El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, ordenó hoy volver a allanar el penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal contra ex funcionarios detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Además, el magistrado dispuso que sean peritados por primera vez, o vueltos a peritar según sea el caso, más de 50 teléfonos celulares secuestrados en allanamientos realizados en la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.
La orden de allanamiento está vinculada con la sospecha de que durante el gobierno de Cambiemos se habría implementado en el SPF un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y ex funcionarios detenidos y luego poner esa información a disposición de la AFI. El magistrado dispuso que las medidas, que alcanzaron también al departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Análisis del SPF, entre otros lugares, sean llevadas adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
El juez ordenó que se secuestre “toda documentación” y “cualquier tipo de anotación”, en el formato que fuere, relacionada con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez (que aún sigue detenido) y Cristobal López, entre otros.
La orden fue dispuesta a instancias de los fiscales que tienen delegada la investigación, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes señalaron que en el expediente existe evidencia “para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a ex funcionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción”.
“Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”, indicó el juez Auge en la resolución en la que dispuso los allanamientos.
Los fiscales habían asegurado en su intervención que, posiblemente, funcionarios públicos que ocuparon las máximas jerarquías dentro del Servicio Penitenciario Federal –y que ya fueron desplazados– habrían desplegado las acciones ilícitas, valiéndose del aparato estatal que les tocaba dirigir, constituyéndose así como una de las ramas de la organización criminal investigada en estas actuaciones.
Celulares en la lupa
En tanto que la medida para peritar los celulares fue ordenada a instancias de los fiscales Incardona Eyherabide, mientras que los teléfonos habían sido secuestrados cuando la causa estaba a cargo del juez federal Federico Villena quien fue apartado del expediente el 3 de julio por la Cámara Federal de La Plata.
Los fiscales solicitaron la medida tras repasar todo el expediente por el que ya fueron indagados más de veinte ex espías y la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, a quienes aún no se les resolvió la situación procesal.
Para una veintena de los celulares, el magistrado dispuso que sean sometidos a una “nueva” extracción forense de datos utilizando el sistema UFED, o UFED Premium para el caso de aquellos que poseen claves de acceso que hayan impedido peritajes con las versiones menos sofisticadas de ese sistema.
En relación a otros 30 teléfonos celulares, el juez ordenó los peritajes por primera vez porque, según señaló, de esos dispositivos “no existen constancias en autos de que se haya realizado el procedimiento mencionado”.
Entre los celulares que aún no habían sido sometidos a peritajes anteriores se encuentra uno de Martinengo y cuatro secuestrados en el domicilio de Dario Nieto, el secretario privado del ex presidente Mauricio Macri; que había sido allanado por orden del juez Villena.
La medida fue encomendada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, que deberá proceder a la “extracción global y copiado de todos los datos (imagen forense) de los teléfonos celulares”, según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Previo a la realización de la medida, la Gendarmería deberá “informar con 72 horas de anticipación, las fechas, horarios y lugar en las que se llevarán a cabo tales extracciones”, se indicó en el fallo.
El juez también autorizó “al personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en calidad de colaboradores técnicos del Ministerio Público Fiscal, a que presencien la actividad y se labre el informe pertinente”.
En la causa se investiga «una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia» que «se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales».
