Esteban Lindor Alvarado, de 42 años y sindicado como líder de una organización criminal que contaba con gran cantidad de policías como integrantes, junto con algunos de sus lugartenientes y soldados tuvieron este viernes la audiencia preliminar, la última medida previa al debate oral donde un juez controlará la validez de la investigación y se discutirá la calificación legal y las pruebas. Esta audiencia se prolongará por otras cinco jornadas.
Según la acusación fiscal, que impulsa Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, el ex convicto por robo de autos y procesado por narcotráfico Alvarado y cuatro de sus laderos deberán enfrentar un juicio oral y público por los atentados al edificio de los Tribunales provinciales, del Centro de Justicia Penal cometidos en diciembre de 2018, al ataque a la casa de una integrante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de enero de 2019, los homicidios del prestamista Lucio Maldonado, del joven Cristian Enrique (sólo en estos dos está encausado Alvarado) y del empleado de una distribuidora Cristian Beliz, el triple crimen de Granadero Baigorria, y además enfrentan cargos bajo la figura de asociación ilícita.
La Fiscalía adelantó que pedirá la pena de prisión perpetua para cuatro de ellos, entre los que está este hombre cuya figura fue creciendo dentro del mundo delictivo en oposición a la banda de los Monos, Alvarado, y 15 años de cárcel para el cuidador de la quinta de la localidad de Piñero del mandamás de la banda, a quien sindican como participe secundario del secuestro y ejecución de Maldonado.
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Si bien en la causa había 29 imputados como miembros de la organización, donde están incluidos siete policías y hasta el propio abogado de Alvarado, Claudio Tavella, muchos de ellos ya aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos abreviados; incluso algunos de los integrantes fueron asesinados, como Nicolás «Fino» Ocampo, acribillado en la puerta de su casa en abril pasado.
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La Fiscalía pretende enjuiciar a Esteban Lindor Alvarado como jefe, al sindicado sicario Mauricio Laferrara, a Matías Ávila (primo de la ex pareja de Mauricio), a Germán Facundo Fernández y a Facundo Almada, el cuidador de la quinta de Piñero donde se presume que fue torturado y ultimado Maldonado.
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La acusación
El 11 de noviembre de 2018, un grupo de personas secuestró y asesinó a Lucio Maldonado. Su cuerpo fue hallado en un descampado a la vera de la autopista Rosario-Buenos Aires, frente al barrio donde Los Monos edificaron su poder, Las Flores. Tenía cuatro tiros en la cabeza, estaba maniatado y con un cartel que decía: “Con la mafia no se jode”. Para los investigadores, la víctima estuvo retenida en una quinta de Alvarado en el parador Los Muchachos, en jurisdicción de Piñero, departamento Rosario.
Para la Fiscalía, Alvarado fue instigador del crimen. Edery y Schiappa Pietra sostuvieron que los indicios recolectados determinaron que contactó a Laferrara y Almada –quien vivía en la quinta y se ocupaba de mantener los caballos– para que cometieran el hecho.
En tanto, indicaron que ambos tenían una relación económica de dependencia con Alvarado y de absoluto poder e influencia. Para la acusación, Mauricio Laferrara fue uno de los autores materiales del asesinato junto con Matías Jesús Ávila y Germán Facundo Fernández. Además, especificaron que Laferrara llamó a Almada la noche del crimen para que fuera a ayudarlos cuando la víctima ya había sido secuestrada al llegar a su casa de bario Tablada.
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El contexto y el auto de Maldonado
El crimen del prestamista Maldonado se produjo a finales de 2018 tras una serie de balaceras a edificios judiciales que fueron adjudicados a la banda de Los Monos, y otros ataques que continuaron tras el homicidio.
Según la investigación, Maldonado y Alvarado tuvieron diferencias por un negocio con un terreno de Roldán, con el cual el segundo pretendía quedarse, pero el prestamista se le había adelantado.
Tras el secuestro de Maldonado, en el que lo subieron a un utilitario y se llevaron el auto en el que la víctima había llegado hasta su casa, se determinó a través del GPS que ese coche había estado al menos una hora en la quinta, que está a nombre de los hijos menores de edad de Alvarado.
Para los fiscales, esta fue la punta del iceberg para descubrir una compleja asociación ilícita con varios engranajes que tenía distintos estamentos y roles, de los que se destacan tres. Una fracción dedicada a cometer delitos y ejercer violencia, otra se encargaba de la faz económica que a través de testaferros blanqueaba dinero con sociedades anónimas y financiaba a la banda. La tercera estaba enfocada a lograr impunidad y integrada por jefes y efectivos policiales junto a un abogado.
El otro espaldarazo que tuvo la investigación fue la presentación espontánea de un testigo de identidad reservada que había sido amigo de Alvarado, pero el vínculo se rompió tras un problema al parecer sentimental entre el testigo y la ex mujer de éste. Todas las evidencias avanzaron contra Alvarado sobre una instigación del crimen del prestamista a la vez que dejaron al descubierto el funcionamiento de la organización criminal.
