El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, desestimó la investigación por presunto cohecho en la que estaban involucrados el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, y el ex jefe de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez.
La decisión del fiscal Hernández obedece a que no se reunieron pruebas suficientes que permitan acreditar que Pullaro haya favorecido el ex jefe policial en un concurso de ascenso. Conocida la resolución, por la que se archiva la causa, Rodríguez señaló ante la prensa santafesina: “Estuve 472 días esperando este fallo y se hizo justicia”.
La causa había comenzado en 2017 cuando los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí –luego apartados por el propio MPA– accedieron a la intervención de distintos teléfonos celulares, entre ellos el de Pullaro, en el marco de otra investigación por presuntas irregularidades en el manejo de las horas extra de la Policía.
En una de las grabaciones, que luego fue filtrada a la prensa, se escucha un diálogo entre Pullaro y Rodríguez en el cual el ministro lo exhorta a participar de un concurso de ascenso. A partir de esas escuchas, Apullán y Martí avanzaron en una investigación para tratar de comprobar que hubo un favor personal del ministro hacia el entonces jefe policial.
Luego de una denuncia del propio Pullaro contra los fiscales, el MPA los apartó de la causa y los sancionó. La investigación quedó en manos del fiscal Hernández, quien este lunes reconoció que “todas esas comunicaciones privadas carecen de relevancia alguna para los hechos que son objeto de esta investigación, siendo su filtración y conocimiento público de una enorme gravedad institucional, además de una grave vulneración de derechos y garantías constitucionales”.
La investigación
En la causa que iniciaron Apullán y Martí, el ministro de Seguridad y el ex jefe policial no estaban imputados formalmente, aunque sí sospechados como autores del delito de cohecho en el marco del concurso de ascenso para cubrir el cargo de Director General de la Policía provincial.
Apullán había ordenado, en octubre de 2017, la detención de Rodríguez, que en ese entonces era el jefe de la Unidad Regional V de Policía (Rafaela). A partir de su detención, el caso tomó estado público y el ministro Pullaro decidió contraatacar con una denuncia penal contra los fiscales que llevaban la causa. En aquel momento Pullaro los acusó de operar políticamente a favor de “sectores oscuros” de las fuerzas de seguridad.
En el tramo de las escuchas en el que se apoyaron Apullán y Martí para avanzar en la investigación se lo escucha a Pullaro decirle a Rodríguez que se presente al concurso de ascenso que el propio ministro iba a presidir: “Y bueno, te vamos a tener que dar las preguntas, viste, como en la escuela”.
En medio de esa investigación, los fiscales del MPA le solicitaron al juez penal, Nicolás Falkenberg, la intervención de un número telefónico que pertenecía al Estado provincial y que estaba a cargo del propio Pullaro, ya que entendieron que existía cohecho activo y pasivo.
El magistrado santafesino aceptó el pedido y dio lugar a la intervención telefónica. Más tarde, el ministro Pullaro indicó que esa autorización fue “ilegal” ya que los fiscales no le advirtieron al juez de quién era la línea a intervenir, lo que motivó a que en 2018 Apullán y Martí sean imputados por los delitos de “falsedad ideológica”, “incumplimiento de los deberes de funcionario pública” y “abuso de autoridad”. Además, las autoridades del MPA los corrieron de sus cargos y los enviaron a cumplir otras funciones dentro del organismo.
Palabras de Rodríguez
Una vez conocida la decisión del fiscal Hernández, de desestimar y archivar la causa, el ex jefe policial Rodríguez junto a su abogado defensor, Ramiro Díaz Duarte, dieron una conferencia de prensa en Santa Fe en la cual destacaron que la resolución “se encuentra ajustada a derecho”.
El abogado de Rodríguez dijo que “esto demuestra que efectivamente se agotaron todas las medidas probatorias que podían desarrollarse en el marco investigativo y se arriba a la única conclusión de que efectivamente no estamos ante un ilícito penal”.
“Desde el día cero me pareció apresurada la detención de Adrián (Rodríguez) porque no lo ameritaba, a mi modo de ver. Creo que tranquilamente se pudo haberlo citado en estado de libertad, tomarle una entrevista o celebrarse la audiencia imputativa totalmente libre”, agregó el abogado Díaz Duarte.
Por su parte, Rodríguez dijo que la investigación le “arruinó” su carrera policial: “Yo tenía pensado jubilarme de otra manera, pero cuando me pasó eso, pedí el retiro voluntario y me quise ir”.
