La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura comenzará a entrevistar esta semana a los testigos propuestos por el defensor provincial, Gabriel Ganón, en el marco del proceso de destitución iniciado en septiembre a pedido del senador de la UCR Lisandro Enrico. El miércoles 16 de noviembre comenzarán a declarar ante los legisladores de la Bicameral los testigos de Ganón: entre ellos, víctimas y familiares de víctimas de violencia institucional, referentes de organismos de derechos humanos y expertos en materia de legislación local e internacional.
El defensor general de la provincia está acusado de “mal desempeño” por el senador Enrico. Por los tiempos que manejan los diputados y senadores de la Comisión Bicameral, Ganón debió dividir su descargo en tres partes: comenzó el miércoles 2 de noviembre con una exposición de más de cinco horas, continuó al día siguiente durante dos horas más y cerró su descargo el martes 8 a la noche. El miércoles 9, los integrantes de la Comisión de Acuerdos notificaron a los abogados de Ganón –Domingo Rondina y Leandro Corti– la decisión de tomar declaración a los testigos ofrecidos por la defensa.
En la última jornada de declaraciones, el martes 8, el senador Enrico no estuvo presente porque viajó junto a una comitiva de legisladores provinciales a presenciar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La ausencia de Enrico fue leída como un “obstáculo” al proceso por parte del abogado Rondina, defensor de Ganón. “Su ausencia le impidió escuchar nuestra defensa, con lo cual no tuvimos la oportunidad de conmover la acusación ni de que él ofrezca nuevas pruebas”, consideró Rondina.
Para Ganón, el proceso de remoción iniciado en septiembre pasado es “una persecución política” en su contra auspiciada por Enrico y apoyada por sectores del Frente Progresista y de Cambiemos. El defensor provincial tildó el proceso de “stalinista y macarthista” y adelantó que, en caso de prosperar la destitución pedida por Enrico, demandará a la provincia en tribunales internacionales ya que el proceso “vulnera las garantías constitucionales más básicas”, entre otros motivos porque Enrico puede acusar y luego votar en el recinto por la destitución del funcionario judicial.
“Falencias y vicios”
El abogado Rondina también cuestionó “falencias y vicios en el proceso” en la audiencia del martes pasado, cuando cerró su exposición planteándole a los legisladores si el proceso estaba direccionado contra Ganón para juzgarlo “como persona” o si realmente ellos pensaban que se había producido un mal desempeño en el cumplimiento de las funciones que se le exigen como defensor general de la provincia.
Rondina sostuvo que se vulneraron los derechos de Ganón en cuanto al cumplimiento del debido proceso y su derecho de defensa como así también la falta de una acusación, condición esencial para continuar con este proceso.
El abogado de Ganón mencionó que el proceso “es novedoso” (fue aprobado por la Asamblea Legislativa en mayo) y remarcó que es “la primera vez en la historia de la provincia de Santa Fe que se realiza”. Sin embargo, manifestó que fue elaborado “a los tropezones porque la ley procedimental es muy defectuosa”.
La resolución sobre cómo proceder en casos de remoción de fiscales y defensores, según Rondina, “contiene un montón de errores de procedimiento y de afectaciones directas al derecho constitucional de defensa.En todos estos procedimientos de remoción política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que deben respetarse como mínimo los principios establecidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en este trámite hay un montón de aspectos no considerados que no se tienen en cuenta”.
Según el letrado, el hecho “más gravoso” es la falta de acusación por parte del senador Enrico, quien había sido seleccionado por la Comisión de Acuerdos para oficiar como miembro acusador. “Ignoramos –dijo Rondina– la forma en que se abrió este proceso ya que solo fueron presentadas nueve denuncias y jamás se nos notificó el acta de apertura, ni la designación del acusador, ni su aceptación y tampoco se presentó una acusación”.
Por lo tanto, Ganón “tuvo que defenderse de denuncias promiscuas, confusas, contradictorias y no de una acusación concreta”. Y sumó a ello “los obstáculos manifiestos como lo fue la ausencia de Enrico en el país por asistir a un evento en los Estados Unidos en donde no tuvo la oportunidad de escuchar nuestra defensa, con lo cual no tuvimos la oportunidad de conmover la acusación ni de que él ofrezca nuevas pruebas”.
Tras la exposición de Rondina, también declararon el secretario privado del Ministerio Público de la Defensa, Marcelo Marasca, y a la jefa legal y técnica del organismo, María de los Ángeles Cáceres. Ambos realizaron una defensa institucional sobre el trabajo del defensor provincial.
Persecución y hostigamiento
Ganón lamentó que ninguna de las tres jornadas de su defensa haya sido pública para la ciudadanía ni para los medios de comunicación. Y reiteró, como ya había planteado antes de iniciar su descargo, que se trata de “un proceso de persecución política y de hostigamiento, no por hacer las cosas mal, como argumentan los denunciantes y sobre todo el senador Enrico, sino todo lo contrario: por hacer nuestro trabajo en forma comprometida y de la mejor manera poniendo en negro sobre blanco la gravísima situación de vulneración de derechos en la provincia de Santa Fe”.
El defensor provincial remarcó además que el proceso judicial “está viciado desde la propia reglamentación porque es un como un árbol que ya nació torcido. Está mal regulado y estructurado y por eso ocasiona todos estos defectos que estamos soportando nosotros en particular y esperamos que este reglamento se cambie a futuro”.
