. Era hasta terminar los trabajos. Agregaron que debían trasladarse caminando unos tres kilómetros hasta los asientos donde realizanban la tala de árboles o los cortes.
Las víctimas declararon que habían llegado al lugar por el transporte Crucero del Norte, y que el valor de los pasajes les iba a ser descontado de los salarios, al igual que los gastos de comida, uso de maquinarias o herramientas e incluso de la electricidad consumida.
Tuvieron una única entrevista con la persona que se presentó como el responsable del lugar. Y confiaron que en esa oportunidad les habló con una actitud amenazante y les dijo a dos de ellos que no podían salir del lugar hasta haber cumplido al menos treinta días de trabajo.
