La Secretaría de Control municipal alcanzó una cifra récord de remisiones de remises ilegales en este 2018. Hasta ayer se trasladaron 676 unidades en infracción mientas que en los últimos años, los resultados fueron menores: en 2017 se remitieron 267 unidades y el año anterior, en 2016, fueron 108. El incremento de sanciones está atado a un aumento de los controles preventivos.
El secretario Guillermo Turrin confirmó que a unos diez días de finalizar el año, mínimamente se duplicaron las remisiones efectuadas por la Dirección de Fiscalizaciones, de coches de servicio público que funcionan por fuera de los registros oficiales.
«En lo que va de 2018 se registraron 676 remisiones de estos vehículos al depósito municipal mientras el año pasado fueron 267 y en 2016, 108 remises clandestinos», precisó.
De acuerdo a lo que expresó «el aumento de traslados obedece a un fortalecimiento de las intervenciones preventivas que hemos impulsado como Estado municipal con el firme propósito de regular este servicio».
Turrin explicó que las fiscalizaciones son realizadas con personal de la Unidad Regional II, todos los días en distintos horarios y se concentran en las zonas urbanas más frecuentadas, como por ejemplo, la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, los shoppings, hospitales y casino.
Los agentes piden la detención de los vehículos, se les exige a los conductores la documentación obligatoria para circular y en este marco es cuando se detecta si la unidad está funcionando como coche de alquiler ilegal.
Otro dato concluyente es la existencia de un pasajero a quien se le pregunta por su presencia en el auto y qué vínculo tiene con el conductor. En este punto se logra determinar, en general, que se está frente a un traslado no reglamentario.
El procedimiento continúa invitando al pasajero a seguir viaje en un taxi legal mientras que el costo es absorbido por las cámaras de titulares de taxis de Rosario.
Por su parte, el chofer debe salir del remise «trucho» al que se lo acarrea al corralón. En tanto, el personal actuante secuestra elementos que prueben la actividad ilícita, como por ejemplo, equipos de comunicación o planillas de servicios y tarifas.
Además de las intervenciones en la vía pública, algunas remisiones surgen de denuncias hechas por ciudadanos al Sistema Único de Atención Ciudadana (SUA). La gran mayoría de los autos ilegales pertenecen a remiserías clandestinas, muchas ubicadas fuera del ejido urbano local.
En caso de identificarse el local se da intervención a la Guardia Urbana Municipal (GUM) que se encargará de su clausura.
Finalmente, interviene el Tribunal de Falta que es el que dispondrá, posteriormente, las sanciones económicas tanto para el conductor como para el titular de la unidad.
Turrin remarcó la decisión del municipio de combatir esta actividad ilegal que lleva riesgos para los pasajeros al tratarse de coches sin habilitación y que en consecuencia no son sometidos a controles técnicos ni poseen cobertura de seguro. Tampoco sus choferes están registrados.
«No vamos a tolerar servicios irregulares, por fuera de las normas, que no se ajusten a los requisitos que requiere un auto de alquiler legal», insistió.
