El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca leerá el próximo miércoles el veredicto en el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, cometido el 25 de noviembre de 2017 durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.
Luego de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, el tribunal integrado por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dará su veredicto.
Cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina son los acusados por el crimen: se trata de Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, para quienes las tres querellas participantes del juicio solicitaron una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
En tanto, la Fiscalía requirió cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de «exceso en legítima defensa», ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Finalmente, las dos defensas que representan a los Albatros pidieron al Tribunal la absolución de los cinco procesados por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento y bajo una agresión desmedida y armada.
La lectura del fallo se dará pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y pocos días de que desde el espacio del presidente electo Javier Milei se confirmara que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma funcionaria que ejercía ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que terminó con el asesinato de Nahuel.
La familia de Rafael Nahuel organizó el sábado último en la precaria vivienda del joven asesinado un encuentro para recordar su memoria y reclamar justicia.
Referentes e integrantes de diversas comunidades y organizaciones mapuches, amigos y personas del barrio Nahuel Hue se acercaron para compartir el día con los padres y el hermano de Rafael.
Graciela Salvo, madre del joven, se mostró «alegre» por el acompañamiento y dijo a Télam que se espera que el Tribunal «dé una buena resolución y se haga justicia».
«Queremos que los Albatros den la cara. Estamos disconformes porque nosotros estemos yendo al juicio y los Albatros asesinos se quedaron en sus casas. Quiero que den la cara, y preguntarles por qué me mataron a mi hijo Rafael», expresó.
Graciela pidió que «les den perpetua, cárcel y perpetua», y dijo que si eso ocurre estarán «más tranquilos. Este juicio fue mucha tristeza, soportar todo lo que pasó con Rafita, que muestren en la pericia su cuerpo, ver de vuelta su cuerpo, fue todo muy doloroso», añadió.
El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.
El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.
Durante un alegato que duró dos horas y cuarenta y cinco minutos, el abogado planteó que quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
Para el abogado, el cúmulo de pruebas y testimonios demuestran que los procesados «desobedecieron las órdenes de esperar refuerzos y subieron con armas letales a la montaña», a la «búsqueda de los mapuches».
Przybylski repasó que la tercera pericia balística realizada durante la instrucción determinó que el disparo mortal fue realizado por el Albatro Sergio Cavia, pero consideró que el grupo comando actuó coordinadamente para cometer el asesinato y luego para encubrirlo.
Así argumentó el pedido de condena para los cinco, bajo la figura de coautoría funcional.
«Los cinco imputados decidieron ir con armamento letal, el que menos disparó lo hizo 25 veces con munición letal a las personas que estaban huyendo. Dispararon con intención de matar, si no, hubieran disparado al piso, al aire. Lo sabemos porque a Nahuel lo mataron, a Johana (Colhuan) y Gonzalo (Coña) los hirieron. Ahí estaban direccionados los disparos, a matar, a zonas vitales. Por eso decimos que tuvieron esa intención».
Repasó el lugar de vainas servidas halladas en el lugar de los hechos, lo cual, dijo, permite representarse un escenario de persecución, y rechazó la figura de la legítima defensa como atenuante del crimen.
Las otras dos querellas, en representación de la familia de Nahuel y de la APDH Bariloche, adhirieron al pedido de pena realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, e incorporaron en sus alegatos el agravante de odio racial.
En tanto, el fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió cinco años de prisión para cada uno de los Albatros, ya que los considera coautores funcionales del hecho, aunque incorporó el atenuante de «exceso en legítima defensa».
Durante su alegato habló de «objetividad» en su tarea, aunque admitió que los elementos probatorios no son concluyentes en cuanto a la existencia de un enfrentamiento con armas de fuego. Aún así, planteó que los uniformados «se excedieron» en su accionar.
Al término de la exposición del fiscal, el padre de Rafael, Alejandro Nahuel, se paró y gritó «¿de qué enfrentamiento habla? A mi hijo le pegaron un tiro por la espalda. Manga de asesinos».
También Graciela Salvo se levantó de su silla cuestionó el alegato fiscal. «Queremos justicia por Rafael, porque a mi hijo lo mataron; llegaron (los Albatros) en un solo día y le quitaron la vida», dijo.
Fue el momento de mayor tensión durante el juicio realizado en General Roca, y obligó al presidente del Tribunal a dar por terminada la audiencia.
Finalmente, el 15 de noviembre, las dos defensas reclamaron al Tribunal la absolución de los prefectos.
Según el relato del abogado Marcelo Hugo Rocchetti -defensor de Cavia, Pintos y Sosa, y ex jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, los Albatros fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, y siempre actuaron de acuerdo a los protocolos para situación de este tipo: lo hicieron «racional y proporcionalmente», dijo.
Insistió en que se encontraban en el lugar «cumpliendo una orden judicial» y que «actuaron conforme a derecho».
Rocchetti dijo que los prefectos eran «las víctimas reales» del proceso judicial.
Adhirieron a su alegato las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti, representantes de los uniformados Obregón y García.
Para el miércoles, día de la lectura del veredicto, se espera una importante movilización en la puerta de los Tribunal; integrantes de diversas comunidades y organizaciones mapuches, partidos políticos de izquierda y gremios ya anunciaron su participación.
