Las sedes de Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad provincial fueron blanco de un operativo este viernes en el marco de una investigación a cargo de fiscales capitalinos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Según trascendió, personal del Organismo de Investigaciones (OI) secuestró computadoras, celulares de funcionarios y documentación, en el marco de un caso por presunto espionaje ilegal e irregularidades en una licitación para la compra de armamento durante la gestión de Marcelo Sain, quien estuvo 15 meses al frente de la cartera hasta el 18 de marzo pasado.
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Los operativos se llevan a cabo en medio de un clima de intrigas palaciegas en el seno de la cartera de Seguridad provincial que se agudizó en la última semana. Los efectivos del OI, que comanda Víctor Moloeznik tras la destitución de Marcelo Sain, se presentaron en el patio de la sede de Gobernación junto al fiscal Matías Hernández, de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Santa Fe que conduce Carlos Arietti, y requisaron las computadoras del secretario de Seguridad pública, Germán Montenegro, del secretario de Coordinación Técnica y Administración Financiera, Maximiliano Novas y del subsecretario de Investigación Criminal, Pablo Álvarez que están en las oficinas del primer piso del edificio por calle Santa Fe al 1900, trascendió de voceros extraoficiales.
La causa está en manos de Matías Hernández y Mariela Jiménez, de la sede fiscal a cargo de Arietti, quien en abril había manifestado su deseo de que el entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain fuese destituido, en medio de declaraciones cruzadas que sucedieron al sonado caso del crimen del empresario Hugo Oldani.
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Según los primeros trascendidos, se trata de una investigación sobre irregularidades en la compra de armas e inteligencia ilegal, es decir espionaje, que el propio fiscal Hernández confirmó pasadas las 19 de este viernes, cuando enfrentó a la prensa en la sede Rosario: “Quiero aclarar que no se trató de un allanamiento. Lo que hicimos fue concurrir al Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en Santa Fe, a solicitar información que era necesaria en el marco de dos investigaciones que estamos llevando adelante. Puntualmente una referida a la licitación para la compra de armas y otra referida al espionaje ilegal. Se está investigando ambas causas y es por eso que vinimos a secuestrar y a solicitar alguna documental, que nos han aportado y es lo que vamos a evaluar».
«El procedimiento fue normal. Al actuar como testigos los empleados de las propias oficinas se les pidió que no se comuniquen con el exterior para no generar conmoción. Hubo secuestro de algunos dispositivos de almacenamiento a diversos funcionarios. Vamos a evaluar toda la documental secuestrada y solicitar el acceso a los dispositivos y a partir de ahí evaluar los pasos a seguir. No fue allanamiento porque es una oficina pública”, agregó el funcionario judicial, quien se ocupó de precisar qué es el espionaje ilegal: “Es un delito que esta penado por la ley que se refiere a acumular información de personas fuera de las previsiones legales.
Mar de fondo
En los últimos días hubo versiones en la capital provincial que apuntaban a que funcionarios de Seguridad serían imputados en la causa por la fallida licitación para la compra de armas, que se originó tras una denuncia de diputados opositores.
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“Carpetas con información confidencial sobre periodistas, políticos, funcionarios, empresarios: sencillamente espionaje ilegal”, describió un vocero tras el operativo; y de inmediato amplió: “Esta gente mandaba a investigar cuentas bancarias de determinadas personas, sus movimientos, sus teléfonos, etcétera, etcétera”.
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También los allanamientos se dan en medio de versiones que hablan de un enfrentamiento sin vuelta atrás dentro del gabinete del ministro Jorge Lagna, quien heredó funcionarios que llegaron junto con Sain y que, según esta especie, le siguieron respondiendo, al punto de que ahora se irían con el destituido titular del OI a trabajar en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde fue nombrado asesor de Aníbal Fernández esta semana.
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Igualmente, mientras la ciudad se conmueve por una ola violenta de ataques a escuelas, surtidores, una sede sindical y locales gastronómicos; en este último caso, la Fiscalía Regional Rosario pretende conocer si pudo haber connivencia o al menos negligencia entre funcionarios de Seguridad en el diagrama del operativo de control durante el último fin de semana largo, ya que el tirador que la emprendió contra la fachada de El Establo y el carrito Jorgito Juniors, al parecer el mismo, pudo huir sin contratiempos y tampoco se reportó que se hubiese desplegado un operativo cerrojo tras estas incidencias.
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