La Policía de Investigaciones detuvo a 14 personas este miércoles, varias de ellas profesionales, en el marco de los 18 allanamientos ordenados por el fiscal de Venado Tuerto Matías Merlo, en el marco de una megaestafa de más de mil millones de pesos denunciada por secretario de Gestión Pública Matías Figueroa Escauriza. Este jueves, en tanto se realizarán en esa ciudad las audiencias imputativas bajo la principal figura de asociación ilícita. Si bien no brindaron los nombres de los detenidos, se trata de reconocidos profesionales involucrados en la mega causa de estafas inmobiliarias que llegaría a la cifra de $1.000 millones e involucra a 32 propiedades. Uno de los detenidos es de Rosario.
Merlo destacó al diario Venado 24 que desde hace un año venían trabajando en diferentes ilícitos realizados con operaciones inmobiliarias donde se repetían personas que llevaban a cabo negociaciones de carácter sospechosas. Y resaltó que se realizó un entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se determinó unificar en una sola causa la investigación. En ese sentido recordó que en diciembre de 2017 se hicieron varios allanamientos en los que se secuestró importante material probatorio y se determinó que los inmuebles involucrados en estas presuntas estafas eran más de 10.
“El trabajo conjunto de la Fiscalía y PDI logró recabar pruebas y testimonios que permitieron determinar la posible figura de asociación ilícita. Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de la ciudad que a su vez tenía otro contacto que repetían el mecanismo“, relató el fiscal. La información fue corroborada con el Registro de la Propiedad y constataron que la operación tenía por objetivo apropiarse de bienes rurales o urbanos en Venado Tuerto que sus titulares castratales no vivían o eran de avanzada edad.
Merlo detalló que se hicieron 18 allanamientos, de los cuales 13 fueron en Venado, uno en Ciudad de Buenos Aires, otro en la provincia de Buenos Aires (no especificó la ciudad), uno en Amstrong, otro en Las Rosas, en Rosario y en Villa Cañás. Y se detuvieron 14 personas (entre ellos varios profesionales) que serán imputados por asociación ilícita, estafa y falsificación de documentos. De los detenidos 11 son de Venado Tuerto.
Por su parte, Matías Figueroa Escauriza expresó: “Nosotros como representantes del Ejecutivo provincial valoramos este tipo de causas que son delitos de guantes blancos. Esta es la verdadera megaestafa inmobiliaria de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de 32 inmuebles y casi 1.000 hectáreas de campo“.
“Esta no fue una típica organización criminal a la que todos estamos acostumbrados, sino algo mucho más sostifiscado donde conviven abogados, escribanos, contadores, médicos, prestanombres. Y creo que es lo que tenemos que atacar, muchas veces el peso de la ley cae sobre los ladrones de bicicleta y no en este tipo de casos. Acá había una organización ilícita y criminal en el tiempo donde era necesario que el hecho no quedará impune”, agregó Figueroa Escauriza.
El secretario de Gestión Pública también rescató el trabajo realizado por la Fiscalía debido a la compleja de la investigación y pidió avanzar no sólo sobre los autores de los delitos sino también sobre el patrimonio obtenido que hayan podido adquirir fruto de las negociaciones posteriores.
Finalmente, sostuvo que desde el Ejecutivo provincial seguirán a disposición de la Justicia en este tipo de causas e indicó: “Queremos que todos los santafesinos estén tranquilos, no puede ser que una persona porque sea de avanzada edad y no tenga herederos culmine sufriendo por alguien que venga y le saqué el inmueble”.
Allanamientos
En diciembre pasado se realizaron 14 allanamientos en escribanías, un estudio jurídico (la mayoría en Venado Tuerto) y una gestoría en Rosario. Las primeras dos denuncias las presentó Rentas en julio del año pasado, luego de detectar la estafa y realizar una investigación; y la última a principios de diciembre de 2017. Todas recayeron en la Fiscalía de Venado Tuerto, ya que las propiedades en cuestión están ubicadas en esa zona.
Matías Figueroa Escauriza explicó que la banda “buscaba inmuebles de personas fallecidas y hacían una escritura falsa o un poder autorizando a un tercero y lo transferían”, detalló. Otra de las modalidades consistía en hacer comparecer a la persona fallecida como si estuviese viva. “Nosotros tuvimos un rol proactivo desde el Estado. Empezamos a investigar y aportamos las pruebas y de esa manera impulsamos la investigación”, detalló. Y aclaró que la banda utilizaba a testaferros que realizaban compras millonarias, cuando en realidad son personas insolventes o que “viven en ranchos”.
Figueroa Escauriza destacó que es muy importante el apoyo del Estado para avanzar contra los delitos de guante blanco.
