En los últimos 12 años, los gobiernos municipales enfrentaron una profunda transformación devenida de la descentralización de responsabilidades y recursos, lo que robusteció su posición como la primera ventanilla del Estado. Ahora, se abre una nueva etapa en la que seguramente los municipios deberán consolidar la estructura política y fiscal, sosteniendo una mayor interacción de los tres niveles de gobierno –local, provincial y nacional– que fortalezca el entramado social y productivo en el país. En la búsqueda de los ejes que hacen al futuro de los gobiernos locales, la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación (SAM) impulsó la realización del “1º Estudio nacional sobre la cuestión fiscal municipal. La estructura de la recaudación municipal en la Argentina: alcances, limitaciones y desafíos”.
A través del relevamiento de 180 municipios de todo el país, el estudio arrojó datos relevantes sobre la situación fiscal de los gobiernos locales comparando los períodos 1993-2002 y 2003-2013, considerando conjuntamente aspectos financieros, legales y de gestión pública.
Un aspecto central es que los recursos propios de los municipios alcanzan solamente el 40 por ciento de los ingresos totales. El estudio indica que “esto implica que los municipios argentinos poseen una gran dependencia de las transferencias provenientes de los niveles superiores de gobierno, ya que con los recursos propios obtienen solamente dos de cada cinco pesos de su presupuesto”. Y agrega que la “autonomía municipal” instaurada en la Constitución Nacional del 94 “aún representa un debate no saldado para el régimen municipal”.
Ante la ausencia de información protocolizada y de estadísticas sobre la cuestión fiscal, a partir de la cual diseñar políticas públicas desde el Estado Nacional para ayudar a las ciudades a recaudar mejor, la Secretaría de Asuntos Municipales y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), con la colaboración de la Federación Argentina de Municipios (FAM), iniciaron el estudio para contar con un punto de partida.
En diálogo con este medio, el secretario de Asuntos Municipales, Ignacio Lamothe, explicó que “empezamos a buscar una mirada interdisciplinaria con las universidades y la FAM, apelando a la buena relación que tenemos con las ciudades porque si bien es información pública no está publicada. Fue un trabajo arduo, en el que se consiguió el objetivo de tener una radiografía, en un contexto de 23 regímenes fiscales distintos, en el que cada provincia tiene un formato diferente”.
Al analizar el período 1993-2013, en cuanto al nivel de ingresos y gastos en las distintas instancias de gobierno, el estudio muestra una gran concentración de los ingresos a nivel nacional (pasaron del 78 por ciento al 80 por ciento) y una merma en la instancia municipal (del 6 al 4 por ciento). Esto se explica porque la eficiencia recaudatoria mejora cuando se realiza en las jurisdicciones superiores. Al respecto, Lamothe analizó que “se sigue fortaleciendo la instancia municipal, el gobierno nacional hizo una apuesta muy fuerte en ese sentido, no sólo porque les transfirió más recursos vía coparticipación, sino por las transferencias directas como obras públicas o las transferencias indirectas como lo es la AUH, que volcaron enormes sumas de dinero a las ciudades. Cuando se analiza el gasto, se ve que antes de la AUH los intendentes debían destinar fondos a atender necesidades básicas, luego lo pudieron empezar a destinar para otros fines, como hacerles más obras. Si se le suma la coparticipación del Fondo Solidario de la Soja, tenés más recursos para administrar vía los municipios. Lo que viene es seguir profundizando el fortalecimiento de la instancia municipal, seguir mejorando la solvencia fiscal de las ciudades”.
Al respeto, en 2013, el dinero transferido a los municipios en concepto del Fondo Solidario de la Soja –proveniente de las retenciones–, permitió financiar el 15 por ciento de la inversión pública municipal total en el país, con mayor incidencia en las localidades medianas y pequeñas.
Superávit
Un aspecto clave que abordó el estudio es la situación financiera de los municipios, a partir de lo cual establece tres períodos bien diferenciados. En promedio, para el período 1993-2002 se registra un déficit financiero del orden del 4 por ciento. En la etapa del primer repunte económico, en los años 2003 y 2004, se registra una fuerte expansión del superávit fiscal, en torno al 6-7 por ciento. Desde 2005 en adelante, se observa una tendencia al equilibrio financiero, donde se alternan años con déficits y superávits fiscales que oscilan alrededor del 2 por ciento. Claro que esta situación no es homogénea, e incluso hay disparidades hacia el interior de las provincias y/regiones. “Muchas veces, ese superávit depende de la voluntad y la gestión de cada intendente, que hace a una ciudad superavitaria, pero hay otras ciudades que por su estructura no van a ser superavitarias nunca, y necesitan la ayuda de los gobiernos de la provincia y de la Nación permanentemente”, explicó Lamothe.
Tasas
En lo que hace a los ingresos, el estudio indica que dos tasas, servicios generales y seguridad e higiene, explican del 75 al 80 por ciento de la recaudación, en especial en municipios grandes y metropolitanos. De estas dos tasas, la primera tiene mayor importancia en los municipios pequeños y medianos, y la segunda, en los grandes y metropolitanos. “En lo tributario, hay una cuestión de capas geológicas: cada ciudad tiene 15 o 20 normas tributarias pero sólo recaudan con 2 o 3 tasas, y eso explica el 90 por ciento de la recaudación, el resto de las tasas están, pero no se aplican o son de otra época”, contó Lamothe.
Recaudación ineficaz
Además, el nivel de cobrabilidad también muestra la ineficiencia de la recaudación, ya que en el caso de servicios generales alcanza al 65 por ciento, y seguridad e higiene el 79 por ciento. Sin embargo, hay regiones en las que el nivel de cobrabilidad llega apenas al 38 por ciento, con ciudades en donde es de sólo el 10 por ciento.
Ponerse a tono
Es por eso que Lamothe, reflejando las recomendaciones con las que concluye el estudio, propuso que los municipios “aggiornen la estructura tributaria a lo que está viviendo hoy el país, para eso deben incorporar tecnología, simplificar normas, facilitarles a los vecinos el pago de las tasas, tener menos normas, más eficaces y cobrar mejor, que los intendentes se ocupen de la cuestión tributaria y que eliminemos el mito de que si cobramos impuestos nos votan menos, porque es al revés”.
