Guillermo Correa
“Se constató la presencia de una retroexcavadora construyendo un extenso terraplén en las islas. El mismo posee aproximadamente 5/6 metros de altura”, dice el acta de inspección de la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Tierras Fiscales de la provincia de Entre Ríos. La obra, que el acta mensuraba hasta ese momento –las 14.45 del pasado viernes 18– en 4 kilómetros y medio, se estaba haciendo contra una cautelar dispuesta por la Justicia federal y en territorios que la Municipalidad de Rosario considera como propios, por lo que mantiene un largo litigio con un productor rural. La insólita situación tiene como protagonista a Enzo Mariani, empresario que mantiene ocupadas unas 800 hectáreas del llamado Legado Deliot, más de la tercera parte de las 2.204 hectáreas en el Charigüé que donó en su testamento Carlos Deliot. Ante la nueva situación constatada, el Ejecutivo local presentó una denuncia ante la Justicia entrerriana y pidió ser tenido como parte querellante.
Las obras y los trabajos de maquinaria pesada están prohibida a partir de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal 2 de Paraná, recordó a El Ciudadano el secretario de Gobierno municipal, Gustavo Zignago. Pero además, los propios inspectores presentes en el lugar dejaron constancia de que el endicamiento, en dirección al riacho Paranacito, viola lo dispuesto en la ley provincial 10.479, de Áreas Naturales Protegidas, y la ley 10.671 que específicamente declara como tal “a la zona de humedales e islas ubicadas dentro del ejido urbano de la ciudad de Victoria”.
Pero, insólitamente, pese al andamiaje legal y judicial de protección sobre el área en cuestión, el empresario Mariani dijo contar con permiso otorgado por la Municipalidad de Victoria, según consta en el acta de inspección.
La situación no es menor: el juez federal Daniel Alonso dispuso explícitamente en julio pasado la “prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental; construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema”. Y además dispuso que “a los efectos evitar cualquier tipo de hecho que pudiere generar una violación a lo antes dispuesto”, el personal de Gendarmería Nacional con funciones en la traza vial de la ruta nacional 174 –la conexión Rosario-Victoria– “deberá identificar debidamente a cualquier persona que desde la ruta ingrese a la
zona de humedales, como así cualquier material, maquinaria o elemento que se intente ingresar al sector y que tenga aptitud para vulnerar la prohibición de construcciones antes dispuesta”.
También ordenó que la Prefectura Naval de Rosario y de Victoria también “deberán realizar idéntico control en relación a las embarcaciones de cualquier naturaleza cuyo destino sea la zona de humedales”. Y finalmente que tanto el destacamento de Gendarmería la cabecera de Rosario y el de la Policía de Entre Ríos en Victoria “extremen las medidas a fin de identificar y neutralizar cualquier tipo de amenaza ya sea relacionada con eventuales incendios o con la construcción de instalaciones” que se prohíben.
Pero además, al mes siguiente, en agosto, el juez también libró oficios a las mismas fuerzas para determinar si se estaba cumpliendo la medida cautelar que había dictado, notificando de ello –al igual que lo había hecho antes– a diferentes áreas y reparticiones entrerriana, entre ellas la propia Gobernación, y al intendente de Victoria, Domingo Maiocco.
Por todos los actores involucrados, la sola aparición de maquinaria pesada parecería una expresión surrealista, si no hubiera estado en pleno trabajo de obra.
Zignago aclaró a este diario que en el Ejecutivo rosarino no tienen constancia de que, además, en la zona donde se estaba construyendo el terraplén se contara entre la que estuvieron atravesadas por quemas intencionales, aunque el nombre de Enzo Mariani aparece entre las personas sobre las que el fiscal federal interino de Victoria, Carlos García Escalada, pidió su “inmediata detención” el pasado 28 de julio.
Se trata, según informó entonces el portal Diario Victoria, de “los dueños de los lotes donde se producen las quemas” en las islas del Humedal, y la lista incluía a otras ocho personas, además del empresario rosarino. “Es un paso muy importante para solucionar esta situación que tanto daño está causando”, destacó entonces el ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié.
Pero un mes después, el 30 de agosto, el ministro preguntaba en un áspero tuit: “¿Para dónde está mirando la Justicia federal con asiento en Paraná?”.
“Apagamos el fuego y a los pocos días lo vuelven a prender. El juez federal Alonso no está actuando. Debe apresar a los responsables del ecocidio. El lugar de cada uno de ellos es la cárcel”.
Con todo, a la casi una docena de presentaciones judiciales por las quemas, cu ya profusión ya parece dar cuenta de un complejo entramado de omisiones y desobediencias, se suma otra, ahora por un terraplén, replicando a nivel local, como temían organizaciones ambientalistas, lo que ocurre en las islas de las Lechiguanas frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
No es la primera denuncia, pero el secretario Zignago recordó a El Ciudadano que, para peor, esta ocurre en plena pandemia y con la provincia de Entre Ríos en retroceso de fase por su curva de contagios. E incluso con medidas como la que todavía rige de la Municipalidad de Victoria, que prohibió los cruces de personas a las islas como medida preventiva ante el covid-19. Y, además, en tierras ocupadas por “un empresario que está en conflicto con la ciudad y con conductas contra el medio ambiente asociadas a su actividad productiva”.
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