“No es un momento ni para mezquindades ni para tironeos, hay que privilegiar las decisiones políticas que nos muestren trabajando juntos para aliviar la carga que tiene la gente en este momento”. De esta manera, el ministro de Gobierno de la provincia Esteban Borgonovo sintetizó el avance legislativo de la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de ART y el encuentro que mantuvieron días atrás con el Frente Progresista, la principal fuerza opositora. En momentos en que a nivel nacional la oposición intenta sacar tajada de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, el funcionario santafesino celebra que en la provincia haya “un clima distinto”. Todo esto en un escenario complicado, donde la pandemia resintió la economía, que ya venía en baja: “A veces es necesario explicar para que todos entiendan que más allá de las legítimas reivindicaciones de los distintos sectores, el Estado está cumpliendo con sus obligaciones en un contexto muy difícil en el que tiene menos recursos y más exigencia”.
En diálogo con El Ciudadano, el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad se refirió, además, al plan provincial para rescatar a Vicentin donde este miércoles el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, citó a las partes para acercar posiciones. En ese sentido, Borgonovo contó que la provincia se mantiene en la idea de una intervención que desemboque en una empresa mixta: “Si no hay un plan de negocios de rescate, va a ser imposible evitar la quiebra”.
Pero además, el ministro no esquivó el tema seguridad, una preocupación siempre latente que en los últimos días cobro mayor magnitud por el rebrote de violencia y el incremento de homicidios. Más allá de que indicó que “es una de las preocupaciones más presentes que tiene el gobierno desde el primer día” también consideró que “si no hay un cambio en las condiciones sociales y culturales, es muy difícil pensar que se pueda dar una solución estrictamente policial”.
—Tras los intentos en la gestión anterior, esta vez el proyecto de adhesión a la ley nacional de ART tuvo media sanción en Senadores y si bien aún falta el tratamiento en Diputados, ¿creés que se puede aprobar finalmente?
—Hubo varias iniciativas en el período anterior, así que nosotros pensamos que es probable que se apruebe, y que además estamos en una coyuntura económica y social particular en el que el contexto para las pyme es muy importante. Entonces me parece que va más allá de un partido, hay un consenso en general en las fuerzas políticas en este sentido. El ministro de Trabajo (Roberto Sukerman) hizo también una ronda de conversaciones desde el inicio mismo, que se continuó después que el proyecto se había enviado al Senado, y en función de eso se hicieron algunas modificaciones. También es posible que pueda haber algún retoque en el tratamiento en Diputados, eso no se puede pronosticar. Pero me parece que hay una intención mayoritaria de sacarlo.
—Después de lo que fue un arranque complicado entre el gobierno y la Legislatura, ¿este puede ser el inicio de una mejor relación, teniendo en cuenta no solo a la oposición sino al propio peronismo?
—Creo que va mucho más allá de esta ley, me parece que hay otro clima en general. Esta semana que pasó tuvimos la reunión con el Frente Progresista, y también con los 12 senadores del justicialismo. Hay un clima distinto en ambos casos, lo cual nos parece realmente muy propicio y muy adecuado dado la dificultad del momento. Como dijo el gobernador Omar Perotti, no es un momento ni para mezquindades ni para tironeos, hay que privilegiar en general las decisiones políticas que nos muestren trabajando juntos para aliviar la carga que tiene la gente en este momento. Y eso es en lo político y en lo legislativo.
—¿Cómo fue esa reunión con los referentes del Frente Progresista?
—Muy buena, yo rescato mucho el tono de la reunión. De los encuentros que ha habido hasta ahora, fue uno de los más cordiales. Me parece que también hay una consciencia de que hay un momento bastante particular que se está viviendo a nivel nacional entre oficialismo y oposición, con una relación que está muy tensa, donde se juegan cosas feas y se apela inclusive a presentar un crimen como político o institucional. En definitiva, me parece que en Santa Fe los actores políticos, más allá de las diferencias, tenemos consciencia de que hay que preservar un piso de juego limpio, de respeto, de diálogo, una calidad institucional que la provincia ha mantenido desde el ‘83 hasta la fecha y que nosotros queremos preservar.
—La pandemia agravó el contexto económico, desde todos los sectores se reclama asistencia: municipios, comunas, empresas, trabajadores. ¿Cómo se encara la reconstrucción?
