Este viernes 12 miembros de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín y de la lista Celeste y Blanca del trabajadores portuarios del Cordón Industrial se volverán a movilizar a los Tribunales Federales de Rosario para reclamarle al juez federal Marcelo Bailaque el fin de la intervención y la normalización de la institución. La protesta está convocada para las 9.30 en bulevar Oroño al 900 en simultáneo con la expiración del plazo de intervención, que por decisión judicial se fue extendiendo desde que la Cooperativa fuera puesta bajo tutela judicial, en agosto de 2019.
“Cansados de la corrupción de los que buscan perpetuarse en la casa de los estibadores, los socios de la entidad portuaria marcharemos hacia el juzgado federal con carteles que que indicarían que la Cooperativa es de los socios, no del juez ni de los políticos”, manifestaron integrantes de la agrupación Miguel Ru. La corriente afirma que reúne a más de un centenar de los 130 asociados de la institución y viene pidiendo, sin lograrlo, la convocatoria a una asamblea para la normalización. Pero a la par también denuncian desmanejos por parte de la intervención, por lo que piden además el apartamiento del juez Bailaque: “Hizo la vista gorda”, sostienen los integrantes.
La situación de la cooperativa cambió radicalmente un año y medio atrás, cuando el juez federal de Campana Adrian González Charvay ordenó una treintena de allanamientos y detuvo al histórico sindicalista Herme Juárez por lavado de dinero, extorsión, y otros delitos. Juárez estaba al frente de la cooperativa desde 1969, ocho años después de su fundación, y era el secretario General del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos del Cordón.
Desde entonces, los opositores a Juárez reclaman la normalización, y denunciaron a los dos interventores al frente de la institución, el abogado Juan Schaer primero, y quien lo sucedió hasta ahora, el economista Roberto Pasqualino, de la Universidad de Buenos Aires. En un escrito denunciaron “maniobras ilegales de los interventores, y la complicidad del juez en permitir la fuga de 150 millones de pesos a mutuales pertenecientes a amigos que quieren hacerse cargo de la caja de la cooperativa”, cuyo radio de acción abarca todo el Cordón Industrial hasta Ramallo, provincia de Buenos Aires.
