Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Una de las disputas más repetidas en las últimas décadas se da entre los gobernantes que circunstancialmente ocupan cargos decisivos en el Estado, y el sector privado integrado por trabajadores y empresarios. Los primeros denuncian contar con fondos insuficientes para hacer frente a las crecientes demandas sociales en materia de salud, educación, vivienda, servicios e infraestructura, mientras que los otros reclaman verse obstruidos de crecer a causa de la feroz carga impositiva que el Estado pone sobre sus espaldas.
Claramente, estas dos posturas se encuentran enfrentadas y directamente relacionadas, con aspectos veraces en ambos lados de la discusión. Por un lado, el sistema tributario en Argentina tiene serios problemas de regresividad, falta de coordinación entre jurisdicciones y, sobre todo, carece de orientación política para lograr un esquema económico generador de empleo y riqueza nacional; por eso es que la carga impositiva total resulte un escollo real para el desarrollo y la competitividad de la actividad privada. Por el otro, el Estado precisa aumentar la recaudación para cumplir con sus objetivos, habida cuenta de que en nuestro país la intervención del Estado suple carencias sociales graves insatisfechas por la falta de trabajo digno; eso ocurre mientras los intereses de la deuda pública se llevan gran parte de los recursos fiscales.
A simple vista, se ve que la Argentina cuenta con una alta carga impositiva sobre el salario de los trabajadores formales y la actividad privada en general. Sin lugar a dudas, esto choca de frente con la realidad de un país en el que está todo por hacerse y precisa de inversión permanente.
Por otro lado, los gobiernos de turno en las últimas décadas, dejando en claro la ausencia de proyecto a mediano y largo plazo, vieron como única opción aumentar la recaudación para solventar los compromisos del Estado, dado que en distintas circunstancias donde se bajó el peso impositivo (1977-1983, 1994-2001, 2017-2019) el capital privado concentrado, en su mayoría, optó por la especulación financiera, fuga de capitales y evasión fiscal, en lugar de apostar por la inversión productiva.
Podemos concluir que ambas miradas, las de reducir o aumentar impuestos, son parciales, y por lo tanto ineficaces, dado que por el afán de mantenerse sin mayores sobresaltos en el poder político, no contemplan que existe una manera profunda pero simple de comprender, de avanzar en la solución de este conflicto. Esto es, encarar un proyecto de industrialización y trabajo como política de Estado.
Es simple de entender porque si actualmente se recauda el 50 sobre 100 producido, cuando se eleva la producción a 200 es posible recaudar 80 bajando el impuesto del 50% al 40%. Es profunda porque si se encara un proyecto de industrialización no sólo aumenta la recaudación sino que se comienza a resolver el principal flagelo del pueblo argentino: la falta de trabajo. Entonces, en vez de mantenernos encerrados en el problema de los impuestos, lo que debería ocupar el centro del debate nacional es la organización de una urgente y necesaria industrialización de la Patria.
Este conflicto, que se presenta como un laberinto sin salida, comenzó con la debacle productiva del país y la estrategia de disociación entre el capital privado y estatal en el desarrollo de la actividad económica, financiera e industrial. El método fue el proceso de privatizaciones que tuvo como principal objetivo correr al Estado de los sectores estratégicos y, así, dejar al capital privado y transnacional a cargo del usufructo y administración de las riquezas locales.
De esta manera, las privatizaciones hicieron que el Estado pierda el control de los principales sectores de promoción de políticas industriales y, así, pasó a depender exclusivamente de la recaudación impositiva, relegando su función de encauzar a la Patria en un proyecto de desarrollo y crecimiento sustentable. En este sentido –y en beneficio foráneo– fue la liquidación del Iapi en la administración el comercio exterior, el manejo del acopio de alimentos con la desaparición de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, la destrucción de la logística con el quebranto de Elma, Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas, el dominio del acero con la entrega de Somisa, la caída brutal del impulso a la industria aeronáutica y automotriz con el cierre de Iame, etcétera.
Esta nula participación estatal en los sectores estratégicos de la economía, dominados por compañías transnacionales, fue el inicio de una caída continua de la producción local, el empleo formal y, esta a su vez, la principal causa de la dependencia de una enorme presión impositiva actual.
Observándolo desde la lógica liberal de mercado, donde el privado es el encargado exclusivo y excluyente en la generación de riquezas y el Estado un mero administrador de las necesidades insatisfechas, el conflicto es de imposible solución, porque se plantea lo estatal o privado como cuestiones antagónicas o enfrentadas cuando en realidad deberían asociarse y ser complementarios en un proyecto de desarrollo nacional.
Desde ese momento, y aprovechándose de la imposibilidad de resolución dentro de las leyes implícitas del capitalismo, el aparato de dominación cultural hegemónico con sus diversos medios de comunicación promueve esta falsa disputa con el objetivo de lograr una opinión pública antiestatal, apolítica y defensora de un liberalismo económico que poco tiene que ver con la libertad humana, y mucho con la de intereses mezquinos. Por el contrario, las consecuencias del globalismo liberal en esta parte de la Tierra demuestran que a medida que avanzan las libertades económicas de las grandes multinacionales de la producción, crecen con ellas la concentración de la riqueza, la desigualdad y la imposibilidad de avizorar un horizonte de justicia social.
Por eso, la única salida posible es hacer la propia; romper las imposiciones de un mercado global que nos posiciona como productor de materias primas e importador serial de productos manufacturados, para volver al modelo de desarrollo nacional atacado, destruido y olvidado en las últimas cuatro décadas.
Hoy más que nunca, en un contexto de falta de trabajo, escasez de divisas y altos niveles de pobreza, es urgente iniciar el proceso de industrialización de la Patria. Echar por tierra el falso antagonismo entre el capital estatal-privado y comprender que los momentos de mayor desarrollo industrial de nuestra historia fueron posibles por la comunión y asociación entre ambos. Proponemos una economía mixta, con el Estado dirigiendo el orden político desde los sectores estratégicos, impulsando, financiando y promoviendo el desarrollo y la creación de empleo privado.
No hay ninguna razón para pensar que sin un cambio en el sentido propuesto nuestros problemas económicos podrán solucionarse. El Pueblo argentino no puede esperar más; es urgente volver a recuperar la asociación virtuosa entre el capital social y privado, que, en otras palabras, es volver al modelo de desarrollo nacional.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
