Un hombre de 72 años enfrenta un juicio oral y público en la capital provincial por la tentativa de femicidio de su ex pareja. La víctima es empleada de la escuela República de Uruguay y su agresor esperó a que saliera de trabajar y la atacó con un cuchillo. Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos que salieron y lograron auxiliarla.
El acusado enfrenta un pedido fiscal de 14 años de cárcel por los delitos de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por ser perpetrado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género y desobediencia a un mandato judicial, ya que a finales de 2017 también acosó a la víctima a pesar de tener una prohibición de acercamiento. El tribunal está compuesto por los jueces Susana Luna en la presidencia, Sergio Carraro y Gustavo Urdiales.
Claudia salió de trabajar el mediodía del 9 de febrero de 2018. Caminaba por Fray Cayetano López y llegando a López y Planes fue sorprendida por su ex pareja y padre de sus hijos, Rafael Martínez. El hombre la esperó en la vereda hasta que la vio salir de la escuela República de Uruguay, la corrió y le pegó una puñalada en el abdomen.
Los gritos de la víctima llamaron la atención de los vecinos, quienes salieron a la calle y el agresor corrió hasta una plaza donde había dejado un bicicleta y escapó. Mientras la mujer fue asistida por los residentes de la zona hasta que llegara la ambulancia.
Un día después del ataque, el sospechoso fue detenido en su casa. La fiscal Ana Laura Gioria lo imputó por el hecho y quedó detenido en prisión preventiva, aunque a finales de abril logró una morigeración.
Le otorgaron una prisión domiciliaria fundada en problemas de salud, a lo que se sumó que el hombre estaba a cargo de un hijo discapacitado. Ahora junto a su par Martín Torres, la fiscal acusó en el debate oral a Martínez por el hecho y solicitó una pena de 14 años de cárcel.
Gioria recordó en la primera jornada del juicio que empezó este martes que “el acusado tenía prohibido acercarse a menos de 100 metros de la víctima y de su domicilio” por una resolución de un Juzgado de Familia desde diciembre de 2017 pero incumplió la prohibición unos días después de la decisión judicial», esa vez también se presentó en el trabajo de la víctima que tenía un botón de pánico y radicó la denuncia.
Para la fiscal, el ataque demostró la indiferencia por la vida de la víctima “a quien atacó sorpresivamente para reducir su posibilidad de reacción y defensa” y recordó que «además no demostró tener respeto por la autoridad judicial violando una morigeración a la prisión domiciliaria que se le había otorgado por cuestiones de salud, con respecto a la primera prohibición de acercamiento dictada por un Juzgado de Familia».
Este jueves están programados los alegatos de clausura y el próximo martes se conocerá el veredicto.
