Este viernes vence el plazo dado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo que, tras ratificar la vigencia de la ley de Financiamiento Universitario conminó al Gobierno de Javier Milei para que este día salde unos 2,5 billones de pesos destinados a ajustar los salarios de docentes y no docentes según indica la norma que el Congreso sancionó en 2025 y el Ejecutivo se empeña en no cumplir.
Fuentes de la Casa Rosada señalaron que volverán a apelar, este mismo viernes, el fallo judicial que ratifica la vigencia de la norma, vetada por el Ejecutivo y ratificada con mayoría agravada por ambas Cámaras. La presentación se realizará ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, que deberá conceder o rechazar el planteo para que termine llegando a la Corte Suprema.
Si no se acepta el recurso extraordinario, la Casa Rosada recurrirá a «una queja» ante el máximo tribunal para que acepte tratar el caso.
Para las universidades, no hay plata
Varios funcionarios salieron al unísono con el argumento de que no hay fondos para cumplir con la norma sin comprometer el dogma del equilibrio fiscal, ya cuestionado por dudas sobre su «construcción».
El oficialismo insiste en que cumplir con la ley, respetar al Congreso y la Justicia, implica una erogación de 2,5 billones de pesos.
Esa ley (27.795), sancionada en 2025, ordenó, entre otros aspectos, una recomposición salarial: los sueldos de docentes y no docentes deben actualizarse retroactivamente según la inflación acumulada desde diciembre de 2023, y a eso agregarle una cláusula de ajuste mensual automática por IPC.
La ley también garantiza la operatividad de las facultades fijando la actualización de los gastos de funcionamiento (luz, servicios y mantenimiento) de acuerdo con la inflación del año anterior, con revisiones bimestrales.
A la vez, protege programas sensibles como las becas estudiantiles y el financiamiento de los hospitales universitarios, claves para la salud pública.
En términos de control, la legislación refuerza la transparencia mediante la obligatoriedad de auditorías periódicas a cargo de la Auditoría General de la Nación, que en rigor ya se venían realizando.
El Gobierno desoye
Después de que las dos Cámaras ratificaran la ley luego del veto presidencial, el Gobierno intentó frenar su aplicación mediante el Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución presupuestaria bajo el argumento de que la norma no especificaba de dónde saldrían los fondos. Y que ello violaba la Ley de Administración Financiera.
La insólita justificación oficial fue seguida de una serie de presentaciones judiciales por parte de las universidades y gremios, quienes acusaron al Estado de «abandono presupuestario».
En los tribunales, los libertarios apelaron sistemáticamente cada amparo otorgado a las instituciones educativas. El argumento recurrente de los abogados oficiales fue que la Justicia no tiene facultades para interferir en la política económica ni para obligar al Ejecutivo a realizar gastos que pongan en riesgo el superávit fiscal.
La Justicia dio ultimátum
El 31 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó los recursos del Estado. Los jueces calificaron los argumentos gubernamentales como «poco serios». Señalaron que el equilibrio de las cuentas públicas no puede utilizarse como excusa para desoír leyes nacionales que protegen derechos constitucionales básicos como el acceso a la educación y la ciencia.
Los camaristas hicieron suyas la argumentación de la primera instancia. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto de la ley en 0,23% del PBI. Para los jueces, se trata de «un ahorro poco significativo porcentualmente para el presupuesto global de gastos de la Administración Pública Nacional».
El fallo complica al ministro de Economía, Luis Caputo, que pisa envíos de fondos al Pami y subsidios al transporte, y retiene recaudación con fines específicos como la del impuesto a los combustibles, entre otros artilugios, para cumplir con la meta fiscal a pesar de la caída de la recaudación.
El proyecto de financiamiento universitario del Gobierno
La contra embestida de la Casa Rosada es un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición del Salario Docente que prevé tratar este año en el Congreso. Es una modificación, a la baja, de la ley aprobada por el Congreso en 2025.
El objetivo, según el texto enviado, es «armonizar las necesidades de financiamiento de las Universidades Nacionales» con «las reales posibilidades de financiamiento» del Presupuesto 2026.
Respecto a los salarios, esa iniciativa propone una recomposición escalonada con tres aumentos del 4,1% para docentes y no docentes a partir del 1º de marzo.
A diferencia de la normativa actual –que obliga a ajustar los haberes al menos en línea con la inflación medida por el Indec desde diciembre de 2023–, el nuevo texto elimina la garantía de actualización por IPC y también suprime la incorporación de sumas no remunerativas al salario básico.
Respecto a las paritarias, el proyecto mantiene la convocatoria obligatoria cada tres meses, pero elimina la cláusula que aseguraba una actualización mensual no inferior a la inflación.
De este modo, se flexibiliza el mecanismo de negociación salarial frente al esquema vigente, que establecía una referencia directa con la evolución de los precios.
En materia de financiamiento, la propuesta oficial establece que los gastos se cubrirán con partidas específicas para educación universitaria y, en caso de excedentes, con fondos de las Obligaciones del Tesoro.
Sin embargo, la ley actual ya contempla mecanismos para garantizar recursos sin afectar la coparticipación ni los aportes nacionales, incluyendo el uso de mayores ingresos fiscales.
En relación con los gastos de funcionamiento, el nuevo proyecto fija que las partidas se ajustarán sólo si la inflación supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto 2026, y elimina la recomposición correspondiente a 2024.
En contraste, la legislación vigente dispone una actualización automática según la variación del IPC, lo que implicaría un incremento cercano al 31,9%.
También se introducen modificaciones en áreas sensibles como hospitales universitarios, ciencia y técnica y extensión.
Mientras la ley actual prevé actualizaciones bimestrales atadas a la inflación durante 2025, el nuevo proyecto únicamente contempla un refuerzo de $80 mil millones para el sistema de salud universitario, sin mencionar el resto de las partidas ni establecer mecanismos de actualización periódica.
El rechazo al proyecto se expresó en una reunión realizada el 24 de febrero en la Cámara de Diputados, donde legisladores y representantes del sistema universitario cuestionaron la iniciativa.
En la misma línea, un informe del Centro de Investigación de Economía Nacional advirtió que el proyecto oficial no reconoce la recomposición salarial de 2023-2024, propone aumentos limitados para 2026, no garantiza actualizaciones por inflación y omite una recomposición integral de los gastos de funcionamiento.
Según ese análisis, mientras la ley vigente obligaría a destinar más de $2,7 billones adicionales a salarios en 2026 (un incremento del 63,68%), la iniciativa del oficialismo reduciría esa cifra a apenas $187.744 millones (4,3%), lo que implicaría una diferencia de alrededor de $2,5 billones que dejarían de percibir los trabajadores del sistema universitario público.
