El nuevo gobierno conservador español encabezado por Mariano Rajoy anunció ayer medidas de rigor “extraordinarias y no previstas” de 8.900 millones de euros (unos 11.530 millones de dólares) sólo para el primer trimestre de 2012, para combatir un déficit “muy superior” a lo previsto, de en torno al 8 por ciento del PIB, según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Además, aumentarán los impuestos a la renta y los estatales y los funcionarios públicos quedaran con sus sueldos congelados. En la administración pública, a la vez, los empelados deberán trabajar más horas.
Después de que el anterior gobierno socialista redujese un 5 por ciento sus salarios en 2010 y los congelase en 2011, el nuevo gobierno decidió “mantener la congelación” para el próximo año 2012, anunció ayer la número dos del ejecutivo, Sáenz de Santamaría.
Por otro lado, incumpliendo una de sus promesas electorales, el nuevo gobierno anunció además una inesperada “subida temporal” de los impuestos a la renta, con la que, según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, espera ingresar 6.000 millones de euros adicionales en 2012 y 2013.
Así, sólo una semana después de ser investido, el ejecutivo de Rajoy aprobó “un acuerdo de no disponibilidad (del gasto) por valor de 8.900 millones de euros”, hasta marzo, precisó Sáenz de Santamaría.
Estos recortes, mayores de lo esperado, son consecuencia de “la desviación” del déficit público, que en 2011 será “muy superior” al 6 por ciento del PIB previsto por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó la vicepresidenta del gobierno y ministra portavoz, adelantando una cifra en torno al 8 por ciento.
“Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista” que ocasionará medidas de rigor “extraordinarias y no previstas”, lanzó.
“Estas medidas son el inicio del inicio”, advirtió, ya que sólo conciernen a los primeros tres meses del año, en espera de que el ejecutivo de Rajoy presente, a finales de marzo, su proyecto de presupuesto para 2012.
El líder conservador español, que asumió en persona la coordinación de las reformas económicas, ya había anunciado que el nuevo gobierno aplicaría importantes recortes para alcanzar el objetivo de déficit de 4,4 por ciento del PIB en 2012.
Las medidas decididas ayer constituyen así un anticipo de lo que le espera al país cuando el gobierno anuncie, dentro de tres meses, su techo de gasto para el conjunto del año.
Uno de los puntos más conflictivos es el anuncio de que los empleados públicos verán congelado su salario, mientras que se amplía su jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En la administración del Estado se va a reducir un 18 por ciento su estructura, lo que traducido significa que puede haber despidos de la plantilla actual.
El gobierno ya había anunciado el pasado miércoles a las centrales obreras que congelará el salario mínimo interprofesional en 2012, con la meta “prioritaria” de reducir el desempleo récord de España del 21,5 por ciento (más de 5 millones de personas), el mayor de toda la Unión Europea (UE). Las dos principales centrales obreras de España, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), ya anunciaron su rechazo a la medida, y comenzaron plenarios para discutir su línea de acción el año próximo.
