David Narciso – El Ciudadano – La clausura del proyecto de desarrollo inmobiliario Tierra de Sueños Boating por parte de la provincia fue uno de los acontecimientos resonantes de la semana que pasó. Ese emprendimiento y otros del pastor evangélico Alberto Di Carlo, así como de otros desarrolladores, no cumplen los más mínimos requisitos. Entiéndase: no son desprolijidades sino negocios que funcionan con la estrategia del hecho consumado.
En Roldán, Tierra de Sueños III, vendió más de 2.500 lotes a cuyos pagadores les dio una posesión, aunque ninguno puede escriturar. Y así será por un largo tiempo porque faltan autorizaciones municipales y la presentación del estudio de impacto ambiental ante la provincia.
En Arroyo Seco, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente informó que se deforestó la zona lindera al río, plena de especies autóctonas protegida por la ley de bosques. No importó, como no importan, pareciera, muchos otros aspectos. No hay ningún papel presentado ante la provincia. Los miles de lotes vendidos y ofertados de Roldán no existen más que en el croquis de Aldic SRL. Para Catastro de la provincia en el lugar figura el mismo predio rural de siempre y ningún pedido para modificarlo.
¿Cómo es posible que con tanta facilidad alguien con 2 o 2,5 millones de dólares de inversión inicial pueda desplegar negocios inmobiliarios de fenomenal impacto urbanístico que recaudan 200 o 300 millones de dólares apenas en un par de años sin intervención del poder público?
De ahí que sea auspicioso que la provincia haya intervenido ante una situación por lo menos poco clara. No están en juego sólo compradores se empiezan a organizar para reclamar, sino un impacto urbanístico que condiciona presupuestos y planes de desarrollo de municipios y provincias a futuro.
Se están armando ciudades dentro de las ciudades, donde podrían ir a vivir decenas de miles de personas en unos pocos años. Asentamientos que condicionarán alos gobiernos demandándoles puentes sobre autopistas, recolección de servicios, cloacas, redes eléctricas, pavimentación, aperturas de caminos, seguridad, iluminación.
No pasa desapercibido el papel de algunos intendentes. Uno llegó a cuestionar que se le exijan red de cloacas a un desarrollador que dibujó 4 mil lotes lejos del casco urbano y del otro lado de una autopista nacional. La respuesta es muy simple: hace más de medio siglo que el Estado lidia sin poder resolver los servicios sanitarios en zonas urbanizadas y de pronto desembarcan mercaderes del dinero fácil y montan donde a ellos les parece el equivalente a una nueva Rafaela de la que luego tiene que hacerse cargo toda la sociedad.
También hay una carta del intendente Darío Gres de Arroyo Seco, publicada en el portal de Tierra de Sueños, dirigida al desarrollador en la que con un tono por demás condescendientedeja en claro que mientras le cumplan con las ordenanzas no era su problema que el proyecto avance sin respetar las leyes provinciales.
Distinto es el rol de Mónica Tomei, intendenta de Funes, donde el cumplimiento de ordenanzas locales y leyes provinciales es condición para que avancen las urbanizaciones.
¿Saben los interesados en comprar esos lotes que para hacer una marina como la propuesta en Arroyo Seco se requiere una autorización similar a la que traba hace dos años el Puerto de la Música en Rosario, y que lo único que existe hasta hoy es una foto de Di Carlo con el funcionario nacional Ricardo Luján? ¿Conocen los compradores de Tierra de Sueño III que comprar al lado de la autopista no quiere decir que tendrán un acceso directo a ella? ¿Y que también eso requiere de un permiso de la Nación? ¿Quién costeará la construcción de los accesos viales y las calles colectoras para que los vehículos de 4 mil hogares puedan conectarse con Roldán, Rosario o subir a la autopista si es que algún día se otorga ese permiso?
No sólo el aspecto urbanístico demanda urgente atención. ¿Saben Afip y API que en muchos de estos emprendimientos los lotes sólo se venden en efectivo, que el negociador prefiere perder la venta a que ésta se haga a través de una transferencia o un depósito? Veinte o treinta mil dólares sólo en efectivo. ¿Indagaron los entes recaudadores dónde va ese dinero? Si tiran del hilo quizás pesquen también inversionistas que están chochos de no tener que dejar rastros de la transacción? ¿Es casualidad que los desarrolladores inmobiliarios sean pastores evangélicos? ¿Las leyes permiten que Afip y API revisen los movimientos económicos del reino de Dios?
