Nueva Unidad de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego se llama el flamante programa del gobierno de Santa Fe que tiene como objetivo un mayor control sobre la circulación de armas en la provincia. El plan fue anunciado durante la mañana de este miércoles en la Sede de Gobernación por el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. La iniciativa incluye un sistema de recompensas por la entrega de datos que ayuden a desbaratar el mercado negro de armas de fuego, con montos que oscilan entre 10.000 pesos y 250.000. En territorio santafesino, se estima, existen 100.000 armas registradas, y por cada una de ella hay dos no registradas.
El plan de la provincia –según anunciaron los funcionarios– viene a reforzar el control que ejerce sobre las armas de fuego desde 1973 el organismo nacional ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados, ex Renar) y estará destinado a la fiscalización de armerías, clubes de tiro y cotos de caza. “Vamos a asumir un control en conjunto con los municipios para, de manera conjunta, hacer una verificación permanente de cómo se manejan esos circuitos de venta tanto de armas como de municiones. También vamos a requerir información sobre todas las personas que en Rosario y Santa Fe tienen autorización legal para poseer armas”, especificó Lifschitz.
“Hay dos problemáticas vinculadas con la violencia y el delito en estos tiempos. Tenemos que abordarlas si queremos mejorar las condiciones del contexto y bajar los niveles de violencia”, comenzó su discurso Lifschitz, para enumerar: “Uno es el narcotráfico, particularmente el narcomenudeo, la distribución de drogas en los barrios, que termina generando recursos económicos que se vuelcan en economías ilegales y que alimentan los circuitos de violencia”. Y agregó: “Pero tampoco ese nivel de violencia sería posible sin la presencia de armas de grueso calibre o de guerra, que son las que llamativamente llegan a las manos de muchos de los grupos con bastante facilidad y que les permiten tener alto nivel de letalidad en sus acciones delictivas”.
El mandatario se refirió siempre presente presunción de que las armas que conforman el mercado negro pertenecieron alguna vez a las fuerzas policiales: “Siempre hubo una sospecha de que armas policiales podrían estar alimentando los circuitos ilegales. Hoy podemos asegurar que esto no es así. Esas armas están perfectamente determinadas y en cualquier caso de que fueran usadas serían rápidamente detectadas”.
“Para eso hemos transitado un camino que tiene que ver con tomar el control estricto sobre el armamento que está en manos del Estado”, expuso el gobernador.
Pullaro, por su parte, expuso que “para poder llegar a este punto durante estos 33 meses de gestión trabajamos fuertemente, primero en tener una correcta fiscalización de lo que son los arsenales que tiene la Policía de la provincia de Santa Fe haciendo profundas auditorías”.
“Llevamos adelante, en un hecho inédito en la provincia y en la República Argentina lo que son las pericias balísticas en las diferentes armas de puño que tienen los efectivos de Policía llegando a fiscalizar, teniendo la pericia balística de la bala y del casquillo, 14 mil armas que corresponden a nuestro personal policial de calle”, agregó el titular de la cartera de Seguridad.
El plan de desarme incluirá un sistema de recompensas para aquellas personas que denuncien la existencia de lugares donde estén resguardadas o escondidas armas ilegales. Durante la conferencia se anunció que los montos oscilarán entre 10.000 y 250.000 pesos “en función de la cantidad de armas y municiones que puedan ser encontradas”.
