Por Esteban Guida*
El rótulo “peronista” se banca todo. También están los que se dicen peronistas pero rechazan o desconocen su doctrina; o quienes enarbolan sus banderas demagógicamente para ganarse el aprecio de las grandes mayorías populares, ya que de lo contrario, ellos y sus ideas, serían rechazados por la masividad del pueblo.
En este mundo relativista, cualquiera dice y hace del peronismo lo que bien le parece, juzgándolo según el propio interés, sin resguardo de la doctrina justicialista que lo sustenta. El propio presidente, Alberto Fernández, afirmó públicamente ser socialdemócrata, pero en determinados ámbitos también dice ser peronista; como si ambos cosas fueran complementarias, compatibles; como si fuera posible ser al mismo tiempo hincha de Newell’s Old Boys y de Rosario Central.
Es difícil pensar que esto se hace por equivocación; sería más lógico pensar que por conveniencia; mucho más si los actos y decisiones de quien se dice ser peronista no dan testimonio de ello. Como tantos funcionarios o legisladores que se postulan utilizando la estructura partidaria del justicialismo, a pesar de que no comparten la doctrina justicialista, ni soportan siquiera el folclore y la liturgia propia de este movimiento autóctono y popular.
Tristemente, se observa una utilización del movimiento político más importante y numeroso de la Argentina, que marcó definitivamente la historia del país. Pero al mismo tiempo, se omiten deliberadamente los fundamentos, la doctrina y la práctica justicialista que lo identifican y distinguen rotundamente de otras propuestas políticas.
En vista de ello, vale hacer un llamado de atención cuando se dice que ha fracasado este “modelo económico peronista”. Que al gobierno del Frente de Todos se lo denomine un gobierno peronista, no quiere decir que la concepción política y la acción consecuente en materia económica coincidan con lo que la doctrina justicialista expresa al respecto, ni con las realizaciones de los tres gobiernos encabezados por Juan Perón.
No podemos acostumbrarnos a que de todo igual. Así como es una sonsera decir que “70 años de peronismo lo arruinaron todo”, también lo es juzgar la propuesta justicialista según las decisiones y acciones de este gobierno. Mal que a muchos les pese, el desarrollo de la política económica actual está muy lejos de ser justicialista; o peronista, si se hace correcto uso de los términos, ya que si no fuera por la manipulación y tergiversación que se hace de ellos, bien se podrían utilizar como sinónimos.
Tal vez, la negativa a hablar de justicialismo, provenga del hecho de que, lejos de ser un partido político más, es “una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, puramente cristina y puramente humanista”, tal como el propio Perón la definió, que tiene como objetivo la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, mediante la plena vigencia de la justicia social.
Se ha buscado reemplazar la justicia social, por la idea de inclusión social; pero se trata de dos conceptos totalmente diferentes, de los que subyace una visión de la economía también distinta. La redistribución del ingreso no es un fin en sí mismo, sino un mecanismo para garantizar los objetivos políticos en el tránsito hacia una economía en la cual existe una justa distribución de los esfuerzos y un justo reparto de la renta. El estado es relevante y estratégico en la conducción de este proceso, pero procura una participación cada vez menor en la economía, impulsando la interacción armónica entre empresarios y trabajadores comprometidos con el interés nacional, para lograr una mayor producción y alcanzar una mayor productividad.
Para el justicialismo, la economía debe estar organizada en términos de la satisfacción de las necesidades de las personas, primeramente de los habitantes del país, pero también de los seres humanos de todo el mundo. Esto fue tan cierto que, en todos los gobiernos justicialistas, el estado no dudó en transformar las estructuras económicas que impedían alcanzar este fin, afectando los resortes del poder y cuestionando incluso el dictado de las potencias globales. No hay política económica justicialista si el gobierno acepta sumisamente los designios del libre mercado, ya que en rigor de verdad, esto es aceptar el orden del poder económico (principalmente foráneo) que perpetúa los mecanismos de dependencia, subdesarrollo y pobreza.
Bajo la concepción justicialista de la economía, corto y largo plazo van de la mano. No hay lugar para planes de estabilización que van en contra de las necesidades más urgentes de los desposeídos, y por lo tanto, de los objetivos antes mencionados. No se acepta que bajo el pretexto de que para encauzar la economía en un sendero de crecimiento y desarrollo hace falta hacer sacrificios, se cargue sobre las espaldas de los sectores más pobres, los costos de un modelo intrínsecamente injusto y desigual. Este argumento ha sido utilizado por gobiernos neoliberales y socialdemócratas, con los resultados que ya se conocen: la desigualdad se perpetúa y la justicia social nunca llega, con el agregado de que el modelo en sí colapsa y genera recurrentes crisis económicas, políticas y sociales que nos alejan aún más de las posibilidades de recuperar terreno perdido.
No resulta natural al justicialismo que el salario de un trabajador registrado no alcance para satisfacer las necesidades básicas de una familia. Tal es el punto de injusticia social, que en la Argentina de hoy tampoco con dos salarios medios de empleos formales, una familia alcanza a cubrir el costo de la canasta básica total (línea de pobreza).
Desde la concepción justicialista, el modelo económico debe surgir de una planificación que se proyecta en el largo plazo, necesaria para poder integrar las fuerzas productivas a fin de dar cumplimiento a los objetivos políticos. Estos planes son el resultado de una amplia participación política y social, y puestos en conocimiento de todo el mundo, para ser ratificados luego por leyes votadas en sesiones legislativas bajo la vigencia de un marco de democracia social. ¿Cómo se puede concebir que habrá compromiso y acuerdo político intersectorial si no se sabe qué va a pasar el año que viene? ¿Por qué motivo los sectores productivos se comprometerán con el interés nacional, si la economía está organizada según los requerimientos y exigencias de empresas y organismos internacionales cuyo interés es cobrarse las deudas que ilegítimamente han contraído gobiernos contrarios al interés nacional?
Existen muchas más características diferenciales que permiten afirmar que el modelo actual, y las medidas implementadas por el Frente de Todos, no responden a los postulados peronistas. Por lo tanto, si el gobierno fracasa, no será por haber seguido los postulados de la doctrina justicialista.
No se trata de un debate sobre las medidas o los instrumentos utilizados, ya que para el justicialismo, no hay una única manera de logar los resultados. Se trata de los objetivos políticos y de la administración de los intereses que afectan al país y al pueblo argentino. Lejos está del justicialismo abandonar la idea de independencia económica y conformarse con aliviar los efectos de un modelo de dependencia e injusticia social.
* Fundación Pueblos del Sur
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