Alvarado, quien al ser declarado prófugo a finales de 2018 por el crimen de Maldonado, cumplía en libertad condicional los últimos días de una condena a seis años y medio de cárcel por el robo de autos en el conurbano bonaerense que se desarmaban en Rosario –la llamada banda de Los Rosarinos–. Está detenido desde febrero de 2019, cuando le secuestraron un celular que había tirado al agua al ser apresado en Córdoba.
A finales de ese mes, ese móvil fue abierto en Estados Unidos y, de allí, los peritos extrajeron 4.500 audios de la aplicación Telegram. Tras su análisis surgió la información de una serie de maniobras que intentaban achacar la responsabilidad por el homicidio de Lucio Maldonado en otras personas.
También Alvarado enfrentará este año un juicio oral en la Justicia federal por el transporte de 500 kilos de marihuana al sur del país.
Los fiscales explicaron que Alvarado montó una coartada falsa respecto del crimen para desviar la investigación hacia la banda de Los Monos.
A modo de ejemplo, contaron que creó una falsa vinculación entre el testigo protegido y Leandro «Chuno» Olivera, quien se encontraba prófugo como autor de las balaceras previas a edificios públicos cuya instigación está sindicada al líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero y parte de su entorno.
Edery y Schiappa Pietra dijeron que a través de funcionarios policiales que integraban el grupo de investigadores filtraron información falsa sobre una presunta relación entre estos hombres a través de un triangulación de llamados telefónicos para vincular al clan Cantero con el homicidio del prestamista.
El alfil más violento
Mauricio Laferrara apenas supera los 20 años; es hijo del chatarrero Jorge, ex socio y luego contrincante del anterior líder de Los Monos Ariel «Viejo» Cantero, con quien compartió una causa penal por drogas en la que ambos fueron condenados en Corrientes. Mauricio tiene en su haber acusaciones por media docena de crímenes.
Además del de Maldonado, la Fiscalía le achaca el triple crimen de Granadero Baigorria en abril de 2018, cuando fueron asesinados los hermanos Ezequiel «Parásito» y José «Grasita» Fernández, además de Gerardo «Abuelo»Abregú, todos pertenecientes a las filas de Los Monos, según la Fiscalía.
También se lo vinculó con el secuestro y asesinato de Cristian Enrique, cometido el 23 de octubre de 2018 cuando el joven estaba en un auto con su novia parado en la esquina de Las Tacuaritas y El Ceibo a metros de su casa, en el barrio Cabín 9. Cuatro hombres con ropas policiales se bajaron y se lo llevaron. Veinte días después su cuerpo apareció en un descampado en la ruta 14.
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Además, Mauricio sumó el intento de asesinato de septiembre de 2019 contra su tío Oscar «Manco» García, quien, según la pesquisa, no quería venderle la distribuidora de bebidas a Alvarado. En ese ataque, protagonizado por varias personas armadas que llegaron hasta Constitución al 5100 en una camioneta, mataron a un empleado del local, Cristian Beliz. Mauricio cayó el 18 de octubre de 2019 con medio kilo de cocaína, 2 millones de pesos y 60 mil dólares en un departamento de 9 de Julio al 3300.
Balaceras
La audiencia desarrollada este viernes ante el tribunal integrado por Silvia Castelli, Melania Carrara y Valeria Pedrana pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles; durante cinco jornadas la Fiscalía ventilará el resto de los hechos endilgados a la banda, que están vinculados con distintas balaceras a edificios o funcionarios judiciales.
En diciembre de 2018, tras la saga de intimidaciones públicas atribuidas a Los Monos, se produjeron dos atentados simultáneos, uno en los Tribunales provinciales, en avenida Pellegrini y Balcarce, y el otro en la sede del Centro de Justicia Penal, en Mitre y Virasoro, donde aparecieron carteles con la leyenda: “Con la mafia no se jode”.
En enero de 2019, el blanco fue una funcionaria del MPA, a quien a mediados de mes le dejaron en la puerta de su casa una cabeza de perro y, a finales de ese mes, le balearon el frente de la propiedad.
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La larga sombra del Esteban
Cuatro personas vinculadas con Alvarado fueron víctimas de ataques en los últimos meses. Antes de ser asesinado, Fino Ocampo había sufrido hacía siete meses un atentado, en agosto del año pasado, cuando le acribillaron el frente de su casa de Ocampo al 6600, donde luego lo matarían.
Mariana Ortigala, hermana de un testigo protegido de la causa, en marzo de 2019 fue blanco de un ataque con 27 disparos, de los cuales cuatro la hirieron.
Leandro Suárez es otro de los atacados: tiene un negocio de venta de automotores cuyo frente fue blanco de media docena de impactos.
El 28 de enero pasado, el mecánico Carlos Argüelles, testigo protegido en el caso Alvarado, salió con su Ford EcoSport de su taller ubicado en Constitución y Garay con su familia. Hizo unas quince cuadras y al llegar a Gaboto al 5500 fue atacado a tiros por los ocupantes de un auto Suzuki Fun. Tres balazos dieron en el parante y la puerta del acompañante del coche. Si bien no resultó con heridas de consideración, uno de los proyectiles le rozó la cabeza.
