Kevin tiene 11 años. Pasó casi toda su vida bajo la tutela de su abuela Norma, tras el aberrante femicidio de su madre, Rocío Daiana Gómez, de 17 años, a quien hallaron enterrada y descuartizada en agosto de 2011 en una vivienda precaria de zona norte. Este jueves el niño escuchó una noticia que lo conmovió: habían detenido al otro de los hermanos buscados por el escalofriante crimen de su mamá, quien estaba prófugo desde hacía una década. Juan José «Pijuán» Lazo fue condenado a 15 años de prisión por el femicidio en 2014 donde otras cinco personas también recibieron penas por distintas participaciones y encubrimiento.
A Hernán Facundo José Lazo lo detuvieron el pasado miércoles en un pueblo llamado Chiclana, a 18 kilómetros de la localidad bonaerense de Pehuajó. Tenía pedido de captura por diversas causas, entre ellas el femicidio de su ex cuñada Rocío Gómez: privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal agravado, tenencia ilegal de arma de guerra y homicidio agravado.
«Estamos aliviados porque lo atraparon pero hace 10 años que vivimos con sufrimiento. Queremos que hagan justicia y que pague lo que tenga que pagar. Queremos que Hernán Lazo diga la verdad sobre lo que le hicieron a Rocío y que sea condenado”, manifestó Norma, la mamá de la adolescente asesinada.
La familia de Rocío vivió en distintas localidades del Cordón Industrial y de la provincia de Buenos Aires desde que tuvieron que irse de barrio Norte de San Lorenzo, a partir de las constantes amenazas recibidas por los hermanos Lazo.
Cuando se afincaron en Granadero Baigorria llegaron a tener custodia policial. «Ahora no queremos que sepa adónde vivimos, porque me amenazó con que si lo metíamos preso, iba a matar a cada uno de nuestros hijos cuando saliera», aseguró la mamá de Rocío.
Norma se refiere a Juan José «Pijuán» Lazo, ex pareja de su hija, quien en agosto de 2014 fue condenado a 15 años de prisión. La madre de Rocío asegura que el femicida y descuartizador ya salió de la cárcel. «Nunca me avisaron. No tengo miedo por mí, sino por mis hijas más chicas y por mi nieto. No me puedo olvidar de lo que me hicieron vivir», señaló.
Mudanza al horror
El 25 de febrero de 2011, Rocío se fue de la casa que compartía con sus padres en Uruguay y Del Bajo, en el extremo norte de San Lorenzo. La adolescente se llevó un bolso con ropa y a su pequeño Kevin, de entonces 14 meses.
Al día siguiente Rocío se comunicó con su mamá Norma para pedirle que le llevaran la moto que se había comprado hasta la granja que Pijuán Lazo tenía por calle Valle Hermoso al 1200, en barrio La Cerámica de Rosario.
Norma fue con su entonces pareja. Los trataron bien, les ofrecieron un refresco, mientras comenzaban a llenar los papeles para la venta del rodado, que estaba a nombre de Norma porque su hija Rocío era menor.
La mujer vio a su hija y a su nieto en el fondo de la casa. Y cuando les pidió que se acercaran, la amabilidad con la que había sido tratada hasta ese momento cambió en forma rotunda.
Según declaró la mujer, Pijuán Lazo, de entonces 43 años, sacó un arma de fuego y le empezó a gritar a Norma. Cuando su pareja intentó intervenir, le pegaron un culatazo en la cabeza y tanto a ella como a su hija las sometió sexualmente.
Pijuán Lazo, acompañado de su hermano Hernán, Jonatan Vargas –ya condenado– y otras personas, maniataron al marido de Norma y le pusieron una bolsa en la cabeza, mientras que ella era obligada a firmar varios papeles. Luego los echaron del lugar, no sin antes recibir amenazas de muerte si contaban lo sucedido.
Los familiares de Rocío radicaron la denuncia en el Juzgado de Instrucción 14ª, a cargo de la jueza María Laura Sabatier. Y luego se marcharon a la provincia de Buenos Aires, donde tienen familiares, para ver si Rocío se había marchado hacia allá y también porque tenían miedo de que les pasara algo malo.
