El presidente depuesto de Bolivia Evo Morales lamentó que la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le haya solicitado al presidente Alberto Fernández que el ex mandatario «no abuse» de su estatus de refugiado en la Argentina, y comparó la situación con «los tiempos del Plan Cóndor».
«La complicidad de Estados Unidos es tan evidente en el golpe de Estado en Bolivia que la embajada norteamericana en Argentina habla por los golpistas y pide al gobierno del presidente Alberto Fernández limite mi refugio político, como en tiempos del Plan Cóndor», escribió Morales en Twitter.
Morales arribó el 12 de este mes a la Argentina en carácter de refugiado tras lo cual la Cancillería argentina explicó que ese estatus no le impide la realización de actos políticos.
Sin embargo, anteayer la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires le solicitó por carta al gobierno argentino que apoye «la democracia en Bolivia» y que Evo Morales «no abuse» de su condición diplomática.
En tanto, anteayer, el canciller Felipe Solá y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, recibieron en la Casa Rosada a una delegación de la embajada estadounidense para dialogar sobre la cuestión y recibir la opinión diplomática norteamericana acerca de la actividad política en Argentina del dirigente boliviano.
Apoyo de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una serie de medidas cautelares a la alcaldesa del municipio boliviano de Vinto, María Patricia Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), agredida durante las protestas en las que fue derrocado el presidente Morales.
El 6 de noviembre pasado Arce fue rodeada por una multitud que le cortó el cabello y la bañó con pintura, en medio de las protestas que sacudían a Bolivia después de los comicios presidenciales del 20 de octubre, en los que la oposición denunció fraude.
Vinto es una localidad del departamento de Cochabamba, en la zona central de Bolivia.
La CIDH, con sede en Washington, anunció la decisión que protege a la funcionaria y a sus hijos, tras considerar que «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos», según informó en un comunicado.
Este organismo adoptó dicha resolución en respuesta a una solicitud según la cual Arce -integrante del partido del ahora ex presidente Morales- fue «interceptada y retenida por horas a manos de terceras personas, tras haberse atacado, destrozado y quemado dependencias de la Alcaldía que ella preside», informó EFE.
Roce diplomático entre el gobierno de facto y España
España negó este sábado que alguno de sus diplomáticos con destino en La Paz se hayan involucrado en algún intento para “facilitar la salida de las personas” asiladas en una residencia de la embajada de México en la capital boliviana.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores emitió una declaración en la que rechazó una denuncia del gobierno de facto de Bolivia por un supuesto “atropello” a su soberanía a causa de un confuso incidente reportado el viernes a las puertas de la delegación diplomática mexicana en La Paz.
Antes, esa cartera había anunciado que enviará a un funcionario a La Paz para que se encargue de investigar el incidente.
Según la diplomacia española, la presencia de la encargada de negocios de España a la residencia mexicana obedeció a una “visita de cortesía”, informó la agencia EFE.
El anuncio sobre la apertura de una investigación se conoció a través de una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, después de que la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, denunciara un incidente al parecer provocado por funcionarios españoles que se presentaron ante la residencia mexicana en La Paz acompañados por un grupo de encapuchados, presumiblemente armados.
“Personas que han sido identificadas como funcionarios de la Embajada de España en Bolivia, acompañadas por personas con el rostro cubierto”, habrían intentado “ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia diplomática de México en La Paz”, dijo la funcionaria boliviana.
Sobre esa residencia fue reforzada esta semana la seguridad, debido a que en su interior hay colaboradores del depuesto ex presidente Evo Morales, entre ellos el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana, a quien las autoridades de facto de Bolivia quieren detener bajo los cargos de terrorismo y sedición.
