“Loco dejame, tengo cuatro lucas en el bolsillo, son tuyas si me dejás rajar y aquí no pasó nada. No seas boludo. ¿Qué pensás que sos? Gil, dejame ir, porque si no la agarrás vos la voy a poner en la comisaría o en Tribunales; yo sé trabajar y tengo influencias, esto está todo manejado boludo, agarrá la plata que tengo debajo del pantalón y dejame a unas cuadras de aquí. Son unos giles, encima los voy a denunciar que me pegaron y que me sacaron plata, los voy a cagar hijos de puta”. La escena transcurrió once años atrás, en diciembre de 2007, según dejaron asentado efectivos de Infantería de la Policía de Rosario. Entonces Esteban Lindor Alvarado, el hombre del parlamento, tenía 30 años, cuando cayó in fraganti al robar un Fiat Duna en Cochabamba al 800. El texto figura en su única condena en territorio santafesino, a tres años de prisión en suspenso, para este hombre que, desde este sábado 1º, cuenta con pedido de captura como supuesto instigador del crimen de Lucio Maldonado, un prestamista que, como el ahora fugitivo, estaba vinculado con el rubro automotor y que fue ejecutado hace tres semanas.
En esta última década, Alvarado, conocido como Chuchino o Rengo, fue penado en provincia de Buenos Aires por delitos del mismo tenor, el robo en serie de autos para su desguace o melliceo, y su nombre resonó como uno de los jefes del narcotráfico en su zona de influencia, el oeste de Rosario, pero también de Santa Fe, con aceitados contactos incluso hasta en la provincia de Córdoba. También como un próspero comerciante dueño de una empresa de transporte; como el socio del asesinado Luis Medina, en un pedido de la Unidad de Información Financiera para que se lo investigara por lavado de dinero, tres años y medio atrás; como hermano de un hombre ya condenado por narcotráfico, a quien incluso le allanaron ahora una vivienda en el marco de la pesquisa por el caso Maldonado, y como hermano de una muchacha que, con su pareja, están procesados por la Justicia federal desde hace cuatro años como integrantes de una banda que proveía de cocaína y marihuana, además de drogas de diseño, a consumidores de alto poder económico.
Secuestro y muerte
Maldonado fue secuestrado por cuatro hombres armados frente a su casa de Garibaldi al 600 en los primeros minutos de la madrugada del domingo 11 pasado. Lo metieron en una Renault Kangoo y, según la pesquisa de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, lo llevaron hasta una quinta en el paraje Los Muchachos, sobre la ruta A012, en jurisdicción de Piñero. Se presume que allí lo mataron y que en la noche del lunes 12 lo tiraron a la vera de la autopista Aramburu, frente al barrio Las Flores, en medio de un cardal, donde sería hallado la mañana siguiente. Llevaba al menos 36 horas fallecido y le habían metido dos tiros en la espalda y otro en la nuca. En un bolsillo había una nota con una leyenda escrita con un fibrón: “Con la mafia no se jode”. Según un video aportado por familiares a la Justicia, los captores se llevaron el Chevrolet Cruze de la víctima al momento del secuestro, y horas después volvieron y lo dejaron estacionado frente a la vivienda. Antes, estuvieron media hora dentro de la casa.
Tras un operativo en la quinta de Los Muchachos, que la pesquisa considera es propiedad de Alvarado, se incautó documentación que, unida con tareas de inteligencia, disparó otros 14 allanamientos a inmuebles vinculados con este hombre. Esto incluyó su vivienda del barrio Funes Hills donde estaba su esposa, la sede de su empresa de transporte en la zona oeste, un domicilio donde se buscó a su hermano, y el ya conocido episodio en Condominios del Alto, donde el actual subjefe de inteligencia antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Rosario –quien en su destino anterior había sido custodio del Ministerio Público de la Acusación– recibió a los uniformados: dijo haber comprado el departamento y dos cocheras a un médico, y terminó apartado de su cargo.
En la quinta de Piñero habían encontrado comprobantes de pago de los servicios de ese mismo inmueble, todos correlativos, a nombre de una tercera persona. Aunque hay distintas hipótesis sobre el móvil del crimen, la Fiscalía considera que existen elementos para imputarle a Alvarado la instigación, por lo cual pidió su captura en las últimas horas. La Fiscalía considera que, más allá del avance de la causa por el homicidio, hay elementos como para instruir un proceso por delitos económicos, habida cuenta de la profusa documentación incautada en el operativo del pasado 29 de noviembre.
Dos hermanos
Un año antes de caer preso por el robo del Duna en el macrocentro de Rosario, allá por 2006, una investigación de Gendarmería iniciada en Corrientes que, por extrañas circunstancias, terminó en condenas en territorio santafesino, mencionó a Alvarado como parte de un entramado de bandas de distintas provincias que se reunían en la ciudad de Clorinda, fronteriza con el Paraguay. Según aquella pesquisa, dos hermanos rosarinos, “Esteban” y “Gustavo”, serían “los encargados de la logística de la organización, quienes poseerían aeronaves y un hangar en las proximidades de Rosario”. Sin embargo, ninguno de los nombres que figuraban al inicio de la investigación llegó al momento del fallo, en 2015, lo que fue cuestionado sin éxito por las defensas de los sentenciados: el dueño de una avioneta, formoseño, un productor rural santiagueño y un piloto paraguayo. El expediente en cuestión juzgó el secuestro de 1.300 kilos de cannabis de la variedad Pinito Puro 100% incautados en Pozo Borrado, en el norte de Santa Fe, el 17 de abril de 2007, en una ruta de la marihuana que, según una hipótesis de la pesquisa, incluso terminaba en Chile.
