La Senadora Nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, valoró la aprobación de la ley 26.815 de Manejo del Fuego, que establece un lapso mínimo -de entre 30 y 60 años- durante los cuales se prohíbe la venta de terrenos incendiados para evitar prácticas especulativas y emprendimientos.
“Nosotros creemos que, además de la reforma a la ley, hay otras cuestiones que tiene que abordar el Estado y de hecho lo está haciendo. Conozco perfectamente el esfuerzo que está haciendo mi provincia, a través de su ministra de Medio Ambiente y el ministro de Medio Ambiente a nivel nacional, que han trabajado con el Servicio Nacional del Manejo del Fuego con recursos del Estado argentino en la provincia de Santa Fe y en el área afectada”.
“En este caso, están en juego los derechos colectivos del pueblo santafesino, de los rosarinos y fundamentalmente, de todas las ciudades y localidades de la costa del río Paraná cuyos habitantes sufrimos con mayor intensidad las consecuencias de estas quemas”, advirtió Sacnun.
“Tenemos que dimensionar la magnitud integral de la problemática, no solamente por el deterioro del medio ambiente de ese ecosistema natural que conforman las islas del delta, sino también por la afectación a la salud de la comunidad”.
Sacnun. también recordó que “según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95 por ciento de esos incendios fueron producto de la acción humana. En algunos casos de forma intencional y en otros por distracción, pero también hay un deber de cuidado que deben llevar adelante los propietarios, sobre estos territorios”.
“Hay un sinnúmero de situaciones que también ayudan a que esto se produzca y la verdad, es que sabemos que en muchos casos es para producir y en otros, claramente hay intereses inmobiliarios detrás de estas quemas”.
“Debemos hacer una tarea muy importante en todo lo que significa el desarrollo de la producción y el arraigo, para lo que son en realidad las islas del delta del Paraná, teniendo en cuenta además la situación que estamos atravesando por un período de sequía y al mismo tiempo de bajante del río”, puntualizó la legisladora santafesina.
“La Constitución Nacional protege expresamente esos derechos medioambientales y colectivos. De hecho, en la ley a la que le dimos media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación para reorganizar la Justicia, introdujimos justamente una secretaría especializada en la materia, teniendo en cuenta la problemática que está atravesando la sociedad y en particular en mi provincia”, destacó.
“Por lo tanto, no creemos que solamente ésta norma vaya a resolver definitivamente el problema planteado, pero sí entendemos que es fundamental para dejar expresa constancia de que el Estado va a defender los derechos de toda la sociedad, medioambientales y colectivos”, concluyó Sacnun.