Este sábado 28, a las 9 de la mañana partirá, desde el cruce de las avenidas Ovidio Lagos y Presidente Perón, la “Caravana por la Salud y la Vida”, una nueva manifestación de vecinas y vecinos de pueblos fumigados en reclamo de un colchón agroecológico en cada localidad, que proteja a los residentes de las aspersiones de agrotóxicos.
La nueva demostración la convocan la Multisectorial Paren de Fumigarnos y, entre otras organizaciones, la Asamblea de Vecinas y Vecinos conocida como “La 33”. Y es precisamente por esa vía el escenario por el que la caravana se irá manifestando: “El recorrido comprende las localidades del Gran Rosario, atravesadas por la ruta 33: Pérez, Zavalla, Pujato y finalmente Casilda. El objetivo es seguir visibilizando los impactos que producen los agronegocios y sus múltiples externalidades. Los daños a la salud que provocan los más de 525 millones de litros de agrotóxicos por año”, explicó la Multisectorial.
La caravana tendrá una agenda análoga a la anterior manifestación sobre la ruta 21, en julio pasado, con ingresos en cada lugar para un pequeño acto antes de continuar hará el recorrido. La presencia de una columna central también busca fortalecer el reclamo local, que en algunos lugares ha expuesto a vecinas y vecinos a situaciones de incordio por parte de quienes de una u otra manera están vinculados al agronegocio o reciben beneficios de éste. Nadie defiende abiertamente a los químicos, pero silenciosamente torpedean cada intento de limitar su aplicación a nivel de gobiernos locales, dicen en Paren de Fumigarnos. Por ello buscan “acompañar y fortalecer las organizaciones de vecinas y vecinos de pueblos expuestos a los venenos, para seguir exigiendo que paren de fumigar sus localidades y escuelas rurales”.
La Multisectorial ya viene haciendo caravanas a través de los distintos corredores del sur provincial, parte de la “zona núcleo” sojera, en reclamo de que la Legislatura santafesina trate el proyecto de modificación de la ley 11.273, que regula el uso de agroquímicos y es previa a la habilitación formal de ingreso al país de la soja transgénica –en 1996– con su “paquete tecnológico” de semillas, herbicidas y plaguicidas, y fertilizantes.
También la organización viene reclamando, con pocas victorias hasta ahora, que las comunas aprueben ordenanzas para poner a salvo a zonas habitadas e instituciones rurales de las aplicaciones. “Tiene que haber decisión política para que en esos espacios se pueda trabajar el suelo sin ningún tipo de veneno. Experiencia sobra”, explicó uno de los representantes de la Multisectorial. Además de hacer de colchón de resguardo, las franjas libres de agrotóxicos que reclaman sirven para la provisión a nivel local de alimentos de alta calidad y cultivados en cercanía. Pero las normativas para hacerlo posible no avanzan, sino todo lo contrario: sucesivamente quedan cajoneadas y se caen al perder estado parlamentario. Eso mismo –temen– es lo que ocurrirá con la iniciativa actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados, si no sale del letargo.
De repetirse la historia, volverá a continuar vigente la actual ley anterior hasta al cambio del paisaje, cuando Santa Fe era una provincia de la cuenca lechera, productora de carne y con cultivos más diversos que el poroto.