Meses después volvieron a San Lorenzo, pero no tenían noticias de Rocío y su hijo. Hasta que el 8 de mayo de 2011, Kevin fue hallado por un hombre en un descampado de la ciudad de San Nicolás.
De acuerdo al testimonio del hombre en sede policial, iba en su moto y vio a un nenito que caminaba solo. Ante la sospecha de que sus padres estuvieran cerca, se acercó, lo alzó, y en ese momento vio cómo un auto con vidrios polarizados salía a toda velocidad.
El chiquito, tras ser revisado por médicos, fue entregado a su abuela Norma, quien a mediados de mayo de ese año se presentó en Tribunales y amplió la declaración dada en su momento.
En agosto de ese año, un llamado anónimo advirtió a la Policía de San Lorenzo que la adolescente de 17 años había sido asesinada y enterrada en una vivienda precaria, ubicada en Martín Fierro al 600, barrio La Florida.
En el terreno tuvieron que realizar excavaciones por 2,70 metros de profundidad, entre distintas capas de cal, para dar con los restos humanos de Rocío.
Norma sigue sin creer que hayan asesinado a su hija Rocío. «Quiero que Lazo declare toda la verdad. Pienso que se fugó con ella y tengo la ilusión de que mi hija vuelva algún día. A mí me dieron un resultado de ADN que nunca me convenció, porque decía que mi hija había tenido parto natural cuando en realidad había tenido a mi nieto por cesárea».
Esa casa donde fueron hallados los restos de Rocío estaba alquilado por Pijuán Lazo, quien por entonces se mantenía prófugo desde hacía cuatro meses.
Condenas sin perspectiva de género
El 22 de septiembre de 2011, Pijuán Lazo, Jonatan «Joni» Vargas y otras personas fueron detenidos en una casa donde un cartel indicaba que allí funcionaba un centro comunitario llamado «Mi refugio», en la localidad de Granadero Baigorria.
Al mes siguiente, la jueza de Instrucción Sabatier procesó a Pijuán Lazo y a Joni Vargas como coautores de los delitos de «privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por uso de violencia, amenazas y/o venganza; lesiones; robo calificado por uso de armas de fuego; abuso sexual con acceso carnal agravado; homicidio; tenencia ilegal de arma de guerra y desobediencia». En ese fallo, otras seis personas quedaron imputadas de encubrimiento agravado, delito que les permitió esperar el juicio en libertad.
Meses después la Cámara Penal atenuó las imputaciones de Pijuán y Joni al revocar lo atinente al abuso sexual agravado en perjuicio de la chica y de su madre. Para los camaristas no había pruebas al respecto.
Para ese momento estaba el debate en la agenda pública sobre la incorporación como agravante del homicidio la figura de femicidio, que tiene una pena de prisión perpetua. El 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26.791 y se promulgó el 11 de diciembre del mismo año donde modificó el artículo 80 del Código Penal Argentino incorporándole la figura del femicidio.
El caso quedó del titular del Juzgado de Sentencia Nº 6, Julio César García, quien el 4 de agosto de 2014 condenó a 15 años de prisión a Pijuán por hallarlo responsable del homicidio de Rocío como así también de los delitos de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por el uso de violencia, amenazas y/o venganza y por el uso de arma de fuego, robo calificado por el uso de arma de fuego (por la sustracción de la moto), lesiones leves, tenencia de arma de guerra.
A su vez, Jonathan Raúl Vargas, de entonces 23 años, fue acusado de participar en el ataque a la madre de Rocío y su pareja y penado a 7 años y 6 meses de prisión. Mientras que Albana Alexis Morales, Jorgelina Soledad Sosa, Joana Aneleyn Vargas y Mónica Mabel Morales fueron condenadas a la pena de 2 años de prisión condicional por el delito de encubrimiento agravado. Y absolvió a Ramón Domínguez.
