En Tribunales de Santa Fe se realizará este miércoles por la tarde la audiencia solicitada por las defensas en la causa que investigan al ex ministro Marcelo Sain y a otros ex funcionarios del Ministerio de Seguridad por presunto «espionaje ilegal». La nueva discusión, por «incompetencia», se centrará en si el expediente debe tramitarse en la Justicia provincial o en el fuero federal, debido a que los imputados afrontan acusaciones, entre otros delitos, por infracción a la ley nacional de inteligencia.
El pedido fue elevado por Hernán Martínez y Juan Lewis, abogados defensores de los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad investigados. Entienden que el delito de espionaje es de competencia federal y solicitaron que «toda la causa se remita de manera conjunta a la Justicia federal, para evitar la atomización y el avance de procesos paralelos».
El juez Jorge Patrizi será el encargado de llevar adelante la audiencia programada para este miércoles a las 17 en Tribunales de Santa Fe. «Fuimos convocados a una audiencia de incompetencia porque las infracciones allí contempladas tienen que ver con el fuero federal», ratificó Lewis en diálogo con El Ciudadano.
Lewis defiende los intereses de cinco ex funcionarios imputados, entre ellos Nadia Schujman, ex directora de la Agencia de Control Policial e histórica abogada de la agrupación Hijos Rosario en juicios por delitos de lesa humanidad. «La imputación desconoce cosas que fueron agregadas por los propios fiscales», cuestionó Lewis sobre la acusación formulada por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg.
«Tienen un grado de vaguedad impresionante. Es inusual que la imputación haya sido un año después de los allanamientos. Y más en una causa con tanta repercusión, instrumentalizada con otros objetivos. Hay quienes tienen intereses políticos y otros que tienen intereses hacia el interior del MPA», disparó Lewis.
«Como hay un interés político tan grande, y esta causa es un armado, se instrumentaliza la Justicia con intereses espurios», consideró Schujman. «Estuvieron durante un año en una excursión de pesca intentando construir algo, después de haber hecho ese allanamiento ilegal y batido el parche en los medios», añadió.
Para Schujman, el caso tiene «todos y cada unos de los condimentos del lawfare», al considerar que «algunos medios de comunicación han instalado una culpabilidad y subvertido la presunción de inocencia». Y amplió: «Me han condenado a través de los medios y recién ahora comienza lo judicial. Se violaron todas las garantías constitucionales, como el debido proceso, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la igualdad ante la ley, el derecho a la intimidad y la propiedad y el juez natural», puntualizó la abogada de Hijos Rosario.
Schujman apuntó contra los querellantes que se constituyeron en la causa. «El ex ministro de Seguridad y jefe de la bancada opositora en Diputados, Maximiliano Pullaro, el dueño de un multimedios monopólico de esta provincia, que además estaba muy preocupado porque estaba siendo investigado», sostuvo.
También mencionó a «dos abogados vinculados con el levantamiento policial de septiembre de 2020» y a uniformados que se constituyeron como querellantes en esta causa por supuesto espionaje ilegal, debido que habían sido incluidos en «perfilamientos» que se realizaron durante la gestión de Sain.
Para el fiscal Hernández, uno de los investigadores del caso, algunos de esos perfilamientos se habrían hecho sin autorización judicial, mientras que los acusados afirman que fueron realizados en el marco de las funciones legales que disponía el Ministerio de Seguridad.
«Quien hace la denuncia penal, quien hace el allanamiento, quienes declaran en la causa y quienes hacen las pericias es gente del Organismo de Investigaciones, que son todas personas contratadas por Pullaro (cuando era ministro) y que la mayoría militan en ese espacio político. Algunos incluso han sido candidatos», reiteró Schujman.
La mayor parte de la evidencia expuesta por los fiscales Hernández y Grimberg en la audiencia de imputación del pasado martes surgió de audios del teléfono personal de Schujman, secuestrado en noviembre de 2021.
«Con la extracción de ese teléfono, secuestrado y peritado de manera ilegal, se entregaron a particulares dos años y medio de conversaciones privadas y también de documentación y conversaciones con fiscales provinciales y federales, en las cuales hay tareas de un lugar tan sensible», recordó Schujman.
Allí había «un montón de datos que tienen que ver con investigaciones en curso», señaló, para alertar que «me han puesto en riesgo, porque los sectores más peligrosos de la Policía saben ahora con nombre y apellido, foto y domicilio, quiénes son las persona que llevaron adelante esas investigaciones, que además las destruyeron porque los investigados ya lo saben».
«Tocamos intereses que comprometían a parte del poder político de la provincia, y también del Poder Judicial y empresarial. Entonces hay que sacarnos del medio de la manera más violenta posible y que todo el mundo reciba el mensaje que con eso no hay que meterse», concluyó Schujman.
