Por Silvina Tamous y Carina Ortiz
Durante años, Paula Perassi fue para los medios la mala víctima. Vivía en una localidad pequeña como San Lorenzo y con su desaparición se juntaban palabras como amante y aborto. Si no fuera por la fuerza de su padre, Alberto, y su madre Alicia, la investigación hubiese quedado parada, dormida como durmió durante años y no hubiese llegado a juicio. Si no fuera por los padres de Paula, que no temieron las amenazas ya que desde hace años caminan con chaleco antibalas y custodia, no habría empresarios y policías sentados en el banquillo y juicio en el que se intenta develar qué pasó el 17 de setiembre de 2011 cuando Paula Perassi fue vista por última vez. Nunca encontraron el cuerpo de Paula, que fue buscado hasta por el Equipo Argentino de Antropología Forense, sin resultado. La hipótesis más firme es que la joven estaba embarazada, la obligaron a abortar y en esa situación murió.
Este jueves comienza el juicio oral. Pero esta vez los Perassi no estarán solos. Un aluvión feminista copará la plaza del Centro de Justicia Penal (CJP), ubicado en Sarmiento y Rueda, desde las 6 de la mañana en una vigilia.
El juicio por la desaparición de Paula Perassi empezará el 21 de marzo
El debate se realizará en el CJP por cuestiones de organización, espacio y seguridad. El debate estará presidido por los jueces Mariel Minetti, Griselda Strólogo y Álvaro Campos. Se estima que el juicio llevará al menos tres meses de audiencias.
Las audiencias, que comenzarán el jueves con los alegatos de apertua, se celebrarán los lunes martes, jueves y viernes, hasta las 16. Está previsto que declaren 200 testigos. El juicio se llevará adelante en la Sala 7, pero en la uno habrá una pantalla para que el público pueda asistir.
Paula Perassi tenía 34 años, y era madre de dos hijos. Fue vista por última vez en septiembre de 2011 y desde entonces la causa judicial tuvo varias carátulas que se fueron modificando a fuerza de empuje y determinación, especialmente la de sus padres, quienes se presentaron como querellantes en la investigación en representación de sus nietos. Durante un año sólo hubo una pesquisa por averiguación de paradero.
Luego el principal sospechoso, un empresario que mantuvo una relación amorosa con Paula, y su ex chofer terminaron vinculados con el caso y acusados de homicidio simple pero fueron liberados por falta de pruebas hasta que la teoría acusatoria se volvió más firme. La carátula cambió a privación ilegítima de la libertad, aborto no consentido seguido de muerte y nueve personas quedaron involucradas en la causa, cinco de ellos policías.
El grupo se sentará en el banquillo con distintas imputaciones. La más grave es la privación ilegítima de la libertad y el aborto no consentido seguido de muerte, que conlleva una pena de prisión perpetua y para los policías la acusación es por encubrimiento agravado, entre otros delitos.
Gabriel Strumia explotaba una empresa de camiones; casado con Roxana Michl, ambos llegan presos al debate. La relación entre Strumia y Paula no era pública: sólo algunos allegados conocían el vínculo. Paula descubrió que estaba embarazada y fue el principio del fin. Cuando se lo contó a su pareja, el hombre intentó convencer a la sanlorencina para que abortara pero ella no aceptó. El 18 de septiembre un llamado telefónico la sacó de su casa; Paula avisó que iba a buscar la tarea de uno de sus hijos y nunca más regresó.
Su familia denunció el hecho y se inició una búsqueda de paradero donde hubo algunas evidencias que despistaron hacia una supuesta ausencia voluntaria de Paula, teoría que sus padres siempre rechazaron: Paula no dejaría a sus hijos.
Esa carátula se mantuvo durante un año hasta que la hipótesis de que Strumia estaba involucrado en el hecho tomó forma. El mozo de un bar de Timbúes contó que la tarde del 18 de septiembre de 2011 vio a Paula conversando con dos hombres; luego reconoció a Strumia como uno de ellos, el otro era su ex chofer Antonio Díaz. Ambos fueron imputados por homicidio simple pero con el tiempo lograron un sobreseimiento por este delito.
En 2015 los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta presentaron una nueva teoría del caso, que también apoya la querella a cargo de los abogados José Ferrara y Adrián Ruiz. La acusación afirma que Paula salió de su casa engañada. En esas circunstancias la privaron de su libertad, la llevaron obligada a practicarse un aborto y murió durante la práctica. Su cuerpo nunca apareció, aún hoy sus padres claman por los huesos de su hija. Se han hecho excavaciones en Puerto General San Martín –por el Equipo Argentino de Antropología Forense– pero no se lograron resultados, el pacto de silencio sobre la suerte del cuerpo de la mujer sigue intacto.
Tanto la Fiscalía como la querella apuntaron contra Gabriel Strumia, también contra su esposa Roxana Michl, a quien achacan una participación en el aborto no consentido seguido de muerte. En la causa se determinó que aseguró haber visto a Paula después de su desaparición junto a su hijo, algo que para la parte acusadora no se trató de otra cosa que un intento de plantar pistas falsas.
También contra el chofer Antonio Díaz, a quien se lo vio junto a la víctima la tarde de la desaparición, y contra Mirta Rusñisky señalada como la persona que hizo el aborto a Paula. Todos ellos llegarán a juicio por el delito de privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte, que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.
El comisario
Otro de los involucrados es el comisario Adolfo Daniel Puyol, ex jefe de la Agrupación Cuerpos, a quien se le achacó un estrecho vínculo con Strumia, ya que hubo comunicaciones telefónicas entre ellos con posterioridad a la desaparición de Paula. Para la querella es el nexo entre Strumia y la fuerza policial lo que ayudó a encubrir y perder pruebas. Presumen que brindó la logística para hacer desaparecer el cuerpo de Paula. La Fiscalía acusó a este uniformado por encubrimiento agravado pero la querella fue más allá y pidió su imputación por privación ilegítima de la libertad y aborto sin consentimiento seguido de muerte. Esta es la única diferencia en las acusaciones que presentaron ambas partes.
Encubrimiento
Los otros acusados son policías y todos participaron en la investigación por la desaparición de Paula. Se trata de Jorge Kretz, María Galtelli, Aldo Gómez y Gabriel Godoy. Llegarán a juicio acusados de encubrimiento agravado por su condición de uniformados y omisión de los deberes de funcionario público, sustracción y destrucción de pruebas y falsedad ideológica de instrumento público.
