Esteban Lindor Alvarado está preso en Buenos Aires acusado de ser el líder de la denominada “Banda de los Rosarinos”, dedicada al robo de autos en el norte del conurbano bonaerense. Pese a que hace un par de semanas circula la información de que recuperó la libertad y volvió a Rosario, sigue detenido en un penal de la provincia de Buenos Aires esperando que se resuelva la apelación tanto de la Fiscalía como de la defensa.
Adrián Murcho, abogado de Alvarado, no está de acuerdo con la calificación legal que recayó sobre su cliente. Los planteos se dieron en medio información errónea emitida por autoridades del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que manifestaron a distintas agencias de noticias nacionales su preocupación por la “reciente liberación” de Alvarado”.
Ayer, el defensor del rosarino debió salir a aclarar que su cliente continúa detenido.
Télam informó anteayer que las autoridades santafesinas manifestaron estar preocupadas por la reciente liberación de Alvarado (daban cuenta que se había producido el 2 de junio) porque además del robo automotor se lo vincula en Rosario con el narcotráfico. Sin embargo, la misma agencia citó ayer a fuentes de la Justicia de San Isidro quienes aclararon que “El Esteban”, de 38 años, continúa detenido en el penal de Urdampilleta. Lo mismo hizo su abogado defensor Murcho: “Es cierto que hace poco que se conoció el fallo que homologó el juicio abreviado y dejó a Alvarado condenado a seis años y seis meses de prisión, pero aún no ha recibido ningún tipo de beneficio, ni la libertad asistida, ni las salidas transitorias, ni nada. Está preso en Urdampilleta, no en libertad”, aseguró Murcho a El Ciudadano. El letrado aclaró además que la reciente sentencia contra Alvarado fue apelada tanto por el fiscal, quien además pidió que se le acumule la actual condena con otra anterior de 2007 a tres años en suspenso dictada en Rosario, como por él, quien criticó la calificación legal que impuso el juez de la causa. “La resolución está recurrida en casación penal y mi cliente sigue detenido en el penal de Urdampilleta”, aseguró.
Por su parte, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari, quien lo encarceló en 2012 como cabecilla de una organización que mandaba a robar autos a localidades del norte del Gran Buenos Aires para reducirlos y venderlos en Rosario, apeló el fallo que le redujo la pena a Alvarado y que les permitió recuperar la libertad a ocho de los diez integrantes de la banda.
Ferrari había pactado penas con todos los imputados, pero se enteró de que ocho de los acusados habían sido liberados cuando de casualidad se cruzó con uno de los imputados en su fiscalía.
Con la defensa de Alvarado, el fiscal había acordado siete años de prisión para que reconozca ser el jefe de la asociación ilícita y por los hechos de zona norte, pero esperaba que se le unifique en 10 años de cumplimiento efectivo por una pena de tres años de ejecución condicional que “El Esteban” venía arrastrando de Rosario. Sin embargo, el magistrado no unificó las condenas y sólo lo dejó condenado por tres de los 12 hechos que a él se le atribuían.
El fallo es del juez Marcelo García Helguera, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro, a quien Ferrari criticó en su apelación ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense porque cambió los términos que él había acordado en 2014 con las defensas al pactar los juicios abreviados y por haber absuelto a la banda en 32 de los 50 hechos delictivos por los que él los acusaba.
“Caracterizado por la nula argumentación; la contradicción permanente en algunos tramos de la pobre sentencia y la fragmentación de la evidencia como una matriz de trabajo, opta por dictar un fallo que cuanto menos asusta”, señala Ferrari sobre el juez García Helguera.
En el recurso de Casación, el fiscal también criticó al juez por “la inexplicable y asombrosa tardanza” de los dos años que se tomó para dictar sentencia cuando él tenía pactado los abreviados desde 2014, por su “nula o escasa fundamentación”, por su “ausencia de visión global” y por sus resoluciones “antagónicas y contradictorias”.
La investigación de la “Banda de los Rosarinos” se inició en 2011 cuando, a través de escuchas telefónicas, Ferrari descubrió que algunos autos robados en San Isidro eran llevados a Rosario para allí ser reducidos para el mercado de las autopartes o para ser “reempapelados” y vendidos.
Las escuchas telefónicas revelaron además los vínculos y la protección que Alvarado tenía con ciertos sectores de la Policía rosarina, razón por la que cuando hizo los 27 allanamientos para ir a detener a su banda, Ferrari recurrió a la Gendarmería.
En esos allanamientos, el fiscal encontró más de un millón de pesos en el horno de un quincho de una de las propiedades de Alvarado. También secuestró computadoras y celulares donde se hallaron algunos videos sospechosos de avionetas aterrizando y despegando en caminos rurales usadas como pistas clandestinas.
En 2013, Alvarado, Walter Ramón Bucci, de 38 años, y Gabriel Antonio “Peto” García, de 45, ganaron notoriedad cuando Ferrari allanó la Unidad 21ª de Campana donde estaban presos y descubrió que tenían una celda VIP con TV, PlayStation, DVD, aire acondicionado, freezer y celulares con los que continuaban manejando sus negocios en Rosario.