Los mencionados en el caso, afirman desde Gendarmería, eran Alvarado y su hermano, Gustavo “Tuerto” Ramos. Seis días antes del operativo en Pozo Borrado Ramos había caído preso con otros tres hombres en la ruta 9, cerca del peaje de la localidad santafesina de Correa, en el marco de otro procedimiento federal con epicentro en Córdoba, que dejó como saldo la incautación de 116 kilos de marihuana, tras el secuestro de una avioneta incendiada en la localidad mediterránea de Quilino, dos años antes. También cayeron otros dos rosarinos y un piloto de avión cordobés. La droga (se presume que en total eran 500 kilos) había arribado, el 13 de marzo, a un campo de la localidad cordobesa de Noetinger y fue luego trasladada a Landeta, en el departamento santafesino de San Martín.
Según el fallo de la Justicia federal cordobesa, el jefe de la banda era Mario Baldo, un productor agropecuario que a la vez era piloto de avión y también de rally, quien recibió 12 años de cárcel, el mismo monto que Ramos. Se los consideró cabezas de la organización que contrabandeaba marihuana desde el Paraguay y que incluso tenía el aporte de otro piloto de avión, integrante de la Patrulla Aérea de la Policía cordobesa. En el juicio, Ramos admitió que siempre había contrabandeado cigarrillos, pero jamás marihuana. El tribunal consideró que era el encargado de vender y distribuir la droga. En una escucha, uno de los acusados le dice a Ramos: “Hacé desaparecer los repuestos”, lo que fue interpretado como una referencia a la droga, que al ser incautada fue identificada, también, como de la variedad “Pinito Puro 100%”.
Ambos procedimientos, en Pozo Borrado y Correa, desencadenaron entonces una purga en la Dirección de Drogas Peligrosas santafesina, en la que 35 efectivos fueron desplazados. En otro episodio con vínculo policial, Ramos protagonizó un confuso caso, en el primer semestre de 2010, mientras estuvo detenido en la Alcaidía de la Jefatura de Rosario cumpliendo la condena de la Justicia federal cordobesa: se abrió una investigación federal para determinar si los policías lo dejaban salir todas las noches y si continuaba con la venta de drogas, en conjunto con un uniformado, según la información aportada por el fiscal federal Carlos Gonella a su par rosarino Federico Reynares Solari.
Rubro automotor
Ramos había sido detenido por la Policía de Rosario un mes antes de caer en el peaje de Correa, en marzo de 2007, en el desarmadero de su hermano, en Chaparro al 1100 (en la zona de Mendoza al 7700). Una investigación de la comisaría 2ª sobre el robo de una cupé Ford Taunus en el centro derivó en el hallazgo de tres autos que, según la acusación, estaban listos para que les cambiaran el número de chasis, lo que en la jerga del hampa se conoce como poncho. Ambos, el Tuerto y Chuchino, fueron indagados por encubrimiento agravado de robo automotor. Por entonces, Ramos tenía antecedentes por lesiones y robo calificado.
En noviembre de 2006, Alvarado fue preso en San José de la Esquina mientras escoltaba en una Ford Ranger un minibús Kia robado en Echesortu cinco meses antes. Para entonces, tenía un par de causas por tenencia de arma de guerra y una de lesiones y daño de 1998; además estaba mencionado en un oscuro asalto que terminó con un policía baleado en la casa del dueño de otro desarmadero, en 2002, en barrio Belgrano. También fue imputado tras el espectacular golpe al hipermercado Makro, en 2004, recordado porque incluyó un tiroteo con la Policía cuando el lugar estaba lleno de gente, porque pese a que la banda era monitoreada vía escuchas telefónicas y sus integrantes cayeron in fraganti nunca aparecieron las armas, y porque un policía sacó del lugar del robo a un asaltante escondido en el baúl de su auto particular.
Banda de los Rosarinos
En su última gran causa, Alvarado fue detenido por Gendarmería en agosto de 2012 en Rosario bajo acusación de liderar una banda de ladrones de autos que operaba en el norte del conurbano bonaerense y los traía a territorio santafesino para cortarlos. La Justicia bonaerense lo acusó y condenó por asociación ilícita en un proceso abreviado a 6 años y medio de cárcel, pena que cumpliría en los próximos dos meses, ya en libertad condicional.
En el medio, el fiscal que llevó adelante el caso, Patricio Ferrari, ordenó incautarles a los integrantes de la llamada Banda de los Rosarinos liderada por Chuchino numerosos teléfonos celulares en el penal VIP en el que estaban dentro de la cárcel de Campana, a través de los cuales Alvarado seguía manejando el negocio del robo y desguace y, según se desprende de las escuchas que fueron difundidas en forma profusa por los canales porteños, el de drogas. Incluso un video mostraba una avioneta cuya propiedad le atribuían. Tras una comunicación del funcionario judicial bonaerense, en los Tribunales de Rosario se abrió una causa para investigar a uniformados santafesinos por encubrimiento, enriquecimiento ilícito y denegación y retardo de Justicia.
