El Senado transformó en ley el cupo laboral travesti trans para la administración pública nacional. La ley se suma a iniciativas provinciales y locales ya en marcha. Su aprobación es un paso muy importante en materia de inclusión para el colectivo travesti trans, pero debe ser parte de un paquete más amplio de políticas públicas que protejan a esta población a lo largo de todo el ciclo de vida, y en todos los ámbitos sociales.
Tras haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados hace unas semanas, el Senado nacional dio sanción definitiva a la ley que permitirá que el 1% de la planta de personal del Estado nacional sea ocupado por personas del colectivo travesti trans.
La iniciativa se suma al decreto presidencial firmado en septiembre de 2020 por Alberto Fernández y a una gran cantidad de iniciativas provinciales y municipales que han posibilitado una lenta pero sostenida inserción de mujeres y varones trans en empleos registrados estatales en el país.
Cabe recordar que de acuerdo a la Encuesta sobre vulneración de derechos del colectivo trans realizada en 2019 por la extinta Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe, más del 90% de esta población no accede al empleo registrado y, por tanto, a los beneficios del sistema de protección social, cobertura de salud y jubilación entre otros.
Asimismo un estudio de la Asociación de travestis, transexuales, transgéneros de Argentina (ATTTA) reveló que la expectativa de vida del colectivo trans en nuestro país supera, apenas, los 35 años. Menos de la mitad que la población cis-género.
Ante esta situación, la ley de Cupo viene a brindar una herramienta de inclusión largamente reclamada y que impacta positivamente en un segmento específico de la población travesti trans.
De todos modos es necesario avanzar hacia la implementación de políticas públicas que acompañen y garanticen derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la niñez hasta la adultez mayor. Y que garanticen también acceso igualitario a todos los derechos, mucho más allá del derecho al trabajo. Es decir acceso a la educación, la salud y la vivienda, entre otros.
Por ello, aprobada la ley de Cupo laboral travesti trans, toma más vigencia que nunca el reclamo impulsado por la Federación Argentina LGBT y ATTTA, de aprobación de la ley Integral Trans, para incrementar las herramientas con que cuenta el Estado para el combate a la discriminación y exclusión.
Al respecto, Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+ expresó: “Es un día de alegría inmensa. Tras años de lucha por parte de las organizaciones del colectivo trans, el Senado ha convertido en ley el Cupo Laboral. De este modo el Estado nacional se suma a una gran cantidad de provincias y municipios que ya cuentan con normas de este tipo. Ahora esperamos una ràpida implementación para que no ocurra lo que ha ocurrido en tantos lugares –como la provincia de Santa Fe– donde a pesar de tener ley hace 20 meses, y decreto reglamentario hace 9, aún no ingresó ni una persona trans por cupo a la administración provincial”.
Y advirtió: “El Cupo es una herramienta central para promover la inclusión, pero sin otras políticas y leyes que complementen su impacto, no podremos resolver el profundo marco de exclusión que padece el colectivo trans de nuestro país. El trabajo es un factor de inclusión muy importante. Pero no es suficiente ni protege a todas las franjas etáreas ni personas trans contra la exclusión”.
Para finalizar Paulón expresó: “Tenemos que pensar en las niñeces trans, tenemos que pensar en las adultas y adultos mayores, en la vivienda, en la educación y la salud. En las personas trans en su integralidad porque las respuestas parciales nunca pueden dar resultados de escala y que transformen realmente las realidades de uno de los colectivos más excluidos de nuestro país y la región”.
Transversalidad amplia
A las 18.30 de este jueves el Senado, por amplia mayoría, dio sanción definitiva a la ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán-Lohana Berkins”. El tablero de la Cámara Alta marcó 55 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
En su nombre, la norma incluye dos reconocidas activistas. La primera de ellas nació en Tucumán en 1975, tenía origen calchaquí, y fue una de las principales impulsoras del movimiento de lucha por el reconocimiento y la inclusión social del colectivo trans. Murió asesinada el 11 de octubre de 2015. La segunda nació en Pocitos, Salta, en 1965, pero desde los 13 años vivió en Buenos Aires: su padre la echó de la casa. Sobrevivió con la prostitución, y en 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), desde donde impulsó la ley 3.062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales, aprobada por la Legislatura porteña en 2009. También fue fundadora de la Cooperativa “Nadia Echazú”, primer emprendimiento laboral gestionado y administrado por mujeres trans para personas en situación de prostitución o sin trabajo formal. Impulsó la ley de Identidad de Género, sancionada en 2012. Murió el 5 de febrero de 2016.
La ley que lleva ambos nombres establece que la administración pública nacional “comprendiendo los tres Poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado» tiene que destinar un mínimo del uno por ciento de su personal para personas travestis, transexuales y transgénero”.
La norma toma el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández que estableció que el Ejecutivo nacional debía tener el 1% de su planta de trabajadores integrada por personas del colectivo travesti y trans. Ahora la política de inclusión se extiende a toda la administración y, en tanto ley nacional, se invita a los Estados provinciales a sancionar una ley de adhesión y adoptar la misma política a nivel federal, aunque varias provincias, entre ellas Santa Fe, ya cuentan con una ley propia.
La flamante normativa había cosechado también un amplio consenso en la Cámara baja, que se tradujo en 207 votos a favor y apenas 11 en contra en la madrugada del pasado viernes 11, cuando Diputados le dio la media sanción.
