La jueza Rosana Carrara concedió este jueves la duplicidad de plazos que los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández habían pedido en el llamado caso Marcelo Sain, que investiga al ex ministro de Seguridad y parte de su equipo por presunto espionaje ilegal. Así, la magistrada dispuso que los investigadores cuenten con más tiempo para poder concretar la imputación, a la vez que desestimó el pedido de incompetencia formulado por la defensa del ex funcionario de la gestión de Omar Perotti, la que había sostenido que los delitos investigados corresponden al fuero federal.
Los funcionarios judiciales Jiménez y Hernández, de la Fiscalía Regional Santa Fe, habían pedido duplicidad de los plazos en los legajos en los que investigan defraudaciones a la administración pública cometidas en el marco de un proceso licitatorio y maniobras ilegales en la recopilación de información por parte de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia, además de una funcionaria del Organismo de Investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El requerimiento tuvo lugar en una audiencia oral y pública que se llevó adelante en los Tribunales de Santa Fe este martes y fue presidida por la jueza Carrara, quien pasó a un cuarto intermedio para resolver hasta este jueves, cuando dio a conocer su decisión por escrito.
La Fiscalía explicó que este tipo de medidas se solicita cuando se trata de una tramitación compleja o existen pluralidad de hechos, de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada o trasnacional. En este caso se reúnen varios de estos ítems y la causa contiene gran cantidad de información y evidencia como así también calificaciones legales complejas.
El planteo de Jiménez y Hernández fue rechazado por los cuatro defensores que asistieron a la audiencia y que representan a las 11 personas que ya fueron identificadas en el legajo judicial. Se trata de Juan Lewis, Hernán Martínez, Nicolás Mosconi y Oscar Silva quienes, con diferentes posturas, pidieron tener acceso al legajo judicial.
Ahora, la magistrada Carrara resolvió hacer lugar al pedido fiscal y conceder la duplicidad de plazos, a la vez dejó asentado “tener presente las reservas formuladas” por la defensa de Sain, a cargo del abogado Martínez, en cuanto a una supuesta incompetencia.
Carrara valoró en su resolución que, en el presente caso, según los datos aportados por la Fiscalía “se dan los requisitos que la normativa legal enumera”. De hecho, sostuvo que la investigación tiene como eje una “asociación ilícita” involucrada en varios hechos cometidos por un grupo de personas y en forma organizada “empleando estructuras como la administración pública y en fraude a la misma”.
“Todo ello, torna ardua y dificultosa la concreción de los actos procesales en los términos acordados, por lo tanto, bajo estas circunstancias, sumado a la pluralidad de imputados y víctimas, hacen procedente la duplicidad de los plazos, por lo que haré lugar a la petición”, destacó la magistrada.
La causa
El 26 de noviembre se conoció que las sedes de Rosario y de Santa Fe del Ministerio de Seguridad estaban siendo allanadas por presunto espionaje ilegal. Según la Fiscalía, detectaron presuntas maniobras ilegales vinculadas a la recolección de información sin autorización judicial o enmarcada en alguna pesquisa.
La lista que trascendió de los presuntos “espiados” fue extensa y se podía encontrar desde funcionarios propios y ajenos a la gestión hasta periodistas, funcionarios judiciales. Esta medida generó renuncias en cadena de los funcionarios de la cartera que actualmente dirige Jorge Lagna.
Dejaron el cargo: Maximiliano Novas, Emiliano Mongia, Pablo Álvarez, Diego Llumá, Carla Pecorini y Federico Llumá, Ramiro Cortese, Diego Rodríguez, Nadia Schujman y Sebastián Sánchez. Marcelo Sain y varios de los renunciados se encuentran en la mira de los fiscales, además de Débora Cotichini, titular del Organismo de Investigaciones en el sur provincial.
