Tras la difusión de escuchas derivadas de la causa contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain que involucran al actual secretario de Justicia de Santa Fe Gabriel Somaglia, la Junta Provincial del Partido Socialista de Santa Fe emitió un duro comunicado.
Santa Fe vive una grave y profunda crisis institucional sin precedentes en tiempos de democracia, que se agudiza más aún mientras atravesamos uno de los momentos más difíciles en materia de seguridad en la provincia.
En las últimas horas aparecieron notas periodísticas donde se publicaron audios de Whatsapp que pertenecerían a altos funcionarios del Ejecutivo provincial, supuestamente involucrados en la causa de espionaje ilegal, que tienen en sus manos los fiscales de la ciudad de Santa Fe a cargo de las investigaciones.
De estos audios surgen con claridad maniobras políticas y judiciales de carácter ilegal, aparentemente pensadas y ejecutadas dentro del Poder Ejecutivo Provincial, a saber:
Inteligencia ilegal: a la sospecha de perfilamiento de dirigentes políticos y sindicales, empresarios y periodistas, se le suman las escuchas ilegales.
Tráfico de influencias sobre integrantes del Poder Judicial, funcionarios en general y medios de prensa, con la pretensión de transformar escuchas “ilegales” en “legales” o realizar operaciones mediáticas.
Detenciones ilegales, al parecer, en la propia sede de la Gobernación.
Decisiones políticas que afectaron la normal gestión del Servicio Penitenciario y de la seguridad pública en detrimento de todos los santafesinos, como forma de responder a internas partidarias.
Eliminación de documentos públicos en oficinas del Estado.
Si se comprueba la veracidad de estos audios -y que los mismos pertenecen a los y las funcionarios mencionados- estaríamos frente a un escándalo institucional que pondría en riesgo los estándares mínimos de democracia y de legalidad propia del Estado de Derecho.
Asimismo, dejaría a las claras que mientras la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica en materia de seguridad, sus funcionarios, en lugar de ocuparse de la gestión cotidiana de dicha área, utilizaron las herramientas del Estado para
cometer actos ilegales.
Por ello, solicitamos urgentes explicaciones públicas del gobernador Omar Perotti sobre lo que está pasando, a la vez que pedimos, que tanto él como la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, y todos los ministros de la gestión, se pongan inmediatamente a disposición de la Justicia provincial para garantizar la investigación y que podamos saber con exactitud y a la brevedad, quienes son los funcionarios/as involucrados y quienes sabían o avalaban dicha operatoria.
Queremos, además, que el Fiscal de Estado, Rubén Luis Weder, dé cuenta de lo realizado representando a la provincia como querellante en la causa de Espionaje ilegal (Decreto Prov. 22/22), así como las medidas administrativas y sumariales realizadas dentro del propio gobierno provincial.
Es imperioso que ninguna persona imputada por esta causa cumpla, mientras tanto se investigue, funciones en el Poder Ejecutivo provincial o nacional, hecho que exigimos tanto al gobernador Perotti como al presidente de la Nación, Alberto Fernández, especialmente para que desde estos lugares de Poder no se pueda interferir u obstaculizar las tareas de investigación.
Además, mientras nuestra provincia atraviesa un proceso de recambio institucional de autoridades del MPA y el SPDP, así como de la implementación de concursos de jueces y fiscales, resulta indispensable que el gobierno provincial proteja ese proceso de cualquier sospecha de arbitrariedad, ilegalidad, rumor o influencias.
Estamos convencidos que el concurso tiene que resultar ejemplar, transparente y abierto a la comunidad, y por ende ni el proceso ni el Consejo de la Magistratura pueden quedar inmersos en estas acusaciones, y mucho menos a cargo de funcionarios sospechados.
Para finalizar, queremos manifestar nuestro respaldo al Ministerio Público de la Acusación para que actúe con la responsabilidad y libertad que una causa de tal magnitud requiere.