—Es un panorama complicado por la falta de actividad económica que ya veníamos arrastrando del gobierno nacional anterior, de los últimos años, más las dificultades propias de la provincia que recibimos nosotros y sobre eso la pandemia. Hay un porcentaje muy alto de la actividad privada que no está trabajando y eso hace que no puedan pagar impuestos y aportar recursos a la caja. Pero a la vez, esos mismos sectores que no están trabajando requieren asistencia del Estado porque en muchos casos, sobre todo en medianos y pequeños, no tienen posibilidades de sustento. Entonces el Estado está sometido a esa doble llave, por un lado no recibe recursos y por otro lado tiene más demanda. Esto es lo que a veces es necesario explicar para que todos entiendan que más allá de las legítimas reivindicaciones de los sectores, del empleo público, etcétera, el Estado está pagando, a veces no con la rapidez que quisiera pero está pagando los sueldos, los aguinaldos, cumpliendo con sus obligaciones en un contexto muy difícil en el que tiene menos recursos y más exigencia.
Intervención de Vicentin
—¿En qué situación se encuentra el denominado “plan Perotti” para rescatar Vicentin?
—Ahora tenemos una oportunidad en una audiencia que convocó el propio juez Lorenzini para el miércoles donde están citados representantes de la empresa, del gobierno a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y la Sindicatura del concurso. Tenemos expectativas en que pueda ser un punto que permita ir vislumbrando una salida. Más allá de las cuestiones jurídicas, si no hay un plan de negocios de rescate a la empresa, va a ser imposible evitar la quiebra. Entonces lo que el gobierno de la provincia prioriza es el rescate de la empresa, el mantenimiento de las fuentes de trabajo, la posibilidad de seguir contando con una empresa nacional de esa magnitud en un negocio tan importante como el de granos y que para esta provincia en particular es clave.
—¿La provincia sigue en la postura de una intervención que luego desemboque en una empresa mixta?
—Sí, sigue habiendo diálogo con todos los actores involucrados, que son muchos y con diferentes características, de corredores, acopiadores, productores, proveedores, cooperativas, bancos, etcétera. De manera tal que hay un sinnúmero de actores que hay que poner de acuerdo en la medida en que exista una salida auténtica porque si no hay posibilidades de tener un plan de negocios auténtico, con financiamiento auténtico, y que permita que este grupo pueda seguir funcionando, no va a haber solución. En ese sentido, el gobierno de Santa Fe propicia una salida con participación de otros actores, es fundamental por supuesto el apoyo del gobierno nacional en este sentido. Bueno, veremos si lo que hasta ahora no se ha logrado por la vía contenciosa, puede ser una alternativa por la vía de la negociación.
—Está claro que es sin la conducción del directorio actual.
—Nosotros pensamos que evidentemente si hay una negociación de este tipo, tiene que ser a partir de que el control de la empresa pase a estar en manos de todos los que van a aportar los fondos necesarios.
Rebrote de violencia en Rosario
—A pesar de la cuarentena, hubo en Rosario un rebrote de violencia. Teniendo en cuenta que la seguridad fue un eje fuerte de campaña de Perotti, ¿hay una especial preocupación en este sentido?
—Siempre, por supuesto. No hay ninguna duda, es una de las preocupaciones más importantes y más presentes que tiene el gobierno desde el primer día. Hace poquito hubo un nuevo encuentro entre el área de Seguridad y el intendente de la ciudad (Pablo Javkin) justamente por este rebrote. Esperemos que las medidas que se están tomando empiecen a generar resultados.
—Es difícil obtener resultados inmediatos cuando se trata de seguridad.
—Es una situación difícil, no hay ninguna duda. Hay niveles de violencia en la sociedad que tienen distintas causas, los propios crímenes que vemos en los diarios son de diferente naturaleza. En algunos casos, lo decía estos días un periodista, el accionar de la policía tiene un pacto; en otros depende un contexto social y a veces hasta familiar en el que si no hay un cambio en las condiciones sociales y culturales, es muy difícil pensar que se pueda dar una solución estrictamente desde el punto de vista policial. Así que el abordaje del gobierno es integral. A nosotros nos interesa tener políticas sociales, brindar proyectos de vida a la gente joven. En este caso el área de Desarrollo Social tiene un rol fundamental a cumplir.
—El ministro de Seguridad Marcelo Saín dijo que la Justicia Federal “está pintada”, ¿es la pata institucional más floja?
—Nosotros quedamos a la expectativa y somos muy optimistas con las definiciones del presidente Alberto Fernández cuando estuvo en marzo en la ciudad y abogó por la creación de más fiscalías, más juzgados, no solo en Rosario sino en San Lorenzo y en otros puntos de la provincia. Evidentemente hay que reforzar el aparato de la Justicia Federal porque el desafío que tenemos es muy grande. Hay que tener estructura y cuadros con una capacidad como para intervenir cuando la situación es tan conflictiva como la que tenemos acá. Así que esperamos que eso avance, que Santa Fe sea la próxima provincia donde se implemente el nuevo Código Procesal Penal Federal.
