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Estabilizar la economía, pero para cambiar por un modelo nacional de desarrollo y justicia social

Los argentinos tenemos mucha experiencia en la implementación de planes de estabilización, y sabemos que cuando no se aplican junto con un programa económico integral que conduzca la economía en un sendero de crecimiento y desarrollo, fracasan irremediablemente

Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber

Fundación Pueblos del Sur (*)

Especial para El Ciudadano

Esta semana, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, volvió a afirmar que el plan económico del presidente Alberto Fernández “es administrar la emergencia”. Luego de repetir tal afirmación (lo que confirma que se trata de una clara definición política) el ministro explicó que el objetivo está puesto en la estabilización de la economía, dentro de lo cual, el arreglo con los acreedores externos es una prioridad inmediata.

Los argentinos tenemos mucha experiencia en la implementación de planes de estabilización de la economía, y sabemos que cuando no se aplican junto con un programa económico integral que conduzca la economía en un sendero de crecimiento y desarrollo, fracasan irremediablemente, agudizando los efectos que se preveían antes de la procurada estabilidad.

Un claro ejemplo de ello es la implementación del Plan Austral en el año 1985 por parte del ministro Juan Vital Sourrouille, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. El plan logró reducir la inflación por un corto período de tiempo, pero al no haber detrás un proyecto político de desarrollo económico autónomo que lo sustente, los sucesivos ajustes que se hicieron con posterioridad desembocaron en la aguda y frustrante crisis del año 1989.

Siendo que la Argentina acarrea una crisis de insolvencia económica inherente al modelo económico imperante, un plan de estabilización no es la solución del problema.

Por eso resulta necesario que la conducción económica del país defina e implemente un programa de desarrollo nacional que supere el alcance de un plan de estabilización enfocado a los aspectos financieros de una ecuación que sigue siendo negativa.

Como desde los orígenes de nuestra economía sirve un proyecto de industrialización que genere trabajo e involucre a todas las fuerzas productivas del país. Desde luego, esto significa avanzar en la sustitución de importaciones, lo que no sólo implica emprender el largo y difícil camino de la innovación tecnológica, sino también comenzar por aquellos bienes que tranquilamente la economía nacional podría elaborar (el mismo Indec está diciendo que el sector de indumentaria en Argentina tiene un gran componente de productos importados…). De esta manera, se acrecienta asimismo el mercado interno, a la par que se eleva el nivel técnico y cultural del Pueblo, a partir del trabajo privado, formal y digno.

Ha quedado demostrado que las soluciones no provienen de la apertura indiscriminada, de la dependencia al flujo internacional de capitales y de la libertad absoluta del sector privado para que avance sin restricciones, omitiendo los límites ambientales y las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones.

Porque si la ganancia es el objetivo exclusivo y excluyente del empresario, no hay país que resista, ni sociedad que aguante. Si ese tipo de empresario paga impuestos, porque no puede evadir; si protege el medio ambiente, cuando no le permiten contaminar; si respeta al trabajador, cuando no le dejan explotarlo; si modera sus rentas financieras, porque no puede practicar usura; si cobra precios razonables, cuando no le da para ser monopolio, y si produce en el país, sólo si no le conviene importar, ponerlo al frente del proyecto nacional sería cuanto menos inocente, aunque en rigor, cómplice de sus actos.

La necesaria sustitución de importaciones para industrializar la Patria no estará nunca a cargo de quienes oprimen a sus semejantes ni de aquellos que se benefician con el sufrimiento del Pueblo acumulando ganancias y fugándolas al extranjero. Sí, en cambio, será posible con empresarios y trabajadores que, más allá de su ideología, quieran y realicen una Patria justa, libre y soberana; con ellos sí se puede emprender la unidad nacional y andar un proyecto de desarrollo nacional.

Por eso, para cumplir ese objetivo se precisa recuperar el rol histórico del Estado en la planificación e inversión de los sectores estratégicos de la economía nacional. Ni comunismo 100% estatal, ni capitalismo 100% privado. Estado Empresario en los sectores estratégicos, asociado a las distintas formas de la propiedad privada: Modo Argentino de Producción.

Un Estado que administre el ahorro nacional para contar con soberanía monetaria-financiera, y el comercio exterior, para ejecutar la decisión política. Banca multinacional, aduana privada, oligarquía terrateniente y empresarios importadores nunca lo hicieron, ni lo harán por sí solos.

En la propia historia encontramos antecedentes exitosos que validan esta asociación como el modelo argentino de desarrollo por excelencia: Estado en los sectores estratégicos subordinando políticamente, e impulsando económicamente, al capital privado. En nuestra Patria no existió industria energética antes de YPF, ni grandes gasoductos antes de Gas del Estado. No existió industria naval antes del Astillero Río Santiago, ni nuclear antes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ni militar antes de Fabricaciones Militares, ni siderúrgica antes de Somisa… Nada grande y estratégico antes de una inversión estatal. En la práctica es cumplir la máxima de subordinar el capital al interés social, porque los mercados libres no existen, los regula el Estado a favor del bien común o los grupos económicos en su propio beneficio.

Actuando desde adentro de los sectores estratégicos, el Estado Empresario es el verdadero Estado regulador del mercado; no es suficiente con controles, ordenanzas o leyes. Los marcos regulatorios legales son impotentes ante las grandes empresas multinacionales. Sin el poder de anularlo y reemplazarlo en caso de ser necesario, el capital concentrado es mucho más fuerte que los Concejos Deliberantes, las Legislaturas y los Parlamentos.

Es por eso que, cuando el Estado es obligado a abandonar su función, se lo privatiza o abandona, llegan los productos extranjeros y sobreviene la desocupación. Lo mismo sucede cuando intenta ejercer como árbitro, sin participación activa: termina siendo incapaz y sin solución de continuidad en el tiempo.

El actual contexto político y económico nacional e internacional exige cambios profundos desideologizados, tal como están realizando las principales economías del mundo. Esto abre una nueva oportunidad para que Argentina cambie el modelo que se mostró incapaz de lograr un mínimo de bienestar para todos los argentinos. En síntesis, estamos ante una definición política contundente: ser libres y resueltos o dominados y empobrecidos.

(*) fundacion@pueblosdelsur.org

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