En mayo de 2017 una joven fue detenida en cercanías del teatro Vorterix, donde tocaba la banda Sin Ley. Los policías que la redujeron y alojaron en un calabozo de la seccional 7ª dijeron que actuaron para resguardar su integridad física. Sin embargo a las pocas horas Elina Rivero, entonces de 27 años y madre de dos niños, salió de la comisaría inconsciente con un traumatismo de cráneo grave que la dejó en estado de coma casi dos semanas. Los uniformados declararon que se había “autolesionado” pero la muchacha los desmintió al despertar. Denunció que sufrió apremios ilegales y tormentos físicos, y se abrió una investigación contra seis policías.
A más de dos años de los hechos y con la etapa instructiva finalizada, ningún efectivo fue imputado y la causa está “paralizada”. Así lo señalaron esta semana los abogados de Elina, quienes también advirtieron que la pesquisa se quedó sin fiscal luego del apartamiento de su cargo de Karina Bartocci, quien estaba al frente de la Unidad de Violencia Institucional.
Este lunes los abogados Salvador Vera, Guillermo Campana y Nicolás Vallet solicitaron por escrito a la Fiscalía que realice la audiencia imputativa para formalizar la acusación contra los agentes Carla M., Antonela G., Gustavo V., Emiliano D., José V. y Enrique G.R., este último con prisión preventiva en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco tras su detención en la misma seccional 7ª, de Cafferata 345.
“Hicimos la presentación porque advertimos una situación de paralización de la causa pese a todo el tiempo que ha transcurrido desde el hecho y considerando que está terminada la instrucción. Incluso tenemos hasta el dictamen de la junta médica. Pero no hay avances”, dijeron los abogados.
En ese sentido mencionaron que tanto Elina como otras víctimas querellantes en causas de violencia institucional sufren, además de las demoras desmesuradas en los procesos judiciales, una situación de incertidumbre producto de los últimos movimientos anunciados por el fiscal regional.
En ese sentido se refirieron a la resolución que a comienzos de este mes dispuso una reconversión de las unidades fiscales de Delitos Económicos y Complejos y de Violencia y Corrupción Institucional. La primera pasó a ser Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Económicos, y la segunda, por ineficacia en los resultados deseados –según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación– quedó como Unidad de Violencia Institucional.
“Ante este movimiento no nos dan precisiones ni seguridades en cuanto al fiscal que va a intervenir. Más allá de la designación de Gonzalo Fernández Buzzy al frente de la Unidad y de compromisos verbales, la causa sigue paralizada pese a tratarse de un hecho gravísimo”, agregaron.
El viernes 12 de mayo de 2017 tocó la banda Sin Ley en el Vorterix. Elina, conocida en el ambiente punk como La Cebra, los fue a escuchar, pero no llegó. La detuvieron a metros de la seccional 7ª, en Catamarca y Cafferata, luego de un incidente con otra chica. La joven contó que una mujer policía le dio un cachetazo y cuando se quiso defender, se sumaron otros tres uniformados que la molieron a golpes y la llevaron a rastras a un calabozo. “Me hicieron dar tres veces la cabeza contra la pared y ahí me la rompí”, recordó Elina cuando despertó del coma. Según la investigación, la herida en la cabeza fue provocada con un objeto contundente. Los policías declararon que se autolesionó y al verla llena de sangre la joven les dijo: “Lo siento, me caí al piso y me golpeé la cabeza”.
La querella pidió que los agentes sean acusados por los delitos de apremios ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documento público, aplicación de tormentos y encubrimiento agravado.
