El corredor de cereales rosarino Sebastián Grimaldi fue procesado por la Justicia federal cordobesa junto con otros directivos de dos empresas radicadas en esa provincia por asociación ilícita, defraudación y apropiación indebida de tributos. Al operador, cuya firma le vendía a la también caída en desgracia Vicentin, entró en default en diciembre de 2018 con un pasivo de mil millones de pesos. A Grimaldi también le dictaron este viernes la prisión preventiva, en su rol, según el fallo judicial, de líder de la banda, aunque recién se hará efectiva cuando este encausamiente quede firme.
El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, le atribuyó a Grimaldi el rol de jefe y organizador de una asociación ilícita por la cual también fueron procesados los socios de la empresa Eduardo Nannini y María de los Ángeles Cavallero y los ejecutivos Araceli Nannini y Fernando Herrera. En cambio, el magistrado le dictó falta de mérito a Nelson Bertero, otro de los denunciados.
Para todos los imputados se ordenó un embargo solidario por 65 millones de pesos, aunque se aclara en la resolución que “las defraudaciones superarían ampliamente la suma mencionada”.
El propio Grimaldi se presentó su concurso preventivo en los Tribunales de Rosario.
El 13 de marzo de 2019, productores agropecuarios denunciaron haber entregado sus cultivos de granos -por mejores condiciones de negocios- a la empresa Leones Agropecuaria SRL, una acopiadora que comercializaba el cereal a través de la corredora de granos Sebastián Grimaldi SA. No recibieron la paga correspondiente y denunciaron que fueron perjudicados cuando la empresa de Grimaldi dejó de funcionar y cerró sus oficinas en Rosario.
Productores afirmaron en la demanda que las empresas Leones Agropecuaria SRL y Sebastián Grimaldi SA estaban relacionadas y en una presentación posterior aportaron datos exponiendo que sus miembros conformaban una asociación ilícita.
Cuando Grimaldi se declaró en default, el corredor rosarino responsabilizó al acopio del grupo, que era presidido por su socio en la corredora Eduardo Nannini (70 por ciento) y la contadora Cavallero (30), socia gerenta y que a su vez denunció penalmente al propio Grimaldi.
La maniobra
La investigación asegura que los empresarios compraban los granos a los productores, luego los vendían a la agroexportadora Vicentin -que tras declararse en estrés financiero se encuentra en concurso de acreedores- y se quedaban con el dinero de las operaciones sin pagar a los productores.
Al describir el modus operandi de los procesados, el juez Pinto señaló que el dinero que obtenían de las ventas eran desviados de las empresas hasta lograr su vaciamiento total.
A los investigados también se les atribuye haberse quedado con el dinero correspondiente al pago de tributos al fisco nacional en concepto de retenciones por el Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias, produciéndose de este modo la «apropiación indebida de impuestos», entre otros ilícitos.
Agentes de la Policía Federal realizaron unos 20 allanamientos en Santa Fe y Córdoba. Los procedimientos se llevaron adelante en mayo pasado en la sede del grupo empresario y en varios domicilios particulares.
En la resolución, el juez Pinto determinó que los denunciados habrían actuado en grupo, con un importante grado de permanencia en el tiempo y funcionando coordinadamente, utilizando las empresas Leones Agropecuaria SRL y Sebastián Grimaldi SA para realizar una serie de actividades delictivas, a partir de la captación de gran volumen de cereales y oleaginosas de diversos productores y su venta inmediata a través de la empresa Leones Agropecuaria SRL, que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de Sebastián Grimaldi SA.
«Los exportadores no habilitan a cualquier persona»
«El 80 por ciento del cereal del país pasa por la Bolsa de Comercio de Rosario. La garantía para el productor agropecuario, o sea para el cliente, es que la habilitación del corredor de cereales está avalado por la Bolsa y por los exportadores. Los exportadores no habilitan a cualquier persona», señalaba Grimaldi cinco años atrás en un programa televisivo del sector agroindustrial.
El juez Pinto ordenó remitir una copia de la resolución a la Secretaría Nº 20 del porteño Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, donde tramita la investigación penal contra los directivos de la empresa Vicentin y también contra funcionarios nacionales del macrismo, entre ellos el entonces titular del Banco Nación, Javier González Fraga.
