La Justicia española ordenó ayer la búsqueda y captura del ex presidente de China Jiang Zemin y otros cuatro ex líderes de ese país, por delitos de genocidio, tortura y otros de lesa humanidad en el Tíbet durante las décadas de los 80 y 90, reavivando un conflicto diplomático entre el gobierno conservador de Mariano Rajoy y el gigante asiático.
De esta manera el juez cumple con el proceso establecido, ya que la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo instó en noviembre pasado a que cursara las órdenes de detención de los cinco. Este caso había provocado en noviembre una crisis diplomática entre los gobiernos chino y español, ya que Pekín había expresado su “profundo malestar”, advirtiendo que dañaría las relaciones bilaterales.
Esto genera otro conflicto para el Ejecutivo español, ya que el oficialista Partido Popular (PP) busca impulsar en el Parlamento una reforma de la jurisdicción universal que llevaría al archivo de la mayoría de las causas de este tipo que están abiertas en la Audiencia Nacional.
El juez de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno consideró a Jiang, de 87 años de edad, responsable de esos delitos por su papel de “autoridad de supervisión” sobre quienes los cometieron directamente contra la población tibetana. “Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que lo hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana”, señala la querella que ahora el juez reproduce en el auto para decretar la prisión del ex presidente. Además de la detención de Jiang, el juez ordenó, vía Interpol, la detención de Li Peng, primer ministro chino a fines de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, ex jefe de la seguridad china y responsable de la Policía; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001; y Peng Pelyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80 del siglo XX. Los cinco se encuentran en paradero desconocido, indica el juez en los respectivos autos en los que decreta su busca y captura.
El hecho se produce un día antes de que el Congreso de los Diputados español debata una proposición para restringir las condiciones en las que un juez español pueda interceder fuera del territorio español.
