Mientras que Ned Price, vocero del Departamento de Estado norteamericano, la Cancillería de ese país, no descartó declarar a los grandes cárteles de la droga mexicanos como terroristas, senadores republicanos del Congreso estadounidense presentaron un proyecto de ley que persigue el mismo objetivo y que, en principio, tiene como objetivo al cártel de Sinaloa; de Jalisco Nueva Generación; al de los Metros y al cártel del Noreste, pero deja la puerta abierta a la inclusión de otras organizaciones de narcos que se consideren pertinentes y que actúen en cualquier país latinoamericano.
En ese sentido, la guerra contra las drogas, declarada en Estados Unidos en 1971 por Richard Nixon, está a punto de dar una vuelta de tuerca más frente a la presión que este proyecto de ley impondrá a la administración demócrata de Joseph Biden para que sea aprobado en el corto plazo.
Desde luego que no se trata de una cuestión menor para las relaciones internacionales entre EE.UU. Y México pero, tampoco, entre las de EE.UU. Y Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela y, de manera menos urgente pero igualmente delicada, Argentina.
Se trata de naciones cuyas sociedades están sufriendo el accionar de bandas, clanes y pandillas narcos en cuyo suelo se cultiva, produce, procesa y consume drogas y desde cuyos países se exportan amplios remanentes de sustancias prohibidas a los mercados de América del Norte de Europa y de Oriente.
Frente al secuestro y muerte de dos ciudadanos estadounidenses, presuntamente, por sicarios de cárteles de la droga que confundieron a los turistas con narcos centroamericanos y la invasión de pastillas de fentanilo, un potente opioide sintético, fabricado en laboratorio, que sirve para dolores intensos y que se ha convertido en la nueva novedad de la industria del narcotráfico, el vocero de la administración de Biden, Ned Price, aseguró acerca de la propuesta de catalogar a los cárteles como organizaciones terroristas, “…haremos siempre lo que sea más efectivo y lo que esté en nuestras manos para que estos grupos rindan cuentas”.
De hecho, durante su reciente visita a México por la Cumbre de Líderes de América del Norte, Joe Biden pidió hacer un “gran esfuerzo” para frenar la producción, la venta y el tráfico de fentanilo, principalmente, en la frontera con México donde se colocarán más máquinas para detectar drogas.
Sin embargo, en los círculos de poder de Washington D.C. gana popularidad la idea que ya analizó el predecesor de Biden, Donald Trump.
Declarar a los grandes cárteles de la droga como organizaciones terroristas lo que implicaría llevar la lucha a otro nivel donde las organizaciones militares podrían tener mayor relevancia de intervención en territorios extranjeros para frenar al crimen organizado.
La posición más clara para apuntalar el proyecto de ley de los senadores republicanos, Roger Marshall y Rick Scott, provino de la influencia del ex fiscal general William Barr quien señaló que se debe utilizar al Ejército estadounidense para atacar a los cárteles mexicanos de la droga, dentro de las fronteras de México.
“La cabeza de la serpiente está en México, y ahí es donde se debe dirigir el empuje principal de nuestros esfuerzos”, dijo, al tiempo que recordó el esfuerzo conjunto entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia para acabar con los cárteles en Colombia en la década de 1990.
Desde la Justicia estadounidense, 21 fiscales generales se pronunciaron a favor de la iniciativa de manera pública y, además, redactaron una misiva a Joe Biden y al secretario de Estado, Anthony Blinken, para solicitarles que declaren a los cárteles mexicanos como asociaciones terroristas.
“El narcoterrorismo fue un término originalmente acuñado por el embajador de los Estados Unidos en Colombia cuando el Palacio de Justicia de Bogotá fue tomado por miembros del grupo terrorista M-19″, explica un dossier del Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia de la Argentina.
Desde entonces, el término narcoterrorismo, se ha hecho muy popular en los medios de comunicación y en la esfera de la opinión pública.
El trabajo de los analistas indica que si bien, en Latinoamérica, hay -dos organizaciones catalogadas como terroristas, las FARC-fuerzas armadas revolucionarias de Colombia- y Sendero Luminoso en Perú, hay muchos indicios de actividad en conjunto con grupos terroristas tradicionales de Medio Oriente y Europa que tienen como nexo de unión y de financiamiento para sus operaciones, la práctica del tráfico de drogas.
A estas conexiones hay que sumarles la de asociaciones criminales tradicionales como la Ndrangheta en Italia u otro tipo de clanes mafiosos con mucha actividad en el viejo continente.
Los fiscales generales estadounidenses señalaron que incluir a los cárteles de la droga dentro de un listado de organizaciones terroristas “otorgará a las agencias de aplicación de la ley estatales y federales una mayor autoridad para congelar los activos de los cárteles, negar la entrada a los miembros a los Estados Unidos y les dará a los fiscales la capacidad de presionar para que se castiguen más severamente a quienes apoyan los cárteles”.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la actividad terrorista o el terrorismo de las organizaciones designadas debe amenazar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, defensa nacional, relaciones exteriores o los intereses económicos, de los Estados Unidos.
Una black list (lista negra) cuya redacción corresponde al Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro. Él es quien, si decide hacer la designación, debe notificar a los miembros del Congreso estadounidense.
Para la analista argentina Emilce Eliana Calderón es menester analizar la actividad estadounidense en Colombia. Calderón explicó en un paper publicado en los Cuadernos de Política Exterior Argentina que hay que observar “ … por un lado, el afianzamiento de la militarización de la influencia norteamericana y de su conducción por parte del Departamento de Defensa y, por el otro, la participación militarizada de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano mediante la inclusión de éste como parte de la lucha contra el terrorismo internacional”.
En esa experiencia pueden encontrarse similitudes que sirvan para prever un nuevo ordenamiento en las complejas relaciones entre los Estados Unidos y los países al sur del río Bravo.
