El Departamento de Comercio de los Estados Unidos dio a conocer este jueves su decisión de iniciar una «revisión» de los derechos antidumping y los compensatorios aplicados a las importaciones de biodiésel de la Argentina. En estas negociaciones comerciales está en juego el futuro de 37 plantas elaboradoras del combustible extraído de vegetales. De ellas, casi la mitad –18– están en la provincia de Santa Fe según el relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Las barreras antidumping están justificadas formalmente en la defensa de la producción interna de un país ante el avance de competencia a precios subsidiados del exterior, que con esas maniobras buscan colonizar mercados. En la práctica, ofician como herramientas de imposiciones comerciales.
«Es un resultado concreto del regreso a la normalización en nuestra relación con el mundo», se entusiasmó el canciller argentino, Jorge Faurie. «Representa la posibilidad de que, al final del proceso, si las negociaciones son exitosas, las importaciones de un producto de nuestro país, con alto valor agregado, puedan recuperar el acceso a un mercado muy significativo como lo es el de Estados Unidos», subrayó.
La ley estadounidense normalmente exige un plazo mínimo de dos años de vigencia de las medidas de este tipo. Las que ahora están en juego datan de enero y abril de 2018. La Secretaría de Comercio estadounidense hizo uso de la excepción prevista en la ley y consideró que existía «causa justificada» para el inicio de la revisión, aclaró Cancillería en un comunicado.
El secretario de Relaciones de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser, consideró «acertada» la decisión por entender que «permite comenzar a buscar una solución definitiva a este tema».
Las exportaciones argentinas de biodiésel al país norteamericano alcanzaban, previo a la aplicación de los derechos antidumping y compensatorios, un monto de aproximadamente 1.500 millones de dólares por año, lo que representó en 2016 el 25% del valor de las exportaciones a los Estados Unidos.
