Una mujer hizo compras en forma virtual en un supermercado en cuatro oportunidades y utilizó tarjetas de crédito que no le pertenecían, dijo Fiscalía. Hizo compras que sumaron cerca de 165 mil pesos y la estafadora además se hizo llevar los pedidos a su casa, los que recibió personalmente y falsificó la firma de los titulares de las tarjetas, acusa. Este miércoles fue imputada por haber perpetrado cuatro hechos de estafa especial por haberse cometido por medios electrónicos, falsificación de firma y de documento público.
Según la imputación fiscal que hizo Aníbal Vescovo, la imputada, identificada como Delfina C., en forma online hizo el primer pedido el 9 de octubre pasado por la suma de 23.549,70 pesos al supermercado Coto, ubicado en Junín al 500. Lo pagó con una tarjeta de crédito que no era de su propiedad. Se hizo llevar el pedido a su casa ubicada en San Juan al 3000 y recibió la mercadería firmando un recibo falsificando el nombre.
El 11 de octubre, siempre según la acusación, hizo otra compra con la misma modalidad por 21.913,42 pesos. Confiada, el 12 de octubre volvió a hacer otra compra, esta vez por la suma de 73.644,07 pesos y la última vez lo hizo el 14 de octubre por 45.881,20 pesos. En todas las oportunidades se hizo llevar el pedido al mismo domicilio y rubricó los recibos de entrega haciéndose pasar por otras personas.
Una vez detectada y denunciada la estafa por la empresa, los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) organizaron un operativo para atrapar a la estafadora. No tuvieron que esperar mucho, ya que a los cuatro días, la mujer volvió a comprar y solicitó el envío del pedido a la casa.
El 18 de octubre, el personal de la AIC hizo una entrega controlada. Al recibirla la mujer firmó el recibo con el nombre de otra persona y terminó presa. A ello le siguió un allanamiento a la vivienda donde se encontró la mercadería adquirida mediante las estafas y un documento de identidad con el nombre de otra persona y su foto, afirma Fiscalía.
Este miércoles se realizó una audiencia imputativa que fue presidida por la jueza Paula Álvarez. Tras formalizar la sindicación fiscal, la magistrada dejó en libertad a la imputada con la fijación de reglas de conducta por 6 meses, entre ellas la prohibición de salir del país, de utilizar redes sociales o modificar el estado actual de sus redes; asimismo tiene prohibido modificar la información de su celular por vía remota y de variar sus claves de acceso. Tampoco podrá realizar compras de manera virtual. Además le impusieron una caución de 500 mil pesos.