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Estatales exigen piso salarial del 20 por ciento

Los gremios de la administración pública advirtieron al gobierno provincial que no aceptaran subas menores al 20%. Esta embestida preocupa, ya que se espera un 2012 de estrechez financiera.

Como pesado presente de fin de año, los gremios de la administración pública de varias provincias comenzaron a advertir a los gobernadores que no aceptarán una negociación salarial que contemple un incremento menor al 20 por ciento, aunque los primeros planteos incluyen el reclamo de aumentos de hasta el 35%.

El escenario preocupa a los Ejecutivos, entre ellos al gobierno de Antonio Bonfatti, que deben enfrentar un inicio de mandato resbaladizo de la mano de cuentas deficitarias masivas, de vencimientos de deuda que aún no fueron refinanciados por Nación y de potenciales coletazos en la actividad económica de la crisis financiera internacional.

La postura gremial en las provincias se da en sintonía con la estrategia del titular de la CGT nacional, Hugo Moyano, de poner un piso del 25% de incremento salarial para discutir en paritarias.

En la provincia de Santa Fe, los trabajadores estatales adelantaron que exigirán un piso de entre el 20% y el 23% de aumento al gobierno de Bonfatti.

En esa línea, el titular de la seccional local de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Alberto Maguid, señaló que no se van «a sentar por menos del 20% en la Comisión Paritaria Central».

Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Jorge Hoffmann, consideró que el aumento «tiene que rondar» entre el 23% y el 24%, ya que -dijo- «el Gobierno (provincial) ha fijado esa pauta para el aumento de las tarifas de los servicios».

En la vereda oficial, Bonfatti se negó a «tirar una cifra por tirar» porque -evaluó- sería «aventurado, no sabiendo cuál va a ser el comportamiento de la economía y teniendo presente que después a los sueldos hay que pagarlos». No obstante, adelantó que su administración discutirá salarios en las paritarias de febrero y recalcó que la premisa será que los trabajadores «no pierdan poder adquisitivo respecto de la inflación».

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