La ministra de Gobierno de Santa Fe, Celia Arena confirmó este viernes en una entrevista realizada al diario Aire de Santa Fe que esperan poder poner en funcionamiento la cárcel federal de Coronda entre julio y agosto de este año. En un contexto atravesado por la violencia el penal federal es clave para liberar plazas en las saturadas cárceles santafesinas. Está ubicada en un camino lindero a la ruta provincial 64, en el tramo que une la ciudad de Coronda con la comuna de Larrechea, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
La obra de la cárcel federal de Coronda, a siete años de haber comenzado, avanza a buen ritmo y se proyecta que en la segunda parte del 2023 esté finalizada. El penal tiene previsto alojar a más de 400 presos procesados o condenados por delitos federales, situación que permitirá descomprimir al Servicio Penitenciario provincial, que en la actualidad absorbe reclusos imputados dentro de ese fuero judicial.
«Ayer se habló del tema, en todo lo que es obra pública hubo una extensión por la situación del año pasado y estimamos que en la segunda mitad del año la tendremos. El grado de avance es importante», confirmó la ministra Celia Arena. Y agregó: «Planteamos que sea entre julio y agosto, trabajamos con Nación para que los plazos sean los más próximos posibles porque es necesario», completó. «Son las respuestas que necesitamos. En nuestras cárceles tenemos más de 400 presos federales, necesitamos que Nación termine lo existente», reclamó una de las ministras de confianza del gobernador Omar Perotti. Por otro lado, para Celia Arena, será necesario discutir a futuro la necesidad de una cárcel para presos de alto perfil.
La obra
El futuro Centro Federal Penitenciario Litoral Argentino, está emplazado en un predio de más de 62 hectáreas que se encuentra en el conocido “camino de Las Moras”, ubicado a la vera de la ruta provincial 64, entre la ciudad de Coronda y la comuna de Larrechea. El proyecto contempló la construcción de cuatro pabellones que albergarán a 462 presos, como así también áreas para programas y servicios. En tanto, el predio contará con una capilla y una escuela y un edificio externo que será utilizado para servicios generales para el personal de la unidad carcelaria.
La construcción comenzó el 1 de diciembre del 2015, tres meses después de que el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de ese momento, Julio Alak, desembarcó en la ciudad de Santa Fe y mediante un acto que tuvo lugar en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia provincial, adjudicó la obra a una UTE conformada por las empresas Iecsa y Ocsa.
Desde ese entonces, la obra marchó en distintos tramos, ritmos y abarcó el paso de tres gobiernos nacionales: el ocaso del mandato de Cristina Fernández, los cuatro años de Mauricio Macri y el actual de Alberto Fernández.
La futura cárcel permitirá además oxigenar el alojamiento de presos federales actualmente alojados en distintos centros penitenciarios provinciales. En la actualidad, según revelaron fuentes carcelarias a AIRE, hay en toda la provincia un total de 445 presos (varones y mujeres) que se encuentran disposición, principalmente, de Juzgados y Tribunales Federales de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela y San Nicolás (provincia de Buenos Aires).
La salida de cárceles provinciales de por lo menos 400 internos federales permitirá al Servicio Penitenciario santafesino lograr nuevas plazas. En efecto, se descomprimirá el paso transitorio de los detenidos en dependencias policiales de la provincia de Santa Fe, en donde en la actualidad hay personas privadas de la libertad que hasta cumplen condenas.
